Acabar bien es cosa de todos

Por Josep-María Terricabras, catedrático de Filosofía de la Universitat de Girona y miembro del Institut D’Estudis Catalans (EL PERIÓDICO, 25/09/05):

A la hora de tomar decisiones de cualquier tipo, hemos de tener en cuenta al menos dos cosas: que nunca tomamos decisiones en el vacío, sino que lo hacemos en un contexto que las enmarca y condiciona; y que una vez tomada una decisión, quedamos obligados, si no queremos ser incoherentes, a tomar otras que liguen con ella. La decisión, por ejemplo, de tener o no tener hijos se toma siempre teniendo en cuenta diversas circunstancias personales, sociales y culturales; y, una vez tomada la decisión, hay muchas otras — educación de los hijos, economía familiar, libertad de la pareja– que aparecen como un corolario casi natural. Esto es lo que ha sucedido con la redacción del Estatut de Catalunya. Al principio de este largo proceso, todos los participantes tomaron una decisión importantísima: acordaron que el Estatut encajaría en el actual marco constitucional español. Podían no haberla tomado, podían haber decidido que cuestionarían el marco y que pedirían su revisión. No lo hicieron. De esta primera decisión sacaron consecuencias, para no ser inconsecuentes. Por ello han debatido tanto los límites y la interpretación constitucionales. Porque también es cierto que la Constitución puede interpretarse de muchas formas, tal como ha mostrado hace poco el Consell Consultiu de la Generalitat y tal como se podrá comprobar cuando el texto viaje hacia Madrid. Y esto quiere decir que, a pesar de respetar la Constitución, también podría hacerse una lectura muy abierta, tal como se ha hecho de momento, por ejemplo, con el artículo que regula el matrimonio, para permitir las uniones gays. No ha de extrañar a nadie, pues, que CiU y ERC tiendan a menudo con sus propuestas a forzar la interpretación constitucional y que, en cambio, el PSC no lo haga, simplemente porque no quiere incomodar exageradamente a muchos de sus compañeros del PSOE que, previsiblemente, tenderán a hacer interpretaciones roñosas, restrictivas. Ahora bien, a pesar de estas bien legítimas inclinaciones y tendencias, lo clave permanece inamovible: nadie cuestiona –al menos abiertamente– la Constitución. De ahí que haya perdido fuerza la idea –inicialmente abanderada por ERC– de aprovechar el nuevo Estatut para hacer una “segunda transición”. Ya no se pide mezclar las cartas y volverlas a repartir. Nadie cuestiona al crupier. Y si hay “segunda transición”, sólo es porque se repite lo que ya se hizo hace 28 años: no se va a la ruptura, sino a la reforma. Aceptar rehacer el Estatut sin romper la Constitución significa aceptar el gradualismo como método para la reforma política. Ya digo que se podía haber pensado –no sé si hecho– otra cosa, pero la que se ha hecho es ésta.

REPITO QUE esto tiene consecuencias. Los partidos catalanes me parece que ya las han sacado. A pesar de todo el ruido mediático de declaraciones y contradeclaraciones, de expresiones más o menos afortunadas o impertinentes, es evidente que todos han mostrado repetidamente ganas de llegar a un acuerdo: se han abroncado en público, pero se han reunido en privado, han hecho y han aceptado chantajes, han ido y venido de Madrid, han hecho todos los papeles del auca. Se puede discutir si lo han somatizado lo suficientemente bien, si han dado bastante buena imagen pública. Lo que no puede discutirse es que lo han hecho y se han esforzado. Por ello no tengo ninguna duda de que el proceso estatutario acabará razonablemente bien por la parte catalana. El PP, claro, se ha desmarcado. Era natural y se contaba con ello. Que, a partir de cierto momento, nadie haya hecho demasiado caso al PP confirma justamente que las cosas no han ido mal del todo. Es justo, pues, destacar el esfuerzo de los cuatro grupos finalmente implicados, porque todos pueden salir bastante desgastados de un proceso que ha sido largo y duro y cuyos resultados no serán nunca los que a ellos les hubiese gustado enseñar a sus votantes. Pero cuando digo que si se acepta la Constitución hay que sacar consecuencias de ello, no pienso sólo en los partidos catalanes, que se han hartado de hacerlo, de ejercer contención y autocontrol. Pienso también en los partidos españoles: ¿serán ellos capaces, en Madrid, de honrar los esfuerzos catalanes haciendo ellos mismos algún esfuerzo, o se van a limitar a mirarse el Estatut con suficiencia y a decir que los demás todavía no se han esforzado lo bastante? Esto sería un muy mal servicio a la convivencia política, porque haría revivir el cierre y la hostilidad anticatalanas.

SIN EMBARGO, no debemos excluir que esto pueda suceder. Los recelos están por todos lados. ¿Por qué, por ejemplo, deberíamos dedicarnos a “blindar competencias”? Porque la historia reciente nos ha demostrado que no es suficiente que el Estatut hable de “competencias exclusivas”: después el Estado se inventa leyes y subterfugios para laminarlas y desactivarlas. Por ello ahora se pretende que las competencias sean exclusivas, excluyentes y no sé qué más. Pero ¿cómo puede ser que el Gobierno no respete un Estatut? Así, pues, para que esto acabe bien, no bastaría con la autocensura de los partidos catalanes; también se tendrán que autocensurar los legisladores españoles. Y es que la responsabilidad de acabar bien es de todos. Esta semana el Parlament debe intentar acabar lo mejor posible: aprobando un Estatut que vaya al máximo de los límites aceptados y que sea aprobado por los cuatro partidos capaces de mirar al futuro, aunque cada uno de ellos se lo imagine de forma diferente. El Congreso de Madrid deberá hacer honor a todo ello. Si no lo hace, la España plural será definitivamente imposible.