A vueltas con la tiranía

Decía Stuart Mill en «Sobre la libertad» (1859), que con la aparición del gobierno representativo no quedaba asegurada definitivamente la libertad, pues se puede dar el caso de que la mayoría utilice las instituciones y los recursos públicos en su propio beneficio. Para el filósofo, la tiranía de la mayoría puede llegar a ser tan temible como la de cualquier otra, por lo que fue necesario hacerle frente.

La lucha contra la tiranía explica la maravillosa obra humanista que supuso la constitucionalización de los derechos fundamentales, como inmunidades o zonas de libertad que ninguna mayoría de gobierno o legislativa podía transgredir.

Evitar la tiranía explica la exigencia de quórums reforzados para adoptar las decisiones más importantes para la convivencia social. Siguiendo el ejemplo de la más modesta comunidad de vecinos, sabemos que para cambiar el color de la pintura de la escalera basta con que levanten la mano dos de los tres vecinos o socios que acuden a la junta, pero también que, si el administrador pretende gastar un riñón en la reforma de la fachada o cambiar los estatutos, se exige el voto de las cuatro quintas partes, y no solo de los asistentes a la junta, sino de todos los vecinos. Por cierto, para desgajar el parking del resto del edificio o escindir una sociedad en dos, se requiere unanimidad.

También garantiza la libertad la prohibición de la «desviación de poder», que permite a los tribunales anular aquellas decisiones de la mayoría gubernamental que, por perseguir fines partidistas, se aparten del interés común al que deben servir los gobiernos.

Advierte Timothy Snyder, en su ensayo titulado «Sobre la tiranía, veinte lecciones para aprender del siglo XX» (2017), sin duda conmocionado con la elección de Donald Trump, cómo la historia nos demuestra que las sociedades pueden quebrarse, las democracias pueden caer, la ética puede venirse abajo y la gente corriente puede encontrarse en situaciones inimaginables en democracia.

Y esto es, conviene hablar sin eufemismos, lo que puede pasar en Cataluña. Quién le iba a decir a los vecinos de cientos de ayuntamientos de Cataluña que sus gobiernos municipales acabarían inundando las plazas de sus pueblos con banderas y símbolos partidistas, siempre esteladas. O fundarían la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), un club privado financiado con fondos públicos cuyos fines, también partidistas, no guardan la mas mínima relación con los fines de interés general que la ley asigna a los gobiernos locales.

Y habría que ver la cara que se nos quedó a la inmensa mayoría de abogados catalanes, mas de 25.000, cuando nos enteramos de que los dieciséis compañeros que habíamos elegido para gobernar nuestra faceta profesional en Cataluña, sin consultarnos, nos afiliaron a todos al denominado Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, otro conocido club privado del soberanismo.

Nuestra ventaja, dice Timothy Snyder, es que podemos aprender de la historia más reciente para frenar la tiranía, y contamos con las técnicas que nos han dejado grandes filósofos y juristas para anular las decisiones de los gobernantes que burlen las leyes en su propio beneficio.

Una reciente sentencia de un juzgado de Barcelona de 22.07.2016 ha obligado al Ayuntamiento de Sant Cugat a retirar la estelada que su alcaldesa decidió hacer ondear en la plaza Lluís Millet. Pocos meses antes, el 28.04.2016, el Tribunal Supremo emitió una prohibición general. Otro juez de Tarragona anuló el 31.01.2017 la adhesión a la AMI del Ayuntamiento de Reus. Y también el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acabó declarando nulo el 01.12.2016, por vulneración de derechos fundamentales, la inclusión de los Colegios de Abogados catalanes en el Pacto Nacional del Derecho a Decidir. En todos estos casos nuestros tribunales han sabido proteger la libertad de los catalanes.

Las banderas de los partidos que gobiernan en Cataluña siguen ocupando las plazas de muchísimos pueblos catalanes, su asociación municipalista continúa utilizando recursos públicos de todos para hacer propaganda de sus aspiraciones, y la misma mayoría de gobierno que decidió destinar más de cinco millones de euros para organizar el 9-N, violando una prohibición constitucional, amenaza ahora con repetir el desafío, e incluso con derogar la Constitución y el Estatuto de Autonomía mediante una ley secreta que llaman de desconexión. Son las instituciones democráticas las que nos ayudan a conservar la decencia. Ellas también necesitan nuestra ayuda. Ahora es un buen momento para impedir el avance de la tiranía. Basta con que la mayoría silenciosa de los ciudadanos catalanes se comprometa activamente con la libertad. No podemos, no debemos, no queremos, no vamos a resignarnos.

Manuel Zunón Villalobos y Ramón de Veciana Batlle, vicepresidente y presidente de Abogados Catalanes por la Constitución, respectivamente.

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