El acuerdo conseguido en la mesa de conversaciones de La Habana entre el Gobierno y las FARC, que lleva por título “un nuevo campo colombiano”, ha sido presentado por los negociadores en su comunicado conjunto como la histórica reforma integral agraria pendiente en Colombia.
Harting Stalemate (Estancamiento Doloroso) es el concepto que emplean los estudiosos de la negociación y solución de conflictos cuando en un proceso bélico los actores enfrentados, después de evaluar la relación coste/beneficio, asumen de forma convencida la inexorabilidad de un diálogo y los acuerdos en él adoptados. La cuestión que se plantea en este momento, después de conseguir este acuerdo parcial referido a la tierra y al medio rural, reside en saber si el conflicto colombiano ha llegado por fin a su Harting Stalemate y si este primer acuerdo sobre tierras, puede ser el principio del fin del conflicto colombiano o, por el contrario, una vez más, será el gran fiasco del anhelo onírico de otro presidente. Incluso de forma prematura, algunas posiciones políticas interesadas ya valoran este paso como una "claudicación a los terroristas". En cualquier caso, un acuerdo de lo desconocido, sin descender a detalles y por ende, poco aceptado y sospechoso para gran parte de la sociedad colombiana.
Esta pregunta respecto a si con este acuerdo parcial nos encontramos en un probable punto crítico o maduro (Ripe Moment) en la negociación, no es fácil de contestar; más aún si tenemos en cuenta que este conflicto ha sido, y lo sigue siendo en gran medida, una muy rentable forma de vida, sobre todo cuando los objetivos militares “revolucionarios”, dieron paso a otras “transacciones” mucho más rentables, en donde el secuestro, la extorsión, el narcotráfico y, cómo no, también la posesión de la tierra, se convirtieron en el objetivo prioritario de esa peculiar forma de entender la guerra.
Es conocido que el acuerdo parcial adoptado tiene que ver con el acceso y el uso de la tierra, pero también con la formalización de la propiedad. Y es este punto, el que abre los mayores interrogantes referidos a los verdaderos intereses ocultos en esta parte de la transacción que, no por casualidad, bajo el argumento de ser el centro del problema, fue el primero abordado en la negociación. Probablemente, el acuerdo sobre lo desconocido tiene mucho que ver con que las FARC se han convertido en los últimos veinte años en el “gran poder terrateniente” en Colombia, al despojar de unas 807.624 hectáreas a las víctimas del conflicto —a tenor de las 9.947 denuncias de afectados recibidas por la Unidad de Restitución de Tierras del Ministerio de Agricultura— que podrían llegar al doble si tenemos en cuenta que muchos campesinos no han denunciado por miedo. La tierra y el control de esta es uno de los grandes “botines” de la guerra que asegura no solo los cultivos lícitos e ilícitos, sino también el control de las comunidades.
En consecuencia, de la posesión de la tierra estriba en gran medida que las FARC dejen de ser o no —como ha señalado el prestigioso Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas— el mayor cártel de la droga en Colombia al controlar el 60% de esa actividad ilícita con ingresos anuales entre los 1.000 y 1.500 millones de dólares. Este negocio ilegal ha representado en los últimos 15 años entre el 50% y el 70% de sus ingresos totales. Una investigación reciente concluyó que las FARC posiblemente controlen la producción de casi el 70% de la coca cultivada. Y sobra decir que dominan también de forma efectiva las rutas más importantes de su salida de Colombia.
Las dudas respecto a si los dominios y haciendas en manos de las FARC entran o no en el “fondo” de tierras sujetas a negociación o a nueva adjudicación, son parte de los interrogantes que generan mayor desconfianza y llevan a muchos a pensar que, muy probablemente, no existirá en este proceso una salida acordada para superar definitivamente la guerra en Colombia, tanto y en cuanto en dichos acuerdos no quede bien asegurado el control territorial y la continuidad del negocio de la producción y distribución de la droga. Ahí queda la duda.
Gustavo Palomares Lerma es catedrático europeo en la UNED, presidente del Instituto de Altos Estudios Europeos y director del programa Pedagogía para la Paz y postconflicto en Colombia.