Adaptarse a los nuevos tiempos

Rogelio Alonso, profesor de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid. Autor de Matar por Irlanda. El IRA y la lucha armada (LA VANGUARDIA, 07/04/06):

Irlanda del Norte constituye un recurrente referente para quienes desean en nuestro país imponer un determinado modelo para el final del terrorismo etarra. Desafortunadamente los paralelismos entre uno y otro contexto emergen con frecuencia sin el rigor debido para analizar de manera eficaz tan importantes fenómenos. Así ha ocurrido al comparar la reciente declaración de alto el fuego de ETA con la que emitiera en 1994 el IRA. Erróneamente se ha asegurado que el término permanente utilizado por ETA en esta ocasión era una réplica de la expresión empleada en aquel entonces por el grupo terrorista norirlandés. De ese modo, se ha pretendido transmitir el mensaje de que esta vez el cese de ETA es realmente definitivo e irreversible. Sin embargo es absolutamente falso que el IRA hiciera uso de semejante expresión en aquel entonces, hablando en cambio de “un cese completo de sus actividades militares”. El hecho de que ETA sí lo haya introducido no debe ser tomado tampoco como prueba concluyente de que la banda vaya a desaparecer de la escena política.

Por el contrario, este episodio nos demuestra lo inútil que resulta centrarse en el análisis de comunicados como éstos emitidos por organizaciones terroristas responsables de muchas otras declaraciones en las que constantemente se han justificado los injustificables asesinatos de seres humanos cometidos por sus activistas.

Las palabras de los grupos terroristas pueden interpretarse de modos diversos en función de los deseos de quienes interpretan esos gestos. Por ello, más allá de la mera retórica, lo que verdaderamente debe exigírsele a la organización terrorista son hechos objetivos que demuestren de forma inequívoca su absoluta desaparición y disolución. Así lo aconseja la experiencia norirlandesa, donde constantemente, a lo largo de más de diez años, los prometedores y sucesivos anuncios del IRA han sido calificados como históricos a pesar de que todavía hoy este grupo terrorista se mantiene activo. Cierto es que el IRA ha renunciado a su campaña de asesinatos sistemáticos como consecuencia de los elevados costes políticos y humanos que éstos generan. Sin embargo, y tal y como ha destacado la comisión encargada de supervisar el estado del alto el fuego de los grupos terroristas norirlandeses, el IRA “se ha adaptado a los nuevos tiempos”. De ese modo, el IRA continúa financiándose y recopilando inteligencia mediante actividades ilegales que pone al servicio de la estrategia política del Sinn Fein, todo ello con la autorización de líderes que dirigen simultáneamente una y otra formación.

Éste es el motivo por el que la declaración del pasado mes de julio en la que el IRA anunciaba el fin de su lucha armada era en gran medida redundante, a pesar de que todavía hoy es utilizada en nuestro país para respaldar la conclusión de un supuesto final feliz del proceso norirlandés que no se corresponde con la realidad. El anuncio del IRA fue ensalzado casi unánimemente ignorándose que la organización terrorista había abandonado muchos años antes su denominada lucha armada consciente de la ineficacia de ésta después de treinta años de asesinar sin conseguir sus objetivos. Sin embargo, los responsables del IRA no renunciaron, ni antes ni después, a mantener presente al grupo terrorista como elemento de presión con el que coaccionar a la sociedad y a los políticos mediante la promesa de su desaparición, pero condicionándola a que el Sinn Fein recibiera concesiones políticas. Esta estrategia ha dado lugar a numerosos engaños, incurriendo los primeros ministros de Gran Bretaña e Irlanda en una contraproducente indulgencia hacia el brazo político de la organización terrorista. No sería extraño que ETA y Batasuna persiguieran un escenario semejante, y de ahí la necesidad de mantener desde el Gobierno exigencias firmes como el desarme y la disolución total de la banda, reclamaciones que deberían satisfacerse y verificarse rigurosamente antes de considerar cualquier diálogo sobre los presos y otras cuestiones políticas como la vuelta a la legalidad de Batasuna. Esto impediría que la organización terrorista coartase al resto de los actores incentivándose a su vez a Batasuna a exigir a ETA su verdadera desaparición.

En contra de este criterio hay quienes sostienen, a mi juicio de manera equivocada, que esa firmeza llevaría a ETA a recuperar la violencia.

En este sentido es útil preguntarse si realmente puede recurrir nuevamente a sus asesinatos sistemáticos y esperar resultados positivos de éstos. No es tan plausible dicho retorno al terrorismo en un contexto nacional e internacional claramente desfavorable. Esas cambiantes circunstancias, motivadas por un declive de su ciclo vital complementado por una debilidad operativa y organizativa considerable, resultado de una eficaz presión política, policial, social y judicial a lo largo de los últimos años, ha restado eficacia a la violencia terrorista, desaconsejando por ello su utilización. Cierto es que ETA continúa siendo capaz de emplear de nuevo el asesinato, si bien la banda también parece consciente de los elevados costes políticos y humanos que provocaría para su organización y su entorno.

Es por ello por lo que la presión sobre ETA y su entramado, incluido su brazo político, sigue representando el factor más valioso para garantizar la eventual erradicación del terrorismo. Así pues, el alto el fuego de la organización terrorista no debe ser recompensado con la legalización de Batasuna a menos que dicha declaración vaya seguida del desarme de la banda y su inequívoca desaparición.

Siguiendo el modelo norirlandés, se aprecia cómo algunos sectores apuestan por interpretar como muestras inequívocas de la voluntad de ETA de poner fin a la violencia gestos aparentemente esperanzadores, aunque éstos no equivalgan a los mencionados desarme y desaparición de la banda. Se argumenta en defensa de este punto de vista que no resulta realista exigir de ETA semejantes obligaciones y que el tiempo convertirá paulatinamente en irrelevante a la banda. No obstante, se contribuye así a alimentar una dinámica mediante la cual la organización terrorista deja de constituir una carga para Batasuna, pues es precisamente la existencia de la banda y la promesa de su desaparición los que le garantizan beneficios al brazo político. Como consecuencia de esta lógica, se libera a la banda de la presión que debería recaer sobre ella y se transfiere la responsabilidad por el mantenimiento del alto el fuego a los políticos y a los ciudadanos, que se ven así coaccionados para aceptar condiciones que no son plenamente democráticas. En absoluto puede serlo tolerar que una organización ilegal continúe existiendo y manteniéndose inextricablemente unida a una formación política, a pesar de las declaraciones formales de sus dirigentes respaldando procesos democráticos que se ven en contradicción con sus comportamientos antidemocráticos al beneficiarse de su asociación con dicha presencia.

Como el ejemplo del IRA confirma, la mera existencia de una organización terrorista constituye un factor de coacción que jamás debería ser tolerado como aceptable.