En el marco de una reunión de expertos académicos, celebrada en la ciudad de Tilburg el pasado mes de marzo, se persiguió consensuar un conjunto de directrices relativas al tratamiento de las víctimas de terrorismo en la Unión Europea. Los debates y discusiones que allí se plantearon nos condujeron una y otra vez hacia la misma cuestión: ¿Qué diferencia a las víctimas del terrorismo de las demás víctimas de delitos violentos? ¿En qué consiste dicha especificidad?
El problema que entraña este fundamental interrogante es que, aunque se pretenda afirmar lo contrario, el terrorismo no puede, ni debe, ser abordado desde la perspectiva de la criminalidad común.
Más allá de la necesaria (incluso 'imprescindible') necesidad de universalizar y dotar de coherencia las respuestas legales y políticas hacia las víctimas del terrorismo, la sociedad española no debiera olvidar que el modelo que requiere marcar los alineamientos en España es el conflicto vasco, y que dicho modelo se basa en lo que podríamos denominar una 'situación' de terrorismo. El concepto de 'situaciones' fue primeramente introducido en el ámbito de las Naciones Unidas a través de una conocida resolución (1503 XLVIII) del Consejo Económico y Social en la que se facultaba a la Comisión de Derechos Humanos a considerar, a través de sus procedimientos de seguimiento internacional, las «situaciones que parezcan revelar un cuadro persistente de violaciones manifiestas y fehacientemente probadas de los derechos humanos».
La comprensión del terrorismo como una 'situación' -y no como un 'acto'- nos conduce a afrontar dicho fenómeno desde su complejidad, elaborando, por tanto, respuestas sociales, legales y políticas específicas.
No concebir al terrorismo que ha afectado a la sociedad española en las últimas décadas como una situación de violencia organizada, que revela un cuadro persistente de violaciones graves y sistemáticas de los derechos fundamentales, es negar una realidad evidente. Pero, además, implica negar a las víctimas ese papel especial, que de otro modo se diluye en los fueros de la justicia criminal común, donde reina el protagonismo del perpetrador y la discrecionalidad absoluta del ministerio público. El Estado les debe a este tipo de víctimas una consideración especial, porque es justamente el propio Estado el objeto de esa violencia que, indirecta y circunstancialmente, es dirigida a la víctima como medio para lograr el verdadero objetivo final. Pero el Estado también tiene una responsabilidad moral frente a sus ciudadanos, que ven menoscabados sus derechos fundamentales más básicos de un modo constante y sistemático.
El fenómeno del terrorismo y sus víctimas demanda en la sociedad española un cambio de perspectiva, hacia una noción de 'situación' en la que se generan violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos más fundamentales. Para ello, es importante despojarnos de una especie de prejuicio que se ha generado en torno a la temática de las violaciones de los derechos humanos, esto es, que sólo el Estado puede ser autor de tales violaciones. La práctica y la jurisprudencia internacional y comparada han demostrado claramente que esta afirmación es incorrecta. Es posible pensar en la existencia de violaciones graves de los derechos humanos perpetradas por grupos privados que actúan al margen del Estado, y que, como se ha demostrado, en ocasiones, pueden actuar con el asentimiento o patrocinio del propio Estado.
Más de tres décadas de conflicto permanente, cerca de un millar de muertos, violaciones constantes de derechos esenciales como la vida, la integridad física y/o psíquica, la libertad de expresión o la seguridad personal, entre otros, nos conducen a una pregunta: ¿A alguien le puede quedar alguna duda de que una gran parte del pueblo español ha sido víctima de violaciones graves y sistemáticas de sus derechos humanos más fundamentales?
El Estado de Derecho debe responder frente al terrorismo sobre la base de un consenso político contundente y real, pero utilizando como arma un marco jurídico comprehensivo que pueda dar cuenta de un fenómeno persistente, que tiene sus picos altos cuando se producen actos de terrorismo con víctimas mortales, pero que persiste en el terror, la intimidación y la sensación de vulnerabilidad permanente de todos ciudadanos, pero muy especialmente, de los que viven día a día con el terror pisándoles los talones. Los actos de grupos como ETA, GRAPO o Al-Qaida no son acciones de soldados, de libertadores o de héroes, sino que son violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos, que ningún grupo armado o político puede seriamente justificar. Por ello, y ante este panorama, quizás sea útil reflexionar sobre el tipo de sociedad en la que queremos vivir, puesto que como destaca una importante resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, «los actos de terrorismo constituyen un grave obstáculo para el disfrute de los derechos humanos y una amenaza para el desarrollo económico y social de todos los Estados que socavan la prosperidad y estabilidad en el mundo» (S./RES/1566-2004).
Resulta vital que comencemos a reconocer el grave menoscabo que un terrorismo como el de ETA y su entorno provocan en el goce y ejercicio de derechos civiles y políticos, aunque la aparente buena situación respecto de derechos económicos, sociales o culturales parezca disimularlo. Para ello, es preciso dar visibilidad y empoderar a las víctimas del terrorismo a través de un estatuto jurídico adecuado, que esté basado en principios de amplio reconocimiento universal, como lo son la justicia, la verdad y las reparaciones.
Sólo el discurso de los derechos humanos y las experiencias de otras sociedades en transición proporcionan la base legal, ética y empírica suficiente para hacer frente a un fenómeno que viene afectando gravemente y de forma sistemática los derechos fundamentales de toda la sociedad española. Si no reconocemos el carácter sistemático del terrorismo en España, si no somos conscientes de la dimensión internacional del fenómeno, si no hablamos de derechos en lugar de causas, si no unimos sociedad y partidos políticos en torno a un único discurso, el terrorismo en España tiene muchas posibilidades de perdurar en el tiempo.
Francisco J. Bariffi, profesor Derecho Internacional, Universidad Carlos III.