Acabar con la extorsión

Por Teo Santos, ertzaina y miembro de Bakeaz (EL CORREO DIGITAL, 22/07/06):

Acabar con la extorsión que se ejerce desde ETA sería el fin de la organización terrorista. Sus actividades necesitan dinero para ser llevadas a cabo, y cortando el grifo de su financiación se terminaría con la banda. Es un principio sencillo, pero costó mucho que se tuviera en cuenta como factor determinante. Primero se atendió a los pistoleros, luego a los grupos de apoyo, pero parecía que no terminábamos de aprender de otras experiencias, que situaban la línea de flotación de las organizaciones criminales en los aspectos económicos. De hecho, las intervenciones policiales sobre el aparato financiero de ETA empezaron a ser relevantes a partir de mediada la década de los años ochenta, veinte años después del inicio de sus atentados. Así que si no había una conciencia clara del factor económico para luchar contra el terrorismo, poco se podía esperar para articular una estrategia amplia de enfrentamiento desde esta perspectiva.

Quienes siempre han tenido muy presente la clave fundamental de la financiación han sido los propios etarras. En escritos internos y comunicados públicos, han tratado siempre de proteger la recaudación de fondos que les permitiera realizar todas sus actividades: propaganda, captación, formación, atentados, presos, etcétera. Sin dinero nada podían (pueden) hacer. Atracos a mano armada, secuestros, extorsiones y aportaciones, han tratado de nutrir las arcas etarras, para ejecutar sus designios a medida que disponían de efectivos. Incluso han convertido la búsqueda de fondos en un objetivo en sí mismo, como hacen la mayoría de las organizaciones criminales. Eso fue antes y continúa ahora, puesto que en el concepto de 'alto el fuego permanente' no entra parar su recaudación. En su lenguaje se llama 'mantenimiento de la organización', que sólo se puede conseguir con dinero.

Por eso persiste la extorsión, para ellos 'impuesto revolucionario', por pura supervivencia, y continuará la rapiña mientras la gente de ETA se empeñe en su vigencia. Otras formas de financiar su actividad, también en tiempo de 'conservación', no alcanzan para cubrir sus gastos, aun reducidos en buena medida. Bonos, 'laguntza', recursos propios y algunas -pocas- aportaciones exteriores, representan unos ingresos insuficientes, sobre todo a medio y largo plazo (si se prolongase una negociación, 'dura y difícil'). Especialmente si parten de unas finanzas no muy boyantes en los últimos tiempos, después de varias operaciones policiales exitosas en territorio francés. De ahí que los postreros atentados y la actividad etarra previa al comunicado de marzo fueran dirigidos en su mayor medida a la captación de fondos. En esa pelea más o menos larvada estamos, los de ETA intentando conseguir dinero y las instituciones procurando impedirlo. Desde ETA mandan las cartas conminatorias para recaudar, la Policía detiene al jefe de su aparato desvalijador, que sigue capturando recursos, se activan investigaciones 'dormidas' en ese campo. En un 'juego' delicado, cada cual va a lo suyo, provocando tensiones que pueden afectar al dichoso proceso. Y los empresarios en medio.

Hace tiempo que las personas afectadas por la extorsión se mueven en terrenos resbaladizos, profundamente inseguros. Ya en 1978 los de ETA asesinaron a José Legasa porque dijeron que había denunciado el chantaje; antes habían amenazado y secuestrado, utilizando también la forma que ahora llamamos 'exprés' (teniendo unas horas detenido o 'de paseo' a quien se le exigía un pago determinado). Formas crueles de coaccionar, con cartas a través de los hijos y familiares, sin miramientos a traslados o pérdidas de puestos de trabajo ni otras consideraciones. A veces la insensibilidad era también institucional, siendo paradigmático el caso de Isidro Usabiaga, pero al hablar con los empresarios (y otros afectados, profesionales, comerciantes, etcétera), llama la atención su desvalimiento. Se sienten, en la mayoría de los casos, desprotegidos. Formalmente tienen todo el amparo oficial, objetivamente cuentan con medios privados y públicos, pero siguen percibiéndose como desamparados, víctimas propiciatorias.

La victimología tiene aquí, en el fenómeno criminal de la extorsión etarra, un campo enorme de estudio y actividad. Es un hecho lamentable que las instituciones apenas si han intervenido desde esta perspectiva, tan necesaria, de análisis y atención a este tipo de víctimas. También es cierto que las asociaciones corporativas han invertido poco en aspectos paliativos, parece que no quisieran atender a fondo su propia victimización. Tal vez pueda la necesidad mediática de una imagen empresarial solvente, segura, autosatisfecha, sobre una realidad más dramática, en la pluralidad de experiencias. No faltan los dirigentes nacionalistas que pretenden ocultar cualquier tragedia que cuestione sus fines últimos.

Es posible que algún empresario pague a ETA porque quiere. En la tipología de Mendelsohn serían 'víctimas del tercer grupo': agresoras, simuladoras o imaginarias. Pero después de haber hablado con bastantes implicados (curioso, ningún caso femenino), contrastando sus experiencias, nos encontramos más bien con las 'víctimas determinadas', de Jiménez de Asúa, en sus formas 'resistentes' y 'coadyuvantes', que de todo hay. Quisiera exponer más pormenorizadamente los hallazgos victimológicos descubiertos, no tanto 'juridicistas', aplicando el principio inspirador de buscar más la protección de la víctima que el castigo del criminal, pero a esta altura ya del artículo es imposible. Digamos que una cosa no quita la otra, en la relación de criminal y víctima, pero el énfasis del esfuerzo nos lleva a estrategias y resultados dispares. Acabar con la extorsión que realizan los etarras tiene cometidos distintos si se enfoca desde la realidad de las víctimas, empresarios o no, que si se orienta la atención hacia una dinámica de conflicto político. ¿Cómo atender etéreas mesas sin el recuerdo de Juan Alcorta, la ambivalencia de Gorka Agirre o la presencia de Pablo Muñoz?