Adopción internacional de alto riesgo

Por Ignasi Carreras, director del Instituto de Innovación Social de Esade (EL PAÍS, 22/11/07):

La lamentable actuación de la organización El Arca de Zoé en Chad puede provocar un incremento de las restricciones por parte de algunos países a los procesos de adopción internacional.

Seguramente, la finalidad del iluminado fundador de esta organización francesa, Eric Breteau, y sus colegas que participaron en la rocambolesca misión para “salvar vidas de niños desamparados” no pretendía que los 103 niños fueran adoptados en el país galo. Todo apunta a que sus métodos, absolutamente contrarios a los de cualquier ONG humanitaria, iban más bien orientados a conseguir una evacuación ilícita de los menores, introducirlos en Francia como supuestos solicitantes de asilo y entregarlos en régimen de acogida temporal a las familias que se habían inscrito a través de la web de la organización en el programa “Operación de evacuación de los huérfanos de Darfur”. Sea como fuere, toda esta situación está dañando la imagen y la credibilidad del sistema de adopciones internacionales.

La población chadiana y sudanesa está encolerizada. Allí, como en cualquier parte del mundo, no hay nada que pueda provocar tanta alarma social como el secuestro y tráfico de niños. Y aún más si algunas voces extremistas hacen correr el rumor de que El Arca de Zoé es un entramado dirigido por traficantes de países ricos con la finalidad de colocar los niños en las redes ilegales de adopción con destino a las familias europeas. La extraordinaria cobertura mediática que amplifica todo lo acontecido a los niños, supuestamente huérfanos de Darfur, está incidiendo notablemente en la opinión pública de otros muchos países africanos.

En Chad y Sudán, de acuerdo con la tradición musulmana, la adopción está prohibida. No así en Congo, donde varias familias españolas vivieron el pasado verano una situación de incertidumbre al desplazarse al país para recoger a sus hijos adoptados y encontrarse con la negativa inicial, luego subsanada, de nuestra embajada a entregarles el visado para sus hijos ante el riesgo de que hubiese habido tráfico de menores.

Ahora el ministro de Justicia de la República del Congo, motivado por los acontecimientos de Chad, ha anunciado la suspensión de todos los procesos de adopción de niños congoleses, así como la sorprendente intención de su Gobierno de investigar la situación de los niños que ya han sido adoptados por familias españolas. Una muestra de la creciente inquietud y cautela que existe en varios países africanos respecto de las adopciones internacionales.

La adopción internacional siempre ha tenido defensores y detractores. Más allá de la polémica generada por sucesos como los de Chad, cabe recordar que la Convención Internacional de los Derechos del Niño establece que todos los menores tienen derecho a conocer a sus padres y, en la medida de lo posible, a ser criados por éstos. De acuerdo con el enunciado del Convenio, Unicef sostiene que las familias que necesiten apoyo para mantener a sus hijos deberían recibirlo y sólo tendrían que considerarse formas sustitutivas de cuidado de los niños en caso de no tener familiares, o de que no estén dispuestos o no sean capaces de hacerse cargo de ellos. En tal caso, lo ideal sería que los niños crecieran en otro ámbito familiar de su país de origen. Si esto no fuera posible, la adopción internacional es una solución preferible a su permanencia en orfanatos u otros centros de atención institucional.

En las últimas décadas ha aumentado de forma muy significativa el número de personas de países ricos deseosas de adoptar niños de otros países. Puede hablarse de un fenómeno internacional que ha avanzado de forma paralela al propio proceso de globalización económica. Se estima que anualmente se realizan unas 45.000 adopciones internacionales. Los registros oficiales constatan que España es el segundo país con más adopciones de este tipo, detrás de Estados Unidos. En 2006 los españoles adoptaron 4.472 niños procedentes de otros países, un 17% menos que el año anterior debido a las nuevas restricciones establecidas por China y Rusia, de donde llegan la mayoría de los pequeños adoptados por familias españolas.

