Abusos’ políticos del nacionalismo vasco

El nacionalismo vasco ha establecido una nueva categoría social, cuidadosamente estudiada, la de «víctimas de abusos policiales» en la que engloba a las personas que, según criterios opacos y arbitrarios, han sido maltratadas por las Fuerzas de Seguridad españolas. La elección del término «abusos» es realmente astuta, ya que si directamente empleasen la palabra «torturadas» sería necesario determinar quiénes son los responsables de un delito perseguible penalmente. Sin embargo, al utilizar la ambigua definición de «abusos», ya no hace falta la difícil tarea de demostrar dichos abusos, basta con denunciarlos ante una comisión política y afín ideológicamente. De este modo se consigue -sin pruebas- sembrar la sospecha y el descrédito sobre la Policía y la Guardia Civil, estamentos brutalmente atacados por el terrorismo y repudiados por los nacionalistas con el fin de ponerlos -ignominiosamente- en un plano similar al de los asesinos de ETA.

Los abusos en el diccionario tienen varias definiciones. El abuso de poder se considera «extralimitación de funciones por parte de las autoridades o funcionarios públicos en el desempeño de un determinado cargo u oficio» y sus sinónimos genéricos son injusticia, atropello, exageración, exceso, extralimitación, ilegalidad, arbitrariedad, exigencia, despotismo. Nada de ello es delito, por tanto es evidente que la intención al utilizar un término tan equívoco en un decreto es dar cobertura legal a las graves acusaciones que el Gobierno vasco pretende impulsar contra los que han combatido en primera línea el terrorismo y han sufrido -ellos sí- en primera persona la embestida de los asesinos.

Además, en esa estrategia diseñada para alimentar de argumentos al nacionalismo, el Plan de Paz y Convivencia elaborado por el Gobierno vasco pone de manifiesto su firme voluntad de sustentar la motivación ideológica de los terroristas y procurar su rehabilitación social estableciendo paralelismos éticamente indecentes como llevar a las aulas a esas supuestas «víctimas de abusos policiales» que contrarresten la incuestionable realidad de los 858 asesinatos cometidos por ETA y el irreparable daño que han causado. Son vidas que ya jamás podrán ser devueltas, por lo que resulta una afrenta inadmisible equiparar su pérdida con ninguna otra situación.

Fue un grave error no impugnar el primer decreto de indemnizaciones aprobado por Patxi López. En primer lugar porque si las 76 víctimas del terrorismo anteriores a 1977 se han visto privadas de su derecho a la Justicia por la amnistía que se promulgó ese año para «dejar atrás el pasado y en aras de la reconciliación» -que, por cierto, en el caso de ETA es clamoroso que no se produjo- resulta ofensivo que ahora se vuelva la vista atrás sólo en los casos que le interesa al Gobierno vasco; en segundo lugar y aunque sea un asunto prosaico, porque es un agravio que se pretenda dotar de indemnizaciones mucho más elevadas a esas hipotéticas y no demostradas víctimas que a los muertos ocasionados por ETA y por último, por la pretensión indisimulada de dañar la imagen de las Fuerzas de Seguridad españolas para alimentar el victimismo del nacionalismo. Al menos ahora el Gobierno ha comprendido, tras las escandalosas modificaciones efectuadas por la secretaría de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, que las intenciones que subyacen en esta iniciativa son inaceptables y finalmente lo ha impugnado. Esperemos que los tribunales dictaminen pronto y se corte de raíz esta tropelía directamente entroncada con la falsificación de la verdad, con la construcción de una gran mentira, el dichoso «relato» que los nacionalistas vascos quieren fabricar a la medida de sus inmorales conveniencias.

Ana Velasco Vidal-Abarca es hija de Jesús Velasco, asesinado por ETA en 1980, y de la fundadora de la AVT Ana María Vidal-Abarca.

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