A vueltas con lo de ‘los avaros catalanes’

La negociación del sistema de financiación autonómica ha generado un gran revuelo en España y los discursos atávicos han vuelto de nuevo. Las habituales acusaciones sobre el saqueo de los catalanes a las arcas del Estado han renacido, no ya con mayor vigor sino como antaño. Nada nuevo en el firmamento.

Sin embargo, hay alguna diferencia significativa. Por primera vez, hemos abierto la caja de Pandora, puesto que el Gobierno español quebrantó su opacidad financiera -cómo se reparte el dinero era tratado como un secreto de Estado- cuando, después de mil promesas incumplidas, hizo algo tan transparente como decir qué es lo que se hace con el dinero de la caja común, esa que atesora el Gobierno central de la riqueza que fluye y se genera en los diferentes territorios del Estado, con la excepción de las provincias vascas y de Navarra, que se mueven en otro cauce. Y parece que les viene como anillo al dedo. Nadie en estas dos comunidades -tampoco las sucursales de los partidos españoles- se queja. Ni mucho menos, al contrario; defienden con uñas y dientes su sistema de concierto o de cupo.

El resto comemos de la misma mesa. El Estado centraliza todos los recursos y luego reparte generosamente, ejerciendo la llamada solidaridad. Bueno, pues hoy sabemos -a partir de la publicación de las balanzas fiscales- lo que era un secreto a gritos. Que unos aportan más que otros, algo lógico en la medida que hay unas economías mucho más productivas que otras. Pero lo que también se confirma, en particular, es que los territorios que más aportan son Cataluña y Baleares, de lejos. Y ya vale con las triquiñuelas de meter en el mismo saco a la Comunidad Autónoma que centraliza todas las instituciones del Estado y a sus centenares de miles de funcionarios, y que para colmo es donde cotizan todas las grandes empresas, incluidos la Caixa o el BBVA. Por no hablar de todos los museos nacionales o equivalentes, con base en la metrópoli, pero que se cuentan a beneficio de todos…; es decir, el llamado efecto capitalidad.

Las cifras dadas a conocer por el Ministerio de Economía son elocuentes. Y si hay que ponerlas bajo sospecha, conociendo la resistencia numantina que ocasionaban, no hace falta ser muy perspicaz para aventurar por dónde. Pero dejémoslas ahí, vamos a darlas por buenas, aunque la transparencia siga brillando por su ausencia.

A partir de ese punto, hemos planteado la negociación, a sabiendas de que esos 15.000 millones de euros que salen de Cataluña y que no vuelven jamás iban, en su mayor parte, a seguir fluyendo hacia las arcas del Estado. De manera que sobre un ranking de 100, Cataluña parte de una renta inicial de 121 y luego, hechas la suerte de partes a medida, se queda en 94 y bajando. No vamos a decir ya que es claramente injusto; es que además es insólito. Eso no ocurre en ningún otro lugar de Europa. En su momento, hubo un proceso de reforma del Estatuto de Cataluña, que fue aprobado por el 90% de los representantes del Parlament. Sólo el PP se quedó fuera del consenso. Pero en su trámite en las Cortes, el presidente Rodríguez Zapatero acordó con el líder de la oposición en Cataluña, Artur Mas, darle un tijeretazo, a conciencia, con el beneplácito del PSC y de IC-Verds. El ilustre Alfonso Guerra aún se regocija.

Pese a ello, el Partido Popular y el Defensor del Pueblo, entre otros, plantearon un recurso de inconstitucionalidad que lleva camino de convertirse en la historia interminable. El problema de los magistrados del Tribunal Constitucional, elegidos a dedo por el PSOE y el PP, reside en un matiz. A unos, el cuerpo les pide no andarse con rodeos. A otros, que donde digo, digo Diego. Es decir, van a darle sentido a las palabras y a sacar el Estatut adjunto a una guía de lectura para no dejar dudas sobre el sentido de cada uno de sus artículos.

El capítulo de financiación no les preocupa en demasía. Ahí Mas y Zapatero larvaron un trabajo impecable. Y si el Estatut del Parlament aspiraba a una relación bilateral con el Estado, el que salió de La Moncloa dice, sin tapujos, que se somete a la LOFCA -Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas- y al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Lo cierto es que toda la fuerza de Cataluña, en esta negociación, residía en la tenacidad del Gobierno de la Generalitat y en el peso de los diputados catalanes en Madrid. No en el Estatut, de eso no cabe duda.

Y ésas han sido las bazas con las que hemos jugado, sólo faltaría. Alguien dice ahora, en Cataluña, que hemos hecho la misma jugada que Mas con el Estatut. Bueno, además de que el peso de la negociación la ha llevado el Gobierno catalán, huelga decir que nadie de Esquerra se ha hecho una foto con Zapatero y que no hemos puesto sobre la mesa, como moneda de cambio, la presidencia de la Generalitat. Es más, ERC -a diferencia del pacto Mas-ZP- ha arrancado un acuerdo al alza, no un recorte. Y obviamente, el Estatut no es comparable a un acuerdo revisable cada cinco años.

