Acortar la transición nacional

¿Ha habido un giro en el congreso de Convergència Democrática celebrado este pasado fin de semana? Parece que sí. Ya no se pide más autonomía, o el reconocimiento de la diferencia cultural, o una imprecisa soberanía. No. Esta vez se reclama un Estado propio. Es lógico que un partido nacionalista aspire a esta finalidad. Pero hasta ahora sólo se pedía más o mejor autonomía. Ahora la independencia: es una novedad, una importante novedad.

Para ello el Govern está preparando la primera etapa: proponer un pacto fiscal al Estado en la línea del concierto económico. Ahora bien, ni la misma Convergència lo cree posible. Oriol Pujol, nuevo secretario general, declaraba estos días: “Las posibilidades de que la política española entienda y atienda los planteamientos del pacto fiscal son muy, muy, muy pequeñas”. Repetir tres veces el adverbio “muy” indica una confianza mínima, por no decir nula. ¿Es el pacto fiscal, por tanto, una mera excusa para dejar transcurrir un tiempo y pasar a plantear definitivamente la independencia? ¿O es que no hay acuerdo interno en Convergència acerca de su necesidad? Difícil respuesta.

Pero la más relevante decisión del congreso no ha sido esta independencia aplazada sino otra cuestión en la que hay unanimidad: la España de las autonomías ya no resulta útil y debe reclamarse que Catalunya sea tratada como una excepción respecto a las demás comunidades, especialmente desde el punto de vista fiscal. Este será el aspecto más conflictivo en los próximos meses y años, irresoluble en el marco constitucional de hoy y muy difícilmente solucionable en un marco futuro.

En efecto, ello es irresoluble porque supone que las finanzas de la Generalitat deben regularse mediante una ley específica que no sea la común a todas las demás comunidades, a excepción del País Vasco y Navarra, es decir, la Lofca. La exclusión de Catalunya del sistema general para disfrutar de un trato singular y privilegiado resultaría ser contrario al principio de igualdad reconocido en la Constitución y requisito básico de todo Estado federal como el nuestro.

Llegados a este punto debemos preguntarnos si es bueno para todos, para los catalanes y para el conjunto de los españoles, mantener la incertidumbre sobre esta pugna entre la Generalitat y el Estado. En el plano económico, por ejemplo, se crea inseguridad respecto a inversiones futuras en Catalunya. En el político, el Estado no puede admitir la demanda, entre otras razones, porque la Constitución no lo permite. Además, los mismos dirigentes del partido que gobierna la Generalitat no creen que pueda tener éxito porque conocen perfectamente sus infranqueables límites. Y, por último, en el hipotético caso de que se consiguiera este trato singular, el partido que gobierna la Generalitat pasaría a reclamar la independencia de Catalunya, tal como ha propuesto en su congreso. Con lo cual sigue el conflicto. Volvemos a estar en tiempos parecidos a la reforma del Estatut.

En realidad, el planteamiento de este asunto oscila entre el surrealismo y la candidez angelical de quien piensa que los demás son tontos. En el fondo, la cuestión que propone Convergència es la siguiente: hago una propuesta imposible para que no me la admitan con el objetivo de sublevar a los míos contra quien la rechaza y así cargarme de razón para formular otra propuesta, la que realmente me interesa, pero que hoy es implanteable porque quizás la perdería en voto popular. Esta parece ser la famosa transición nacional, una transición en la que ya empezábamos a estar los catalanes desde 1980 cuando en las manifestaciones convergentes se coreaba el lema “Avui paciència, demà independència”.

Pero los tiempos no están para experimentos ni para política ficción. Los tiempos están para resolver problemas muy complicados y hasta dramáticos. Entre las soluciones, una de las más necesarias es la reforma del Estado de las autonomías. A nadie se le ha pasado por la cabeza suprimir las comunidades o reducir su autonomía pero sí alcanzar un funcionamiento más eficiente y menos costoso. Y del Estado de las autonomías forma parte el Estado central que también debe ser reformado con los mismos objetivos. Ese es el debate. Pues bien, la famosa transición nacional catalana puede frenar este proceso porque es imprescindible la participación de la Generalitat en las mismas y si se limita a ir sólo a lo suyo, a conseguir un pacto fiscal para ella excluyendo a los demás, la reforma del conjunto se hace imposible.

Por tanto, quizás ha llegado el momento de saber cuál es la voluntad de los catalanes: si constituirse en Estado independiente o integrarse definitivamente en España. Si hay que consultar a los catalanes – por métodos democráticos y legales, faltaría más- que se haga y pronto, pero dejemos de marear la perdiz. Esta transición anunciada, que puede durar años, no hará otra cosa que impedir las reformas necesarias para solucionar la crisis económica. Sepamos, pues, cuanto antes, a qué atenernos. No es bueno estar en una transición indefinida. Cuando es estabilidad lo que se precisa, las transiciones cuanto más cortas mejor.

Francesc de Carreras, Catedrático de Derecho Constitucional de la UAB

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