Afganistán, las grietas del plan de Obama

Pocas eran las opciones que tenía Barack Obama para cambiar sustancialmente el rumbo de la desventura iniciada hace ocho años en Afganistán. Su empeño por sumar a los republicanos a su bando y las hipotecas acumuladas en este tiempo le impedían presentar la retirada como una alternativa prudente. Muchos se empeñan en ver esa medida como una derrota que hundiría a Estados Unidos y a la OTAN, como si en Afganistán se jugase realmente el destino del mundo. Del mismo modo, la apuesta por una solución exclusivamente militar quedaba fuera de cualquier agenda realista en mitad de una profunda crisis económica y con el visible hartazgo de la opinión pública por la implicación en un territorio tan lejano en todos los sentidos. Los manuales de contrainsurgencia recomiendan el despliegue de un soldado por cada 20 habitantes; lo que daría como resultado un contingente militar de alrededor de unos 500.000 efectivos sobre el terreno (frente a los apenas 100.000 actuales, sin contar a las inoperantes fuerzas armadas afganas). Una cifra insoportable tanto para Estados Unidos como para el resto de los 42 países integrados en la heterogénea coalición de fuerzas allí desplegadas.

Descartadas ambas opciones, la decisión de Obama no puede considerarse una verdadera estrategia militar, sino más bien un castillo de naipes de muy inestable equilibrio, sometido al permanente riesgo de desmoronamiento si no se alinean a su gusto los numerosos condicionantes sobre los que está edificado. No es fácil, en estas circunstancias, encontrar puntos de acuerdo con la decisión adoptada, aunque quepa valorar positivamente la reducción de la ambición fundamentalista que alentó en su momento al desprestigiado George W. Bush y a sus acompañantes. En efecto, se reconoce ahora que estamos allí en defensa de nuestros intereses (y no de los afganos), se abandona la pretensión de construir una democracia por las armas y se centra el objetivo en un triple envite: evitar que Al Qaeda pueda contar con un santuario seguro en ese país, romper la dinámica impuesta por los talibanes y afganizar la seguridad, transfiriendo al Gobierno local la responsabilidad de garantizar la seguridad de su territorio y de su gente.

A partir de ahí se hacen evidentes los desacuerdos con una decisión que, bien mirada, tiene demasiados puntos en común con lo que su predecesor hizo y dijo a partir de 2002. Así ocurre, en primera instancia, con el lugar elegido para anunciarla: West Point. La simbología de ese centro de formación de los futuros oficiales de las Fuerzas Armadas estadounidenses no basta para convertirlo en el lugar más adecuado para transmitir una decisión que pretendía inaugurar una nueva etapa en este amargo conflicto. En contra de esa aspiración inicial, el hecho obvio es que tanto el escenario como el contenido son netamente militaristas, como si alguien creyera que con los 30.000 efectivos que ahora comenzarán a desplegarse todo va a cambiar a mejor. En comparación con ese anuncio, cualquier referencia a los esfuerzos diplomáticos o económicos dados a conocer palidece por su total irrelevancia.

No sale mucho mejor parado el análisis militar de la propuesta. Por una parte, interesa recordar que, al menos hasta la conferencia internacional prevista para el 28 de enero, será difícil que haya decisiones aliadas para enviar más tropas (así lo ha anunciado ya Alemania) y las ya prometidas (España entre ellas) apenas cambian el balance militar actual. Eso significa que no estarán operativas en el terreno antes del próximo verano, con lo que sólo les quedará apenas un año para cumplir los objetivos fijados ahora por Obama. Por otra, se sostiene que el esfuerzo principal será el control de las ciudades, dejando por tanto las áreas rurales sin control suficiente. ¿Es necesario recordar aún que Afganistán es, sobre todo, un país escasamente urbanizado? ¿Cómo encaja entonces el plan de la Unión Europea de concentrar su esfuerzo por la reconstrucción precisamente en las zonas rurales? ¿Quién va a garantizar la seguridad de esa población y de los actores comunitarios dedicados a esa reconstrucción? Ceder ese espacio a los insurgentes, equivale a concederles una libertad de acción que les permitirá seguir controlando, por la fuerza o voluntariamente, a un alto porcentaje de la población, sin olvidar su implicación en el cultivo y comercialización de las drogas que tan fundamentales son para su financiación.

