Acuerdos comerciales, argumentos confusos

Tras años de parálisis en las negociaciones mundiales de comercio, los tratados regionales (un camino largo tiempo latente al libre comercio) han vuelto por sus fueros. Dos megaacuerdos de los que Estados Unidos es protagonista pueden definir el rumbo futuro del comercio mundial.

El más avanzado, el Acuerdo Transpacífico (ATP), incluye a once países (además de Estados Unidos) que en conjunto suponen el 40% de la producción mundial, pero significativamente, excluye a China. La Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) con la Unión Europea va más lejos, ya que promete unir dos megarregiones que juntas equivalen a la mitad del comercio internacional.

Hace mucho que los tratados de libre comercio dejaron de ser tema exclusivo de expertos y tecnócratas, así que no sorprende que ambas iniciativas hayan generado un acalorado debate público. Las posturas de partidarios y opositores están tan polarizadas que es fácil perder de vista las posibles consecuencias. Para entender lo que está en juego, hay que comprender que los motivos detrás de estos acuerdos son variados; algunos de ellos benignos, otros, desde un punto de vista global, no tanto.

En el frente económico, los partidarios de los acuerdos suelen tener un doble discurso. Por un lado, dicen que reducir las barreras al comercio promoverá la eficiencia económica y la especialización; por el otro, que aumentará las exportaciones y creará empleos, al mejorar el acceso de las partes a los mercados de sus socios. Lo primero es el argumento convencional de las ventajas comparativas; lo segundo es un argumento mercantilista.

Pero los objetivos propuestos según cada argumento se contradicen entre sí. Desde el punto de vista de las ventajas comparativas, los beneficios del comercio surgen de las importaciones, y las exportaciones son una concesión que debe hacer el país a cambio de aquellas. Si la ampliación del comercio es equilibrada, todos los países saldrán beneficiados. Los acuerdos comerciales no crean empleos; simplemente los reasignan entre industrias.

En cambio, según la visión mercantilista las exportaciones son buenas y las importaciones son malas. Los países que aumentan sus exportaciones netas ganan, y todos los demás pierden. Los acuerdos comerciales pueden crear empleos, sólo en la medida en que los destruyan en otros países.

De modo que afirmar que los tratados de libre comercio crearán empleos y al mismo tiempo beneficiarán a todas las partes es incompatible con alguno de los dos argumentos. Lo raro es que los partidarios del ATP y de la ATCI usan los dos argumentos simultáneamente.

En el frente político, los partidarios aducen que el ATP y la ATCI son deseables porque consagrarán normas liberales para el comercio internacional. Generalmente se considera que reducir barreras y aumentar la transparencia normativa es bueno. Pero aquí también, la realidad es mucho más compleja.

Para Estados Unidos, un gran atractivo del ATP es que obligará a los demás países a cumplir normas de propiedad intelectual más estrictas. El efecto de estas normas sobre la innovación no es seguro, pero lo cierto es que generan rentas sustanciales para los titulares de patentes y derechos de propiedad intelectual en Estados Unidos.

En la ATCI, la reducción de “barreras no arancelarias” al comercio entre Estados Unidos y Europa dejará sin duda menos margen para las normativas locales. Incluso si la armonización normativa no se convierte en una carrera a ver quién desregula más, los objetivos sociales y ambientales quedarán más expuestos que antes a los intereses de inversores y exportadores.

Quizá lo más preocupante sean las cláusulas sobre arbitraje de diferencias entre inversores y Estados (cláusulas ISDS) de ambos acuerdos, que establecen un circuito judicial aparte (fuera del sistema legal de cada país) en el que las empresas podrán demandar a los gobiernos por presuntas infracciones a los tratados de comercio. Los partidarios defienden las cláusulas ISDS con el argumento de que no suponen un gran cambio para países como Estados Unidos donde hay un buen funcionamiento del Estado de Derecho, al tiempo que promoverán inversiones en otros donde no es así, como Vietnam. Pero entonces, no está claro por qué se necesitan cláusulas ISDS en la ATCI, que reúne a economías avanzadas de América del Norte y Europa.

En todas estas áreas, el ATP y la ATCI tienen más de secuestro corporativo de las instituciones que de liberalismo.

Uno de los objetivos más importantes, e igualmente ambiguo, de estos tratados se relaciona con un tema que no aparecerá jamás en los textos: China. Tanto Estados Unidos como Europa quisieran que China comercie según sus reglas de juego. Negociarlas sin su participación puede verse como parte de una estrategia cuyo objetivo final sería persuadirla de entrar a un sistema global liberal. Pero también puede verse como un modo de aislar a China y levantarle barreras discriminatorias en mercados lucrativos.

Y queda un último tema especialmente urticante para los críticos: el secretismo de las negociaciones. Los borradores no están abiertos al escrutinio público, y los pocos observadores con acceso a ellos tienen prohibido divulgar el contenido. El objetivo declarado de esta política es facilitar las negociaciones. Pero como señala la senadora estadounidense Elizabeth Warren, se logra exactamente lo contrario: si la transparencia haría más difícil vender el producto final a la opinión pública, entonces hay serios motivos para dudar de que lo que se está negociando sea deseable.

Someter el texto final a votación de los legisladores por sí o por no sin posibilidad de introducir enmiendas tiene sentido. Pero esto no implica que los borradores no deban publicarse. La hora del secretismo ya pasó (si alguna vez existió).

En definitiva, hay demasiada incertidumbre respecto de las consecuencias económicas y políticas de estos acuerdos, y amplio margen para la inquietud. Al tildar a los escépticos de proteccionistas, los partidarios de los acuerdos sólo se desacreditan a sí mismos. Se necesita un debate abierto e informado sobre cláusulas concretas. Y sólo será posible si los textos de la negociación se abren al escrutinio público.

Dani Rodrik is Professor of Social Science at the Institute for Advanced Study, Princeton, New Jersey. He is the author of One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions, and Economic Growth and, most recently, The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy. Traducción: Esteban Flamini

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