A vueltas con la nación

Por Alberto López Basaguren, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco (EL PAÍS, 20/02/07):

Canadá vivió hace unas semanas un animado debate en torno al reconocimiento de Quebec como nación, provocado por Michael Ignatieff en el seno de la contienda por el liderazgo del Partido Liberal. Finalmente, fue derrotado por el padre de la política de la claridad, el ex ministro Stéphane Dion. Con su propuesta, Ignatieff pretendía garantizarse el apoyo de los compromisarios de Quebec y abrir la vía a una recuperación del voto liberal en la Belle Province, condición indispensable, según muchos analistas, para que los liberales puedan recuperar el Gobierno federal. El Bloque québécois -marca electoral del soberanismo en las elecciones federales- no desaprovechó la oportunidad: inmediatamente presentó una pregunta parlamentaria, requiriendo la opinión del primer ministro Stephen Harper sobre esta cuestión y la transformó en una moción en la que se proponía el reconocimiento de Quebec como nación. Una enmienda añadió el inciso final “actualmente en el seno de Canadá”. Los soberanistas lograban así situar el debate en el corazón de las instituciones federales.

Stephen Harper, acuciado por el gran debate originado en la opinión pública y por sus efectos en el electorado de Quebec, que contribuyó de forma importante a su victoria electoral, eludió una maniobra puramente defensiva, presentando una moción en la que proponía a la Cámara de los Comunes que “reconozca que las quebequesas y quebequeses forman una nación dentro de un Canadá unido”. La moción concitó a su favor una aplastante mayoría: 265 votos a favor y 16 en contra. Simultáneamente, la Cámara rechazaba la moción del Bloque québécois por 48 votos a favor y 233 en contra. Los diputados soberanistas votaron afirmativamente ambas mociones, mientras que un pequeño grupo de diputados -expresión, por lo que parece, de un sector nada desdeñable de la opinión pública- no fue convencido de la inocuidad de la propuesta del primer ministro para la estabilidad federal.

En España el debate canadiense acerca del soberanismo ha tenido una indudable fortuna a través de los apologetas de las causas nacionalistas vasca y catalana, en defensa de una ineludible exigencia de aceptación de las pretensiones soberanistas como condición de democracia. Desgraciada fortuna, pues un afán similar exigía manipular el proceso canadiense, con lo que perdimos la ocasión de una cabal interpretación, en toda su extensión, de una experiencia de gran interés.

También ahora se están haciendo ya interpretaciones convenientes del reconocimiento de los quebequeses -que no de Quebec- como nación con la pretensión de dar una nueva lección, que pondría en evidencia la escasa solidez o profundidad de la democracia española.

Con la excepción obvia de los soberanistas, hay un gran consenso sobre lo desafortunado de la propuesta planteada por Ignatieff. El debate ha puesto de manifiesto que en la coincidencia sobre la utilización del término nación se esconden dos concepciones radicalmente diferentes. Cuando un reconocimiento como el planteado en Canadá se hace desde las filas del federalismo, nunca sirve para lo que se pretende. Sólo desde la ingenuidad política pueden esperar los federalistas que semejante reconocimiento permita la renuncia de los soberanistas a su concepción de nación -y a las, a su juicio, inexorables consecuencias de esa condición-, consolidando la unidad. Por el con

-trario, el riesgo de que sus efectos sean contrarios a lo pretendido es muy elevado, por mucho que sólo desde la manipulación de las intenciones de quienes apoyan un reconocimiento semejante puedan los promotores del soberanismo considerar, con ello, reforzadas sus pretensiones.

Los federalistas canadienses no han pecado de candor como, significativamente, han puesto de manifiesto Stephen Harper y el ahora líder de la oposición, Stéphane Dion. Harper afirmó ante la Cámara que para los soberanistas el objeto del debate no era el reconocimiento de Quebec como nación, sobre lo que ya se había pronunciado (en 2003) la Assemblée Nationale de Quebec (Parlamento provincial), sino la secesión, porque “para ellos, nación significa separación”. Frente a ello, el primer ministro afirmó que la respuesta de los federalistas a un Quebec como nación independiente será, ahora y siempre, negativa.

La breve, pero influyente, intervención parlamentaria de Stéphane Dion fue aún más clarificadora, acusando a los líderes independentistas de “jugar a la confusión de las palabras para introducir la confusión en los espíritus”, en relación con los diferentes significados de la palabra nación y la instrumentalización de la moción federalista en parámetros soberanistas. Tras defender la legitimidad de quienes se oponían a la moción desde convicciones federalistas, sin tener que arrostrar por ello la etiqueta de enemigos de Quebec, mostró su escepticismo sobre este tipo de mociones y sus efectos y pidió que no se les diese excesiva importancia ni se depositasen excesivas esperanzas en la eficacia de este tipo de estrategias para asegurar la unidad canadiense. Los federalistas nada tenían que ganar en este debate, pero era imprescindible no salir divididos, por lo que era necesario apoyar la moción. Para el líder liberal, la necesidad de mantener Canadá unido se impondrá en la medida en que los federalistas sean capaces de decir, sin triquiñuelas, que nada justifica la separación de Quebec de Canadá. “Si somos capaces de hacer esta afirmación”, continuó, “dejemos a los dirigentes separatistas que nos demuestren que estamos en un error. Dejémosles que convenzan a la gente de la conveniencia de hacer algo tan triste y radical como convertir a ciudadanos en extranjeros”.

El debate ha tenido secuelas en la Assemblée Nationale de Quebec que han confirmado que el apoyo de los soberanistas a la moción presentada por el primer ministro no significa punto de encuentro. Finalmente, cuando el debate parecía ya irremediablemente empantanado, la Assemblée fue capaz de aprobar una moción reconociendo el carácter positivo de la declaración del Parlamento federal. Pero la unanimidad lograda en su apoyo es un puro espejismo. El precio es reproducir el círculo vicioso tradicional, que permite a cada parte seguir interpretando su contenido en términos antitéticos: la Assemblée proclama que la declaración “no reduce en nada los derechos inalienables, los poderes constitucionales y los privilegios de la Asamblea Nacional y de la nación quebequesa”. Un viaje tan largo, para encontrarnos, nuevamente, en el punto de partida.

Los elementos del debate canadiense son viejos conocidos nuestros. El observador español puede obtener, sin duda, muchas enseñanzas -entre otras, para nuestras escleróticas Cortes Generales-; aunque algunas sólo sirvan para confirmar lecciones que tendría que tener aprendidas en su país. Un país, España, que, por sorprendente que pueda parecer a algunos, ha sido utilizado ¡en Canadá!, ante la opinión pública, como ejemplo de reconocimiento de naciones dentro del Estado, “sin que España haya estallado”. También ha sido utilizado el denostado artículo 2 de nuestra Constitución, que establece la existencia de nacionalidades, como ejemplo de reconocimiento constitucional de la diversidad nacional. ¡Quién nos lo iba a decir!

Stephen Harper afirmó ante la Cámara que a lo largo de su historia los quebequeses han sabido distinguir siempre a “los profetas de la desgracia y a los verdaderos guías de su destino”. Ésta es, probablemente, una gran lección; nosotros no podríamos hacer, con igual convicción, una afirmación similar.