Incluso la idea de acelerar la puesta en marcha de las fuerzas armadas nacionales choca con obstáculos muy poderosos. Si en la actualidad no cuentan con más de 94.000 efectivos es, precisamente, porque no ha sido posible cumplir los plazos de los planes que ya estaban orientados al mismo objetivo. Ni los interesados en alistarse son los más cualificados, ni ha sido posible evitar una creciente deserción (estimada en un 25% del total). Incentivar el proceso de reclutamiento y formación de nuevos soldados lleva aparejado el riesgo, nada desdeñable, de que los talibán y otros grupos violentos sean los más inclinados a sumarse al ejército. De ese modo, no sólo lograrán perfeccionar su formación y dotarse de armamento (con el que pueden luego desertar) sino, fundamentalmente, mejorar su inteligencia sobre las intenciones de su enemigo. Sin menoscabar otros factores, quizás el de la incorporación de estos elementos a las Fuerzas Armadas sea el más peligroso porque puede bloquear la operatividad de dichas fuerzas cuando tengan que liderar la tarea de la seguridad nacional.

No es menor el problema planteado por la fijación de julio de 2011 como la fecha de inicio de un redespliegue (que no retirada) más o menos significativo. El propio anuncio genera un doble efecto. Para los contingentes extranjeros aumenta la presión para lograr resultados positivos a toda costa…, y la experiencia enseña que eso se traduce en mayores riesgos para la población civil y para los propios soldados desplegados (lo que acrecentará las críticas de la opinión pública). Para los grupos violentos locales significa que el tiempo corre a su favor y que basta con resistir un poco más para cobrar una pieza que ya creen tener al alcance de la mano. Visto así, puede preverse un incremento de los ataques, con más costes colaterales que los vistos hasta ahora, y una difuminación del enemigo, bien para adoptar una actitud pasiva hasta que pase la tormenta o bien para trasladarse a otras zonas menos militarizadas en las que reproduzcan su apuesta violenta, obligando a una dispersión de esfuerzos que reduzca la hipotética eficacia del contingente extranjero. En esas condiciones, la inclinación de estos grupos a contemporizar con quienes perciben como ocupantes temporales no parece muy probable.

Pakistán aparece también como un elemento clave en este contexto. Si la batalla principal pasa a ser la derrota de Al Qaeda, debemos recordar que su santuario se encuentra mucho más en territorio paquistaní (consentidos como aliados útiles) que afgano (donde se estima que apenas despliega unos 400 efectivos). Cualquier doctrina militar insiste en la necesidad de impedir que el enemigo cuente con un refugio seguro que le sirva de retaguardia para alimentar la violencia y dar descanso momentáneo a sus combatientes. Existen enormes dudas sobre la voluntad de Pakistán para colaborar decididamente en este propósito, más aún si sus militares se sienten castigados por Washington (con el nuevo paquete de ayuda económica al país a cambio de su harakiri como actores políticos) y temen que, de perder esa baza que han manejado durante años, poco podrán hacer ante el previsible aumento de la amenaza de India y el abandono de Washington.

En definitiva, Obama cifra el éxito de su apuesta en factores que apenas dependen de su voluntad, como si todos los actores implicados en este escenario fueran a seguir sus dictados o acepten sumisos el reparto de papeles que Estados Unidos quiere asignar a cada uno. Sólo para quienes creen que Irak ya es un asunto resuelto puede resultar convincente que se repita lo allí ensayado. Mientras tanto, sólo unos pocos, como Moscú, se permiten una leve sonrisa, en la medida en que ve ampliado el plazo para consolidar su recuperación y su renovado control sobre su tradicional zona de influencia, en tanto Washington sigue obligado a atender a otros asuntos.

Jesús A. Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria.