Desde mediados de los años 90 se ha mantenido abierto un debate público sobre el sistema de pensiones y la necesidad de su reforma para garantizar su sostenibilidad en el medio plazo. Sin embargo, no se ha logrado el principal objetivo del debate: informar a los ciudadanos de las características del sistema de pensiones, que es la manifestación de las preferencias sociales, así como de los problemas asociados a su evolución en el medio plazo. Por ello, es necesario acotar este debate centrándose en los principios fundamentales del sistema de pensiones.
Nuestro sistema de pensiones es de reparto, a la forma tradicional de Europa Occidental. Un sistema de reparto es un acuerdo intergeneracional, en el que las cuotas de los afiliados en el presente financian las prestaciones de los beneficiarios también en el presente. En el futuro, las cuotas de los trabajadores también financiarán las pensiones de los jubilados. El diseño del sistema es muy sencillo, basta con reservar una parte del producto de la economía (PIB) para pagar las pensiones. En esto consiste la solidaridad intergeneracional: los trabajadores aportamos hoy una parte del PIB (en España aproximadamente el 13%) que financia las pensiones de nuestros padres y abuelos. Nuestros hijos y nietos aportarán mañana esa misma proporción para financiar las nuestras. En definitiva, se trata de un acuerdo entre padres e hijos.
No obstante, conviene señalar dos características del sistema de reparto.
Primera, el peso de las cotizaciones sociales en el PIB es muy estable y de carácter acíclico. Ello contradice la afirmación de que si el empleo crece, también lo harán los ingresos del sistema en términos del PIB. Las cotizaciones sociales sobre el PIB son el producto del tipo impositivo medio de las mismas por el empleo y el salario real dividido por el producto del empleo y la productividad. El empleo se cancela (está arriba y abajo) y, si el salario real crece lo mismo que la productividad, el peso de las cotizaciones será igual a su tipo efectivo medio. De hecho, la sostenibilidad del sistema de pensiones no mejoró durante la última etapa de expansión económica como consecuencia del incremento de los ingresos, que no cambiaron significativamente como tampoco lo han hecho durante la última crisis. La mejora del sistema fue el efecto de la ralentización del número de pensionistas, como consecuencia del acceso a la jubilación de la cohorte nacida durante la Guerra Civil, y del flujo de inmigrantes. La conjunción de ambos supuso la ralentización del peso del gasto en el PIB y afectó positivamente al saldo de la Seguridad Social, pero sólo de forma transitoria.
Por tanto, en ausencia de cambios normativos, la recaudación de las cotizaciones sociales en términos del PIB permanecerá constante e igual que ayer y hoy, alrededor del 13% del PIB. Ello significa, como supone el acuerdo entre generaciones, que el gasto debe permanecer a medio plazo en el mismo porcentaje para que el sistema esté equilibrado y sea sostenible. Pero es importante aclarar que, por definición, es imposible que el sistema pueda quebrar, basta con recaudar de los trabajadores en el futuro la proporción del PIB correspondiente para pagar las pensiones.
Y segunda, el hecho de que el gasto en pensiones se mantenga constante sobre el PIB no significa que el sistema no tenga rendimientos. Los trabajadores aportan una proporción del PIB hoy y recibirán la misma proporción en el futuro, obteniendo como rendimiento las mejoras consecuencia del crecimiento de la población y la productividad. En definitiva, intercambian bienes y servicios de hoy por bienes y servicios del futuro.
Los hechos consecuencia de la evolución demográfica son incuestionables. De una persona en edad de jubilación, mayor de 65 años, por cada cuatro personas en edad de trabajar se pasará, en el horizonte de 2050, a una en edad de jubilación por cada 1,6 en edad de trabajar. Ello significa que, en ausencia de cambios normativos, el gasto en pensiones será más del doble en las próximas décadas. Aunque, como el sistema deberá mantenerse en equilibrio, las pensiones que percibirán los jubilados durante las próximas décadas se reducirán en promedio al 40% de las de hoy.
Pretender aumentar el tipo de las cotizaciones en el futuro para poder afrontar un gasto creciente rompería el acuerdo intergeneracional entre padres e hijos y resultaría inviable. Ello significaría exigir a las generaciones más jóvenes un esfuerzo mayor que el actual para pagar las pensiones del futuro. Y aun considerando esa posibilidad, el incremento de la imposición del factor trabajo sería absolutamente inviable en un mundo global, en el que la economía española requerirá ganar competitividad.
Por consiguiente, la autofinanciación del sistema de pensiones y el principio de solidaridad intergeneracional exigen reformas paramétricas del mismo. Se trata de impulsar los cambios necesarios para que la transición entre el presente y el futuro respete la solidaridad entre generaciones. En esta situación, sólo existen dos alternativas: la primera, aceptar la cada vez menor vida laboral en relación con el ciclo vital de los ciudadanos y, como consecuencia, aceptar una pensión media cada vez menor aunque durante un periodo mayor; o, segunda, adaptar progresivamente el periodo de trabajo al nuevo ciclo vital del siglo XXI, que se caracteriza por una entrada más tardía en el mercado laboral, al aumentar significativamente la formación, y por una mayor esperanza de vida con calidad.
Una combinación de reformas, que ya han sido aplicadas en las principales economías europeas, permitiría esta transición solidaria entre padres e hijos. En primer lugar, aumentar la edad efectiva de jubilación, acorde con la mayor esperanza de vida, tanto al nacer como a los 65 años, y con el creciente periodo de formación y, en segundo lugar, el cómputo, en la base reguladora de la pensión, de toda la carrera laboral.
Además, no puede olvidarse que la reforma de las pensiones en este sentido constituye una gran política de consolidación fiscal sin costes en el presente. De esta forma se reforzará el cambio de régimen de política económica acaecido en España desde mayo.
David Taguas, economista y presidente de Seopan. Fue director de la Oficina Económica del presidente del Gobierno.