En 1977 la situación económica y política no era la de hoy, era peor, con una economía muy cerrada, aguda tasa de inflación, un paro en cifras desmesuradas, fuerte caída de las inversiones, desarrollo insatisfactorio de la producción, ayuntamientos muy endeudados, grave desequilibrio comercial exterior, un país sin reservas... pero con una administración reducida y austera. Era necesario hacer algo y urgente para cambiar la tendencia económica y política que nos aislaba justo cuando España debía mostrarse ante el mundo como un actor principal en el concierto internacional, bajo un Rey moderno y una democracia recién instaurada.
Fuera nos esperaba la Comunidad Europea -acabábamos de pedir el ingreso- y, más allá, la Alianza Atlántica. Y los mercados de deuda nos miraban con interés. Al tiempo estaba anunciada una Constitución que habría de llegar al igual que acababan de culminarse las primeras elecciones democráticas del 15J.
Adolfo Suárez comprendiendo la situación, hizo una finta maestra: llamó a su lado al economista independiente, no político, más reputado del momento: Fuentes Quintana nombrándole Vicepresidente Económico del Gobierno a los pocos días de aquel 15J. Fuentes nombró sus ministros y pronto comenzó su tarea. Tras la devaluación de la peseta - medida hoy inabordable por nuestra pertenencia el euro- se plantearon los Pactos de la Moncloa que, en sus dos vertientes «saneamiento y reforma económica» y «actuación jurídica y política», firmaron los partidos, tras arduas negociaciones, en octubre. Fueron omnicomprensivos y de extraordinaria utilidad. Y, al final, cediendo todos se llegó a algo que satisfizo al mundo económico y devolvió la confianza de los mercados hacia el Reino de España.
Entonces nos jugábamos entrar en la CEE, hoy salir del euro. Las elecciones habían dado el triunfo a dos partidos mayoritarios y los partidos nacionalistas no gobernaban autonomía alguna porque éstas serían creadas con la naciente Constitución. Hoy, todas las autonomías están gobernadas por los dos partidos mayoritarios de ámbito nacional.
El Rey, ahora, con abundantes razones y haciendo uso de la Constitución que le hizo pasar de «Rey con plenos poderes» a «Rey árbitro y moderador», alzó hace días, con razón y legitimidad, su voz sugiriendo «amplios acuerdos» o un pacto anticrisis. Esa voz llena de autoritas es algo que los mercados financieros habrán apreciado. El problema es que -como hemos visto en el reciente debate- hoy es difícil que los dos partidos mayoritarios compartan los costes del ajuste duro que nuestra economía precisa. No se dan los elementos mínimos de consenso que hicieron posible cuanto de bueno trajo la Transición -hoy en vía de desarticulación- a España.
Sin embargo, nunca como ahora ha sido más imprescindible un gran pacto económico. Padecemos un déficit del 10,4% y aumentando, nuestra deuda pública crece aceleradamente, la de las familias, empresas no financieras y financieras suman un 342% del PIB, debemos casi 4 billones de euros y tenemos casi 4,5 millones de parados que no cotizan y que absorben un enorme gasto. Grandes economistas e instituciones nos advierten con preocupación de nuestro problema. Y de no tomar medidas rápidas sobre el déficit nuestra deuda se encarecerá y nuestra permanencia en el euro puede ser cuestionada... y no es fácil reducir los 8,5 puntos necesarios antes de 2013.
Por eso y porque las macromagnitudes y el comportamiento de los sectores están mostrando la necesidad de un «cambio de modelo» son tan necesarios pactos o acuerdos, como lo fueron los de la Moncloa o el ajuste duro como fue el de Felipe González con la reestructuración siderúrgica y naval o el de José María Aznar para alcanzar los objetivos de Maastricht sin los cuales no se habría llegado al euro. Hoy la solución a «nuestra crisis», no a la financiera internacional, está a nuestro alcance y todos sabemos bien cuáles son las medidas y cuán incómodas y duras deben ser. De ahí la necesidad de operar con cirugía agresiva, ya, cuanto antes.
Búsquese al independiente de hoy, nómbrense los técnicos que se crean mejores, créense las comisiones de expertos necesarios, hágase lo que unos y otros dicten... y busquen el consenso sobre los pactos. ¿Cuáles y para qué? Hay muchas reformas estructurales que abordar. Permítanme unas sugerencias -nada exhaustivas- de temas que podrían ser acordados. En lo sectorial: a) reformar la agricultura cuyas renta per capita en euros constantes es hoy, similar a la de mitad de los 90, acabando con los inconstitucionales taifas del agua y ... negociar la PAC de 2013...; b) ir hacia «otra» industria, muchos de cuyos sectores muy intensivos en mano de obra - mueble, calzado, textil, etc.- y otros menos intensivos, están desapareciendo o cayendo -como los de consumo o bienes de equipo- y que deben ser sustituidos por biotecnologías, alta velocidad, nuclear, etc ; c) posibilitar la vida de los autónomos y el pequeño comercio cuyas puertas cierran día a día sin visos de recuperación; d) apoyar la energía nuclear por sus bajos coste de producción y de emisión de CO2, sin perder tiempo, como están haciendo todos los países, pues si no queremos ser una economía altamente intensiva en trabajo deberemos serlo en energía muy barata -las renovables no lo son... son subvencionadas-; e) impulsar la investigación (I+D+i) para lo que hay que potenciar no recortar el presupuesto; f) crear la nueva construcción, sin demonizarla, pero sabiendo que nunca volverá a ser la sexta parte del PIB; g) potenciar la obra civil (aquí no caben recortes de gasto) con los sistemas PPP y el muy necesario apoyo del sistema financiero; h) resolver el grave agujero de crédito que provoca en la banca y cajas la voluminosa deuda de inmobiliarias y promotores, etc.
En el ámbito público: a) corríjase la gobernanza de las cajas de ahorro sacándolas de la política para posibilitar fusiones no virtuales entre cajas de diferentes autonomías; b) congélese el gasto público de las administraciones -todas- , reduciendo fuertemente el gasto corriente (asesores, boato, publicidad...); c) liquídese la enorme deuda de las administraciones con sus proveedores; d) vuélvase al mercado único pues diecisiete sistemas de intervención para cada cosa (ascensores, tauromaquia, cooperativas, etc.) sólo aleja la inversión extranjera, aumenta el intervencionismo y acrecienta el número de funcionarios; e) recupérense ciertas competencias ahora que las diecisiete autonomías están en manos de los dos grandes partidos, y póngase orden en algunas «casas autonómicas», aquellas que han pasado del «uso» de la Constitución y sus Estatutos al «abuso», etc.
Y en lo laboral: a) vayamos a un modelo que favorezca la contratación, las cotizaciones...y sobre todo el empleo de los jóvenes pues una mitad está en paro; b) abordemos en el marco del Pacto de Toledo las pensiones; la edad de jubilación de hoy no se acomoda ni a la esperanza de vida ni al sistema de reparto; vayamos al modelo sueco, rápido, porque es mejor dar empleo que subsidios; c) y comiencen los gobiernos central y autonómicos y los parlamentos, todos, por dar ejemplo recortando severamente sus emolumentos y privilegios. Ello hará creíble todo lo demás.
En definitiva la llamada del Rey -que no hace sino sugerir lo que dos de cada tres españoles responden en las encuestas- debe ser atendida. No hay que buscar al enemigo anterior o al exterior, sólo nuestras amenazas interiores, las actuales, sobre todo déficit y deuda, y corregirlas. Y saber que sólo bajo pactos/acuerdos cabe impulsar un cambio de rumbo que permita un ajuste duro, con «tijeras de acero», que anticipe dos años la salida de la crisis. El temor a las consecuencias será siempre peor que la inacción.
Jaime Lamo de Espinosa, catedrático UPM. Ex ministro UCD.