Acuerdo PSC-PPC, ¿por qué no?

Que nadie se asuste, no estoy bajo los efectos de un exceso etílico. No propongo un acuerdo entre socialistas y populares para gobernar nada. Para empezar, porque no suman mayoría en ningún sitio. Y porque, aunque así fuera, sería improbable tanto por razones ideológicas como programáticas. Ahora bien, hay un aspecto crucial para los catalanes en el que es urgente un diálogo fructífero entre PSC y PPC: la financiación autonómica. No veo ninguna razón en contra, si bien soy consciente de que la sola formulación de esta hipótesis constituye para muchos una provocación.

Pero veamos, ¿tiene algún sentido que los referentes catalanes de las fuerzas políticas españolas mayoritarias se den la espalda en esta cuestión? ¿Mantienen puntos de vista tan alejados como para que no sea posible un acuerdo? Creo que no. Es más, en las actuales circunstancias resulta sorprendente que esto no ocurra, lo que solo es atribuible a unas inercias que impiden explorar otras vías. En un momento en el que CiU plantea abiertamente la llamada «transición nacional» hacia la independencia, en cuyo recorrido sitúa el logro del confuso pacto fiscal como primera estación, me pregunto: ¿por qué no hablan socialistas y populares? Es cierto que les separan muchas cosas. La primera, que el PSC es catalanista, mientras que el PP es una fuerza históricamente refractaria a esta tradición. La segunda, que pesan todavía muchos enfrentamientos recientes: el crispado proceso de reforma estatutaria y el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por los populares. Pero en política los tiempos van muy deprisa. Y si Artur Mas, que en su día fue al notario, ha normalizado al PP facilitándole el acceso a las alcaldías de Badalona o Castelldefels y dándole la mitad del poder en la Diputación de Barcelona, la pregunta es: ¿puede el PSC, sin ser tachado de antipatriota, emprender un diálogo sobre financiación con el PPC? ¿Y sobre qué bases?

Pues bien, la base de este diálogo es el Estatut, que ahora el PP acepta tras la sentencia del Tribunal Constitucional y donde aparecen unas disposiciones en materia de financiación que, en gran parte, fueron recogidas en el modelo firmado en el 2009. Pero lo interesante, justamente, es que el Estatut va más allá y permite que la fórmula de la corresponsabilidad fiscal entre el Estado y la Generalitat dé un nuevo salto el año que viene, que es cuando toca revisar la LOFCA. Me parece que hay dos aspectos que permitirían a socialistas y populares alcanzar un acuerdo básico, ampliable a otros grupos autonomistas o federalistas, como son ICV-EUiA y Ciutadans. Por un lado, el Estatut habla de la creación de un consorcio tributario entre ambas administraciones para compartir la gestión, la recaudación, la liquidación y la inspección de todos los impuestos en Catalunya. Una de las posibles virtudes de este consorcio es que permitiría mejorar el sistema de anticipos, donde están los polémicos 1.450 millones de euros del Fondo de Competitividad, o reducir el impacto de las futuras compensaciones por un exceso de valoración (motivo por el cual la Generalitat debe ahora al Estado casi 800 millones). Su creación mejoraría la corresponsabilidad y la suficiencia fiscal, y evitaría el triste espectáculo de la deslealtad institucional. Por otro, PSC y PPC comparten la afirmación de que Catalunya necesita más recursos y que es de justicia que se reconozca el esfuerzo fiscal de los catalanes. En este sentido, la revisión de la LOFCA debería ir orientada a que Catalu-

nya, en palabras del diputado popular Enric Millo, conserve la misma posición relativa anterior a las aportaciones económicas de solidaridad con el resto de España. Una afirmación que ha sido también reiterada por la socialista Rocío Martínez. Solidaridad pero respetando la ordinalidad, este es el camino.

Pero es que, además de estas coincidencias, ambas fuerzas discrepan de la propuesta política de CiU. Los nacionalistas creen posible que, sin salirse de la LOFCA, Catalunya se separe del régimen común alcanzando un modelo parecido al concierto económico, propuesta que, la verdad, raya el ilusionismo jurídico. De entrada, porque queda fuera de lo que dice el Estatut y, probablemente, es anticonstitucional. Encima, las posibilidades de que políticamente prospere son nulas. Por tanto, lo sensato es apostar por una nueva mejora del modelo actual, lo que no es poca cosa teniendo en cuenta que desde el 2009 Catalunya está ya por encima de la media en financiación.

Creo que al PP catalán le interesa ir a Madrid con una propuesta propia, que se adecue a lo que dice el Estatut. Y al PSC le conviene romper el pimpón entre CiU y PP, que en esta cuestión puede acabar en un fatal descarrilamiento. En el 2013, pues, hay tres escenarios posibles: el inmovilismo, la frustración o el pacto. Los dos primeros se retroalimentan. Ahora bien, la alternativa al salto en el vacío que nos propone CiU no puede ser quedarnos sustancialmente como estamos, sino lograr que el modelo autonómico avance de nuevo hacia una corresponsabilidad fiscal de inspiración federal (aunque algunos jamás querrán llamarlo así).

Por Joaquim Coll, historiador.

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