Abogacía y Justicia en la pospandemia

La terrible pandemia de la que estamos saliendo, con el ineludible temor al rebrote, ha traído a primer plano hechos y circunstancias relevantes que bien merecen una reflexión. Nos ha recordado la contribución al interés general, en estado de alarma, de magníficos profesionales que reciben un sueldo modesto y, en cambio, realizan tareas esenciales. Ha puesto de relieve la dependencia mutua entre unos actores sociales y otros, obligando a nuestros representantes a concentrarse contrarreloj en la política del bien común. Ha revelado al mismo tiempo que los poderes públicos deben ponderar, constantemente y con sumo cuidado, el alcance de las medidas que aprueban y su incidencia en los derechos fundamentales. Ha puesto de manifiesto la necesidad imperiosa de conciliar la salud, las libertades y la economía, sin fundamentalismos. Y, por qué no decirlo, nos ha hecho meditar sobre si la burocracia estatal y los expertos han fallado y no han posibilitado que los estragos fuesen menores, en su hondo impacto y su dolorosa permanencia.

Todos, como personas y en el ámbito más íntimo, hemos dispuesto de un instante para pensar, y de una inercia. Porque los tiempos de adversidad son también una ventana abierta al crecimiento y un acicate para el afán de superación. Y porque seguramente todos somos conscientes en nuestro fuero interno de que no siempre se pueden cambiar las circunstancias, cuando son fatídicas, pero sin embargo sí se puede cambiar la reacción a las mismas con el objetivo de crear una nueva realidad que supere la que dejamos y que nos proteja mejor como colectivo, que coadyuve en el levantamiento efectivo de espacios más confortables.

Pero la reflexión debe correr, ya a estas alturas, paralela a la acción: decidida, urgente, meditada. Hemos de reconstruir nuestra forma de vida, nuestras profesiones, vigorizar el Estado de derecho y, como abogados, hacer las contribuciones pertinentes y dar el impulso necesario para el mejor funcionamiento del sistema judicial.

¿Cómo podemos mejorar la Administración de Justicia en este tiempo nuevo? La arquitectura de que disponemos adolece de falta de modernización: no sólo se ha producido una paralización en este camino sino, peor, un inexplicable retroceso. Hoy, como consecuencia de la crisis generada por la pandemia, lo hemos experimentado y sufrido muy directamente.

Las tecnologías de la información y de la comunicación no se han implementado con la suficiente profundidad y alcance, y así es imposible elevar la calidad y eficacia del servicio prestado al ciudadano; esto, sin olvidar la gran importancia que tiene la actualización del aparato judicial por los efectos indirectos que tiene sobre la economía, sumida hoy en una grave crisis.

La justicia, en términos presupuestarios y de inversión, sigue siendo el patito feo para la Administración y los poderes públicos. Unas y otros se suceden y los planes de reforma, encaminados a potenciar un cambio real organizativo, normativo y tecnológico mueren en el papel.

La abogacía madrileña propone acompasar el creciente volumen de asuntos que ingresan en los juzgados con una potenciación de los medios materiales y personales que ayuden a la mejor gestión de la oficina judicial; y, en paralelo, entiende fundamental la especialización y el aumento del número de juzgados y tribunales mediante la creación de los mismos o el desdoblamiento de algunos de los ya existentes, atendiendo como es natural a ratios poblacionales y litigiosidad.

Hacer justicia de manera accesible, rápida y eficaz, tutelando en tiempo razonable los derechos de los ciudadanos, supone consolidar una sociedad más cohesionada. Y este objetivo ineludible debe ir parejo a un trato considerado y respetuoso a los profesionales que actúan en las distintas jurisdicciones, algo que con demasiada frecuencia no ocurre respecto de los letrados, según revela el último Barómetro de la Justicia promovido desde el Colegio de Abogados de Madrid. Constituimos un pilar básico para el ejercicio del derecho de defensa y hemos de establecer mecanismos correctores para evitar situaciones que desacrediten la dignidad de la abogacía: no se trata de hacer un esfuerzo económico sino de concienciar en términos de respeto y consideración a las actuaciones profesionales.

La Administración de Justicia representa un servicio público cuya eficacia, con procedimientos ágiles, debería ser un poderoso elemento de competitividad socioeconómica, especialmente en un contexto general complejo y adverso como el que desgraciadamente estamos viviendo y puede acentuarse en este momento post Covid-19.

Las dilaciones, retrasos y suspensiones suponen un lastre que termina gripando el motor de la justicia, evitando que actúe en toda su potencia, generando una visión negativa. Es capital realizar una mejor previsión de los tiempos que se invierten en la celebración de juicios y vistas en el momento de agendarlos. Es fundamental y urgente la implantación del expediente electrónico, y algo tan fundamental para los abogados y abogadas como evitar desplazamientos y gastos innecesarios ante el aplazamiento de actos procesales. ¿Hay disposición desde la oficina judicial, por fin, a enmendar estas disfunciones? ¿La hay, por ejemplo, para implantar la mediación o el arbitraje como medio alternativo de resolución de conflictos?

Qué duda cabe que en este cruce de caminos ante el que nos sitúan la visible resaca y las dolorosas secuelas de la pandemia se han de tomar decisiones que no tengan otra meta que la mejor salvaguarda del bien común. Toda crisis es una oportunidad y, en este caso, la Abogacía entiende que lo es para dar un impulso real y definitivo a la modernización del sistema de Justicia, que debería dejar de ser un proyecto recurrente en un discurso político permanentemente inacabado y manido para convertirse en una meta que aliviase, en tantos casos, el temor y la incertidumbre de cada hombre y mujer cuando no hay otra salida a sus problemas que la última resolución en los tribunales. Corren días en los que la esperanza debe combinarse, racionalmente, con el realismo; en los que la cooperación y la solidaridad, apoyadas en el principio de pragmatismo, deben adoptar una nueva forma. Hagamos rápida, desde estos pilares, la reconstrucción que nos llama como país.

José María Alonso es decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

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