El 1 de marzo el presidente de Argentina, Alberto Fernández, abrió las sesiones ordinarias del Congreso en cumplimiento de su obligación constitucional de dar cuenta del estado del país. Allí, ante la Asamblea Legislativa reunida y tras un análisis de la crisis económica, anunció que enviaría “dentro de los próximos 10 días”, un proyecto para legalizar el aborto en la Argentina. Instantes después recibió la ovación más grande de su discurso. “El aborto sucede. Es un hecho. Y es solo esa hipocresía que a veces nos atrapa, la que nos hace caer en un debate como este”, explicó Fernández que además apeló a la autonomía de las mujeres para decidir sobre su cuerpo: “En el Siglo XXI toda sociedad necesita respetar la decisión individual de sus miembros a disponer libremente de sus cuerpos”.
Así, Fernández cumplió con una de las promesas que había hecho en su campaña presidencial de 2019. Ahora, es el Congreso argentino el que deberá aprobar o rechazar el proyecto de ley que envíe el poder Ejecutivo; todos los medios de comunicación intentan predecir qué pasará tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Hasta el momento, sin embargo, la incertidumbre es grande.
El aborto es un tema que no puede ni debe explicarse desde la comodidad de las interpretaciones partidarias. La lucha transversal que las mujeres de distintos espacios han llevado adelante obliga a abordar el tema sin pereza intelectual.
El debate irrumpió en la arena política nacional cuando, en 2018, el expresidente Mauricio Macri ordenó a sus legisladores habilitar el debate sobre el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Fue la primera vez que el Congreso argentino discutió el tema y, si bien el proyecto de ley redactado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito logró pasar la Cámara de Diputados, fue rechazado por el Senado.
Han pasado poco menos de dos años desde aquella noche fría en la que el Senado argentino desoyó el reclamo de millones de mujeres que agitaban pañuelos verdes en las calles de Buenos Aires y de varias ciudades del país. Sin embargo, este 2020, el escenario se ha modificado por un factor que en la política argentina es clave: el poder del presidente.
Alberto Fernández tiene en la crisis económica su principal desafío de gestión pero, aun así, la legalización del aborto ocupa un lugar central en su agenda y podría ser una gran victoria política personal y un hito de su gestión. No es casual el momento que el presidente elige para enviar el proyecto de ley. Con apenas tres meses de mandato, su capital político es elevado, al igual que su aprobación en la opinión pública: la ventana de oportunidad es ahora.
El panorama más favorable para conseguir la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo es aquel en el que el presidente logra que los integrantes de su propio partido, el peronismo, respondan a su liderazgo y apoyen el proyecto de ley. Si se da por descontado que el texto pasaría con éxito a la Cámara de Diputados, en el Senado el partido que lidera el presidente tiene mayoría y, si prima la obediencia partidaria, el aborto legal se convertiría en ley.
¿Qué hizo hasta ahora el presidente para convencer a aquellos legisladores de su partido que se oponen al aborto? Junto al proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, Fernández anunció otro en paralelo: el denominado “Plan de los 1000 días” que, en palabras del propio mandatario, serviría para “garantizar la atención y el cuidado integral de la vida y de la salud de la mujer embarazada, y de sus hijos o hijas en los primeros años de vida”.
Al mismo tiempo, en un escenario donde el peronismo no respondiera al liderazgo partidario que ejerce el presidente, podría ser la oposición quien le otorgue los votos necesarios al proyecto de ley. Estas complejidades hacen difícil predecir qué sucederá y cómo; la única certeza es que, en caso de empate, el proyecto se inclinará hacia la aprobación por el voto favorable de la vicepresidenta del país y presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, quien si bien con anterioridad se oponía, en 2018 votó a favor en la Cámara Alta.
Los medios de comunicación en Argentina dan cuenta de la importancia del proyecto de ley para Alberto Fernández, quien intentará un trámite rápido ya que considera que el debate ya se realizó y agotó en 2018.
El aborto es un tema de salud pública y poco deberían importar las creencias personales de los legisladores a la hora de resolver problemas de esta índole. La interrupción voluntaria del embarazo no obliga a nadie a practicarse abortos, pero la prohibición sí obliga a las mujeres que desean abortar a recurrir a prácticas médicas en la clandestinidad. La legalización, entonces, se evidenciaría como un avance, tanto en las libertades individuales como en el acceso a la salud de las mujeres argentinas.
Mariela Belski es directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.