En mayo de 1995 entró en vigor el Convenio de La Haya sobre Protección del Niño y Cooperación en materia de Adopción Internacional que instaura un sistema de colaboración entre los Estados para evitar el secuestro, la venta o el tráfico de menores. El objetivo principal del Convenio es asegurar que las adopciones internacionales se realicen garantizando el interés superior del niño, pero también favorece a los progenitores adoptivos al darles seguridades de que sus hijos no han sido objeto de prácticas inadecuadas. La década larga de vigencia del Convenio ha aportado avances notables. Uno de ellos es la situación de los menores separados de sus padres durante conflictos armados o desastres naturales. Actualmente se prioriza la necesidad de localizar a posibles familiares antes de plantearse la posibilidad de adopción. Con todo, la ineludible aplicación rigurosa del Convenio por parte de los Estados ha sido muy desigual.

Guatemala es uno de los países que ratificó en 2002 el Convenio de La Haya pero que no lo ejecuta de conformidad con los buenos usos acordados internacionalmente. La ONG Casa Alianza, defensora de los derechos humanos, ha denunciado reiteradamente las graves anomalías de muchos procesos de adopción en virtud de los cuales los niños guatemaltecos son separados violentamente, y con todo tipo de engaños, de sus padres. De hecho, varios países europeos, entre ellos España, decidieron ya hace unos años suspender todas las adopciones procedentes de Guatemala. Asimismo, Naciones Unidas, ante las nuevas denuncias de corrupción de abogados y notarios implicados en el lucrativo tráfico de menores con destino a Estados Unidos, ha solicitado recientemente al Gobierno guatemalteco que suspenda todos los procesos de adopción de niños hasta que se modifiquen las reglas de adopción en el país.

La comunidad internacional ha de hacer todo lo posible para erradicar el mal llamado “negocio de la adopción” que viola los derechos fundamentales de los niños y de sus familias principalmente en los países pobres. Esperemos que la crisis de Chad no sea utilizada demagógicamente por algunos Gobiernos para introducir restricciones a la adopción internacional con finalidades superfluas y que en nada contribuyan al cumplimiento del Convenio de La Haya y a las buenas prácticas de actuación derivadas del mismo. En cambio, es absolutamente imprescindible que los Gobiernos tengan la determinación de impulsar legislaciones y normativas específicas sobre la adopción internacional que aseguren en toda circunstancia la protección de los menores. Al mismo tiempo, deben aprovecharse estas reformas para solucionar las burocracias ineficaces que tanto perjuicio y frustración ocasionan a los futuros padres cuando emprenden un proceso de adopción.

El proyecto de ley sobre adopción internacional que el Gobierno español aprobó el pasado mes de junio es un paso adelante en esta obligación de aportar más garantías para padres y menores. Algunas de las disposiciones que incorpora refuerzan los compromisos ya adquiridos en los tratados internacionales firmados por España. En otros aspectos, se aportan mejoras como la ampliación del periodo de vigencia del certificado de idoneidad de dos a tres años, espacio de tiempo que se ajusta mucho más a la duración real del procedimiento de adopción.

Uno de los puntos débiles del proyecto de ley es que no reconoce en su integridad la complejidad del trabajo de las entidades colaboradoras de adopción internacional (ECAI). Tampoco insiste suficientemente en la labor de apoyo que estas entidades deben prestar a las familias. Éstas esperan que las ECAI no sean sólo simples gestoras administrativas, sino también sus acompañantes y asesoras en esta carrera de obstáculos en la que normalmente se convierte el largo y duro camino hasta la llegada de sus hijos adoptivos.

Una ley tan relevante como la de adopción internacional debe suscitar un consenso amplio entre las diferentes fuerzas parlamentarias y recibir las contribuciones de unas y otras para que el proyecto presentado por el Gobierno quede mejorado sustancialmente en su actual recorrido parlamentario. Es el momento para que nuestros representantes establezcan un marco legislativo que dote de las máximas garantías a nuestro sistema de adopción internacional.