Acatarás las sentencias

Ante la probabilidad de que el Tribunal Constitucional se pronuncie en las próximas semanas sobre el Estatut de Catalunya, otra vez vuelven a ejercerse presiones para que la sentencia declare su plena constitucionalidad. Efectivamente, en estas últimas semanas diversos políticos han amenazado con desacatos o con referendos ilegales en el caso de que el Alto Tribunal aprecie la inconstitucionalidad de ciertos preceptos que, por lo visto, se consideran intocables.

El lunes pasado, en una solemne conferencia, el president Montilla, con su habitual tono mesurado pero con un fondo muy duro y con voluntad decidida de intimidar al Tribunal Constitucional, insistió en todo ello con estas palabras:

"Si se produjesen decisiones que supusieran una limitación o una minoración de nuestro autogobierno, sabremos reaccionar adecuadamente, con firmeza institucional y realismo político (...) Como presidente de la Generalitat, tomaré la iniciativa de propiciar, si llegase el momento, una respuesta unitaria, serena y constructiva, basada en la confianza en nuestras fuerzas y en nuestras posibilidades. En este sentido, si la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut fuese lesiva para nuestro autogobierno, he decidido convocar a los líderes de las fuerzas parlamentarias para sondear su disposición a procurar que la respuesta de las instituciones y de la sociedad catalana sea lo más sólida, mayoritaria e inequívoca posible".

Ante palabras tan rotundas, se me plantean dos preguntas: primera, qué es, según Montilla, una sentencia "lesiva para nuestro autogobierno"; y, segunda, cuáles pueden ser las respuestas que anuncia sin desvelarlas. Ambas preguntas son inquietantes.

En cuanto a la primera, supongo que Montilla se refiere a aspectos fundamentales del texto estatutario, no a meras cuestiones de detalle. Es decir, se trata de impedir que sean declarados inconstitucionales, o interpretados en un sentido que los vacíe de contenido, preceptos que afecten a las competencias, los derechos, las relaciones con el Estado, la financiación o la lengua.

En cuanto a las respuestas con las que amenaza, sólo se me ocurre una que pueda ser válida: el acatamiento de la sentencia aun estando en desacuerdo con ella. Supongo que Montilla conoce el art. 38.1 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, según el cual "las sentencias recaídas en recursos de inconstitucionalidad (...) vincularán a todos los poderes públicos". Y también el art. 87 de la misma ley, que dice así: "Todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva". Montilla debe saber también que el presidente de la Generalitat es un poder público y, por tanto, está sujeto a la ley y, en consecuencia, a estos y a otros preceptos. Los límites de su respuesta son, por tanto, muy claros y rebasarlos podría conllevar consecuencias graves, incluso de tipo penal. Espero que Montilla no se comporte como Atutxa o Ibarretxe.

Por tanto, la única finalidad que pueden tener las palabras de Montilla es intentar coaccionar al Tribunal Constitucional, algo muy grave y nada democrático. Un cargo público tiene, además, la obligación de hacer pedagogía con sus actuaciones. Un mal ejemplo para los ciudadanos es poner continuamente en duda la independencia e imparcialidad de un tribunal de justicia. Ciertamente, Montilla no ha dicho que cometería desacato, pero tampoco ha dicho lo que debería: que respetaría la sentencia fuera cual fuese su contenido y que, por supuesto, obedecería aquello que dispusiera el tribunal. Con sus ambiguas palabras ha mostrado una gran inseguridad respecto a sus propios actos y se ha comprometido a tomar unas actitudes que, según lo que disponga la sentencia, le serán exigidas por sus propios socios de gobierno y tendrá dificultades para cumplirlas. En buen lío se ha metido.

Porque, en el fondo, ¿qué es lo que están diciendo Montilla y todos los políticos catalanes que se expresan de manera semejante? Lo ha explicado muy agudamente mi colega y amigo el profesor Juan José Solozábal ("Nacionalismo y Constitución", en ElImparcial. es). El problema constitucional y democrático, sea cual fuere el contenido de la sentencia, lo constituiría que el Tribunal Constitucional, debido a las coacciones que está recibiendo, renunciase a sus funciones constitucionales o no dispusiera de plena libertad para ejercerlas. Y ello, a fin de cuentas, es lo que se pretende con las amenazas de que hablamos: que aun en el caso de que el tribunal encontrara preceptos inconstitucionales, no los declarara como tales por la reacción que ello pudiera provocar en Catalunya.

Cuando Montilla dice que la sentencia puede ser "lesiva" para el autogobierno de Catalunya está incurriendo - seguramente sin enterarse-en una contradicción, ya que el autogobierno de Catalunya no es otra cosa que la autonomía de la que dispone la Generalitat en el marco de la Constitución y del Estatut. Y, precisamente quien garantiza este marco es, en último término, el Tribunal Constitucional. Por tanto, el autogobierno de Catalunya es lo que este tribunal determina. Guste o no - a unos y a otros-la sentencia declarará cuál es el ámbito del autogobierno y, en ningún caso, puede ser lesiva para su ejercicio.

Si hubiera unos diez mandamientos para la actuación de un político en un Estado de derecho, uno de ellos sería, sin duda, el siguiente: "Respetarás las resoluciones de los jueces y acatarás sus sentencias".

Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona.