Ad feminam

Mi liberada:

El pacto entre la izquierda, el nacionalismo y los excriminales que acaba de firmarse en Navarra tiene un objetivo explícito: convertir en feminista el Gobierno de la comunidad autónoma. Así lo ha dicho el secretario de organización de los socialistas navarros, que ha llamado a la formación de un Gobierno «progresista, plural y feminista». Como sabes, tengo gran dificultad para precisar el significado de las palabras claves de nuestro tiempo. Sé que progresista y plural son conjuntos vacíos. Pero no pienso lo mismo de feminista. Y, en consecuencia, sospechaba que dentro del feminista navarro había algo, pero no daba con lo que era. Como tantas veces vino a salvarme de la miseria el periodismo. Mi oficio es una forma básica e ineludible de conocimiento y algunos de sus procedimientos no son obvios. Por ejemplo, el que procede por simpatía, en el sentido físico: «Relación entre dos cuerpos o sistemas por la que la acción de uno induce el mismo comportamiento en el otro». Esta relación no siempre es fácil de ver, y el periodismo y, específicamente, el método de composición del artefacto al que todavía llamamos periódico, la desvela a veces con insoportable claridad.

Ad feminamLas portadas de los periódicos de ayer daban cuenta del acuerdo político para gobernar Navarra y de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso de La Manada. Bastaba con vincularlas simpáticamente y que unas explicaran las acciones de la otra. Como mi intención era comprender qué es un Gobierno feminista acudí a la sentencia para tratar de vislumbrar su naturaleza. Los primeros esfuerzos ya dieron resultados deslumbrantes. Procedían, además, del elemento principal de la sentencia, que es el castigo. Los integrantes de La Manada han sido condenados a 15 años de cárcel por las violaciones que perpetraron contra su víctima. Estos 15 años suponen que en España violar pueda acarrear mayor castigo que matar: determinadas formas de homicidio voluntario se castigan con 10 años de cárcel y la pena por homicidio no supera en ningún caso los 15. Leí hace tiempo que los juristas encargados de la reforma del Código Penal en lo que respecta a los delitos de violencia contra la mujer se propusieron que la violación quedara a un escalón, aunque fuera bajo, de la muerte. La sentencia del Supremo, que es suprema también en el sentido de crear jurisprudencia, complica sus intenciones.

La traslación de la sentencia al acuerdo político de Navarra apenas requiere un pequeño brinco metafórico. Un Gobierno feminista es el que, desde sus propias alianzas parlamentarias, relativiza los homicidios cuando los pone en contacto con la violación. Bildu, el garante del Gobierno de las izquierdas nacionalistas navarras, no condena determinados homicidios. ¡Quia homicidios! Ni siquiera algunos asesinatos condena. Sin embargo, sería inconcebible que hiciera lo mismo con la violación. La cuestión es aún más interesante si se atiende al principal argumento que los excriminales plantearían, o sea, el carácter político, quiere decirse con la eximente política, de los crímenes en los que participaron. (O en los que podrían participar en el futuro: debo recordarte que el matarife principal de este partido declaró hace poco en la televisión pública que los terroristas nacionalistas abandonaron la violencia no por irrevocables razones morales sino de episódica oportunidad estratégica). Porque la violencia contra la mujer, según la define el mainstream que va a gobernar Navarra y España, es también un crimen político, producto de una ideología heteropatriarcal y en absoluto el producto de cualquier azar que pueda vincularse con el crimen privado. La violencia contra la mujer siempre es un crimen público, según sus definidores modernos. Uno de los párrafos iniciales de la ley contra la violencia de género que tuvo que firmar el Rey de España lo expresa con una claridad cortante: «La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre [sic] las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión». Un gobierno feminista, por tanto, es aquel que considera que la violencia heteropatriarcal es el exponente de una ideología genocida que debe ser perseguida ¡sin apelaciones al diálogo!, a diferencia de la violencia que ejercieron los asesinos nacionalistas cuya justificación moral es posible. Un gobierno feminista no considera que todas las violencias políticas deban tener el mismo trato. Una cosa es matar en nombre del nacionalismo y otra muy distinta en nombre del heteropatriarcalismo.

La sentencia del Supremo ayuda a comprender también en otro sentido clave, que es el que se desprende del capítulo de hechos probados. No cabe atribuir al Supremo la responsabilidad de la declinación de estos hechos, que corresponde a la Audiencia Provincial de Navarra, aunque sí el sello lacrado de su irrevocabilidad. El Supremo considera que la descripción de los hechos es racional, conforme a las reglas de la lógica y la experiencia, y del sano juicio. La redacción del capítulo tiene gran interés, y no es el menor, desde luego, comprobar la convivencia de hechos contradictorios entre sí y contradictorios con la propia sentencia. Analizar exhaustivamente el capítulo no es mi trabajo ahora. Pero puedo anotar uno de sus rasgos principales, que es la combinación de elementos inequívocamente fácticos, que pueden derivarse de una variedad de testimonios, con otros que solo pueden proceder del testimonio de la víctima. Una víctima que, según los hechos probados, se besa en la boca con uno de los agresores pocos segundos antes de entrar, sin violencia -es decir, con asentimiento, al menos tácito-, en el cubículo donde será repetidamente violada; y que una vez allí dentro «se sintió impresionada y sin capacidad de reacción» y «sintió un gran agobio y desasosiego». El verbo sentir (que también se utiliza en una frase y situación anterior -«Uno de los procesados empezó a cogerle [sic] del hombro [y] la denunciante sintiéndose incómoda propuso girar a la izquierda [sic]»-) es el inequívoco rastro del fundamento de la condena. La imposibilidad material de determinar lo que pasó aquella noche en Pamplona, que fue la base del voto particular emitido en primera instancia por el magistrado Ricardo González, solo se supera en razón del crédito que han dado los tribunales al testimonio subjetivo de la víctima. No es la primera vez que una palabra de mujer basta para condenar a un hombre de abuso o violación, pero la sentencia del Supremo eleva drásticamente su garantía de veracidad. Hasta el punto que en razón del lenguaje inclusivo cabría introducir con urgencia la expresión ad feminam. Si ad hominem (¡y ya no digamos ad virum!) supone siempre una perversión de la discusión, caracterizada por la primacía del quién sobre el qué, ad feminam supondrá lo mismo, solo que obviamente despojada de su condición falaciosa. Si ad hominem supone un innoble dislocamiento de la argumentación, ad feminam debe suponer un noble y legítimo atajo para el reconocimiento de la verdad.

Esto es, pues, lo que faltaba por saber, y he sabido, de lo que sea un Gobierno feminista. Es el que ha resuelto de un golpe siglos de áspera y humillada relación entre la política y la verdad. Aquel famoso y rubalcabo gobierno que no nos mienta es el de las mujeres. Al hombre y a la derecha, uno y lo mismo, le espera, consecuentemente, el mismo destino que a las bestias de La Manada: la obligatoria necesidad de probar su inocencia.

Sigue ciega, tu camino.

Arcadi Espada

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