La Argentina cierra el año de pandemia pintada de brillantina verde. Al fin podemos decirlo: es ley. Años de lucha y movilización activista y ciudadana lograron a la legalización del aborto en el país y dan esperanza en una región donde los feminicidios fueron epidemia mucho antes del coronavirus. No es una entelequia, aquí la lucha por la igualdad de género es de vida o muerte.
Es un cierre positivo para un año exageradamente nefasto: la pandemia letal que afectó a todo el mundo complicó la seria crisis económica preexistente en la Argentina. Como en el resto de América Latina, además del desempleo, cierre de negocios y profundización de las desigualdades, los confinamientos provocaron un aumento en la violencia contra las mujeres y la emergencia sanitaria postergó la agenda de los gobiernos.
En este contexto, ni las más optimistas quisimos confiar en la victoria de la legalización del aborto electivo en la Argentina hasta el último minuto. Pero la certeza fue creciendo durante la sesión maratónica del Senado, que aprobó la ley con 38 votos contra 29 el miércoles a la madrugada. Fue un voto que respondió a la fuerza de un movimiento feminista que empujo el debate público desde hace décadas.
Hace solo dos años una iniciativa similar naufragó en el mismo recinto. Sin embargo, el reñido debate acerca del proyecto de ley en 2018 marcó el momento bisagra en que el aborto dejó de ser tabú. Sinceramos lo que antes se hablaba en susurros: que los abortos ocurren cotidianamente y siempre ocurrieron, nuestras madres y abuelas padecieron —al igual que nosotras— la vergüenza, la criminalización y los riesgos de salud. Pudimos compartir las experiencias propias, los miedos y peligros que nos generó la clandestinidad. Y comenzamos a dejar detrás, para siempre, el estigma. Eso formó la base para la victoria de hoy.
Quienes impulsaron la legalización este año se apoyaron en argumentos de salud, apropiados para el 2020 pandémico: el aborto es una cuestión de salud pública, criminalizarlo les ha costado la vida y ha puesto en riesgo a miles de mujeres. El gobierno argentino estima que 38.000 mujeres son hospitalizadas cada año por abortos clandestinos y, aunque no hay cifras precisas, se cree que al menos 3000 mujeres han muerto por esta causa desde el retorno de la democracia, en 1983. Las consecuencias de criminalizar el aborto han sido desastrosas: mujeres han sido encarceladas por complicaciones obstétricas y niñas forzadas a parir porque no pudieron acceder a abortos permitidos. Solo en 2018, el Ministerio de Salud de la Nación reportó 35 muertes causadas por abortos, que se llevan a cabo en situaciones sórdidas por ser ilegales.
A la par del argumento de salud está el de la justicia social. Las “ricas abortan, las pobres mueren”, se gritaba el martes en las calles. Un reciente informe de Human Rights Watch, recuerda que la ilegalidad y confusiones en los casos en los que estarían permitidos los abortos “perjudican de manera desproporcionada a las personas con recursos limitados o escaso acceso a información sobre sus derechos” y que “muchas personas gestantes, sobre todo aquellas que viven en situación de pobreza o en zonas rurales, recurren al aborto autoinducido o solicitan la asistencia de profesionales de la salud que no están capacitados para proveerlo”. Por eso es tan importante que la nueva ley argentina garantice que el procedimiento sea brindado dentro del sistema de salud pública. No se logró solo la despenalización del aborto, sino también que sea gratuito.
El presidente de la Argentina, Alberto Fernández, quien llegó al poder hace un año, prometió durante la campaña enviar al Congreso un proyecto de ley para despenalizar el aborto. En noviembre cumplió y brindó el apoyo político para que avanzara a toda velocidad. Pero, aunque la gestión del presidente fue determinante para la victoria, el éxito de la despenalización del aborto le corresponde a las activistas.
Su movilización logró modificar el voto de senadores que hace solo dos años rechazaron la legalización. Varios de los discursos en la sesión de anoche reconocieron el poder de las campañas militantes. Ya en 2018, la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quien durante su presidencia se opuso a la legalización, dijo que cambió de parecer gracias a la convicción de las jóvenes.
En la Argentina hablamos de “poner el cuerpo” como forma de apoyo entregado. Las activistas por el aborto lo han hecho literalmente. Marcharon con la piel pintada con lemas, cubierta con brillantina, y portaron durante años el emblemático pañuelo verde que impulsó una ola de militancia por los derechos de las mujeres que se extendió por la región, de México a Guatemala, de Perú a Chile. Tiene sentido: los cuerpos de las mujeres son, justamente, el campo de batalla de fondo del feminismo en la Argentina y en América Latina, una parte del mundo donde una mujer es asesinada cada dos horas. Todos los días luchamos por nuestra libertad de elegir si gestar, de no ser violentadas por ser mujeres, de no ser esclavas de los quehaceres domésticos.
En ese sentido, la libertad para abortar que reclama el movimiento feminista no es solo eso. Es parte de un amplio abanico de reivindicaciones que están cambiado los paradigmas tradicionales acerca del rol de la mujer dentro de la sociedad.
Y es que los movimientos feministas —activos en la Argentina desde finales de los ochenta y que han ganado impulso en los últimos años, especialmente con Ni Una Menos, las movilizaciones contra el feminicidio iniciadas en 2015— se han dedicado a algo más profundo: cambiar las perspectivas que se consideraban naturales. Cambiar las ideas de que la minifalda justifica violación, que los celos excusan violencia, que las mujeres nacieron para ser madres, que somos más aptas para cuidar, que es normal que ganemos menos. Paradigmas que nos dejan más dependientes, más pobres y con menos oportunidades. La despenalización del aborto es un paso importante, pero no final, en esta lista de reivindicaciones.
Con el entusiasmo colectivo de la marea verde, quizás pasamos desapercibido otro hito crucial. También el miércoles se aprobó en el Senado una ley que brinda cobertura social integral para el embarazo y los primeros tres años de vida de los bebés, incluyendo insumos de salud y subsidios de efectivo. Y apunta hacia la que es, para muchas, la próxima batalla para 2021: los cuidados.
El trabajo doméstico y de cuidado no remunerado es el sostén invisible de la sociedad y son principalmente llevadas a cabo por mujeres. El costo de 96 millones de horas diarias de trabajo que hacen las argentinas en sus hogares sin recibir paga se traduce en tiempo no dedicado a su desarrollo profesional, y el resultado es la pobreza y precariedad que sufren de manera desproporcionada las mujeres.
Así que aún falta mucho por hacer en la Argentina y en esta región tan peligrosa para ser mujer. Pero ahora cerramos el año con verde esperanza.
Jordana Timerman es editora del Latin America Daily Briefing.