Abstención, indignación y política

La tendencia a la baja de la participación electoral hace años que es patente. Desde el ciclo electoral (parlamentos español y catalán y municipales) de 1993-1995, la caída es clara y se pasa de una media del 68% al 62% del último ciclo (2008-2011). La participación mínima se da siempre en las municipales (del 65% de 1995 al 55% del 2011), y la máxima, en las elecciones al Parlamento español (del 76% de 1993 al 71% del 2008). Los datos confirman así la creciente desafección de los ciudadanos por el sistema político que detectan las encuestas del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO). Y eso hace que las dos fuerzas políticas de los tres últimos presidentes de la Generalitat solo obtuvieran el 19% (PSC-CpC con Pasqual Maragall), el 15% (PSC-CpC con José Montilla) y el 23% (CiU con Artur Mas) del total de votos posibles.

La crisis económica, la lentitud en reconocerla y la falta de soluciones reales han acelerado el proceso de desafección que ha tenido su máxima expresión en el movimiento de los indignados o del 15-M. Es un movimiento en el que confluyen diversas sensibilidades. Por un lado, la presencia de grupos marginales y antisistema, aunque minoritaria, provoca desconfianza por la radicalidad con que a menudo presentan sus demandas y las puntas de violencia que se asocian a estos grupos, a veces alimentadas por desafortunadas intervenciones de las fuerzas de seguridad de las que deberían derivarse responsabilidades políticas. Del otro, una amplia mayoría que no siempre -o no en gran parte- ha participado en las acampadas, pero que comparte los agravios expresados ​​por el movimiento de los indignados, ya que los sufren en primera persona. Aunque se intente criminalizarlo por la actitud de cuatro gamberros contra el funcionamiento de las instituciones que son la máxima expresión del Estado de derecho y, por tanto, la garantía del Estado democrático, o porque una minoría incumple el pacto para desalojar la plaza de Catalunya, el apoyo y las simpatías que concita el 15-M no son fundamentalmente las de un movimiento antisistema, sino todo lo contrario: es un movimiento ciudadano que reclama las reformas necesarias para humanizar el sistema. No toda la abstención está en el 15-M, ni todos los participantes y simpatizantes del 15-M cultivan la abstención.

No obstante, la distancia que separa las reivindicaciones de los ciudadanos y las propuestas presentadas por los partidos políticos tiende a incrementarse a medida que se agudizan los efectos negativos de la crisis sobre el empleo y los servicios básicos del Estado del bienestar. La prioridad dada a la reducción del déficit y la deuda tiene unos costes sociales negativos evidentes. Y, a menudo, el discurso político se convierte en un motivo más de indignación. Solo hay que ver qué ha pasado en el denominado debate sobre el estado de la nación.

A la vista de los datos económicos, del desempleo, de la presión de los mercados sobre la deuda española, de los efectos contaminantes de la crisis griega sobre la periferia de la zona euro y del crecimiento de la indignación ciudadana, se podría pensar que España está a punto de caer en el precipicio, como apuntaba el amigo Joan Tapia hace unos días en estas páginas, y creer erróneamente que esta es hoy por hoy la máxima preocupación de nuestros representantes. Por el contrario, el mencionado debate se ha centrado solo en insistir en las responsabilidades (el ladrillazo, en palabras de José Antonio Alonso) de las dos legislaturas de José María Aznar en la actual crisis (José Luis Rodríguez Zapatero) o en el adelanto electoral sin especificar qué reformas piensa adoptar para solucionar la situación (Mariano Rajoy). Consideraciones similares podrían hacerse del Parlament de Catalunya a pesar de que los partidos catalanes parecen más conscientes de la gravedad del momento. Como si fuera determinante quién tiene menos o más responsabilidad, cuando lo que debería ser fundamental es qué pactos de futuro son necesarios y están dispuestos a cerrar los partidos mayoritarios para salir del actual callejón sin salida.

Paradójicamente, ¡solo los denostados partidos nacionalistas (CiU y PNV) han aportado alguna luz de esperanza para salvar a España! Eso sí, con el Congreso casi vacío, como criticó Josep Antoni Duran Lleida. ¿Es tan difícil entender que se necesitan soluciones que vayan más allá de cargar los costes de la crisis sobre los más débiles y que estas soluciones solo se pueden adoptar con un gran pacto de Estado (nacional en Catalunya) entre los partidos mayoritarios?

Habrá que esperar, como apuntaba Josu Erkoreka, a que la indignación llene la Grand-Place de Bruselas para que algunos políticos (UE incluida) se den cuenta de la gravedad de la situación y de que la política no puede seguir supeditada solo a los dictados de la economía especulativa. ¿Puede extrañar a alguien que, según el último barómetro del CEO, el 43% de los catalanes votarían por la independencia en un referendo de autodeterminación, convencidos de que lo de España no tiene salida?

Antoni Segura, catedrático de Historia Contemporánea de la Universitat de Barcelona.

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