Luego uno asiste impertérrito, por lo de la costumbre, a la reacción virulenta que genera cualquier demanda que llega de Cataluña, por legítima y justa que sea. Tal vez también ha llegado la hora de ser honestos, quitarnos las máscaras y dejar de hacer comedia. La catalanofobia vende en España. O sea que tacharnos de insolidarios, avaros o incluso de ladronzuelos no sólo sale gratis sino que proporciona réditos electorales. En eso tampoco son originales, ya lo decía hace más de 700 años Dante Alighieri: «L’avara povertá di Catalogna». Y eso que Cataluña no está en disposición de sacar tajada de ninguna caja.

¿A alguien le suena eso de que quién parte y reparte se queda con la mejor parte? Para más inri, lo del Partido Popular también tiene guasa. ¿Dónde anda la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, según la cual Cataluña debería recibir «más de 4.000 millones»? ¿O esa presidenta de la Comunidad de Madrid -la de la estampida de Bombay-, que se beneficiará de que en el nuevo modelo se tenga en cuenta el transporte metropolitano, algo que claramente le beneficia? ¿O el presidente del País Valencià -al que los populares llamaban Comunidad valenciana y ahora ya sólo Comunidad- o el de Galicia, que también se benefician del reconocimiento de una cláusula bilingüe? Menudos son. No pido que reconozcan que esos logros han sido posibles por la intervención de Esquerra, pero al menos les ruego que no tergiversen las cosas y que no pongan a los buenos ciudadanos españoles contra Cataluña.

Finalmente, hemos sellado un acuerdo, que como todo pacto con Zapatero habrá que fiscalizar con suma atención. -Por cierto, ni yo me creo Superman ni ZP es un Bambi, y vamos aclarar que no fuimos nosotros quienes descolgamos primero el teléfono.- Y ese acuerdo consiste básicamente en que Cataluña no quede por debajo de la media. O sea, que ahora vamos a estar ligeramente por encima. Pero vamos a seguir siendo, de largo, junto a Baleares, la comunidad que más contribuye. Sólo que esta vez reduciendo, gradualmente, hasta un tercio del déficit fiscal que padecemos. Y preciso, padecemos, porque ha llegado un momento en el que ese déficit fiscal está perjudicando gravemente a la economía catalana, hasta el punto de que no podemos proporcionar los mismos servicios y los mismos niveles de bienestar que otros territorios con una renta per cápita muy inferior, pero que, sobrefinanciados, se permiten liberalidades que para la Generalitat son insostenibles.

EN CATALUÑA, por pagar, hasta pagamos más cara la gasolina para hacer frente al déficit de la Sanidad pública, de la que, por cierto, se benefician ciudadanos de todo el Estado que eligen acudir a hospitales catalanes. Y ojalá pudiéramos dar cobertura a un universo más amplio de gente. Pero a este paso vamos a llegar al colapso por la insuficiencia de recursos. Incluso sería sensato pensar, desde el punto de vista español, que vamos a cuidar un poco más a Cataluña, básicamente para que no enferme y siga generando ese nivel de riqueza de la que, a ciencia cierta, saca provecho todo el Estado. Pero ni por ésas.

Años atrás, la situación era diferente. No porque no existiera un déficit fiscal galopante en Cataluña, sino porque la sociedad catalana vivía en la inopia. Nadie parecía interesado en abrir este debate y que se supiera lo que estaba ocurriendo; es decir, poner luces donde todo eran sombras. Es más, eran muchos los que consideraban exagerada la realidad que desvelaba Esquerra. Durante años hemos estado predicando en solitario mientras muchos miraban hacia otro lado. Por el contrario, hoy -y ahí no voy a dudar en sacar pecho- todos los agentes políticos, económicos (incluso dirigentes patronales, entre ellos algunos de intachable españolidad) y sociales son conscientes de que así no se puede seguir. Y ése es el primer paso para salir adelante. Sencillamente, no salen las cuentas. Pero no porque Cataluña no genere suficientes recursos, sino porque éstos salen en dirección a Madrid y lo que retorna da lo justito, sin más, para ir tirando.

Por otro lado, que nadie se lleve a dudas: el sistema que hemos pactado no es el modelo al que aspira Esquerra Republicana de Catalunya. El nuestro, mientras sigamos en España, es el concierto económico, a semejanza del que se da en las tres provincias vascas y Navarra, y que, a los hechos me remito, no genera ningún tipo de debate, ni problema aparente. ¡Si es que funciona a la perfección, demonios!

Visto desde ese punto de vista, no me negarán nos ahorraríamos un montón de discusiones y esa cansina pelea que levanta ampollas periódicamente, como si de un ciclo vital se tratara. Pero en España no se quiere ni oír hablar de esa posibilidad, del concierto económico en Cataluña. Y digo yo que si el problema es que metemos la mano en la caja, pese a no tener llave alguna, pues el asunto quedaría zanjado si damos paso al concierto económico: un modelo que, insisto, de nuevo defienden a ultranza PP y PSOE ahí donde rige.

Joan Puigcercós i Boixassa, presidente de Esquerra Republicana de Catalunya.