Afganistán, otra verdad incómoda

La controversia sobre el alcance de la misión, de guerra o simplemente humanitaria, de nuestras Fuerzas Armadas en Afganistán se reabre, por desgracia, con cierta frecuencia. Se afirma la legalidad de la presencia de las diversas fuerzas armadas sin diferenciar las dos operaciones militares que allí confluyen. La confusión sobre la misión de España se entrecruza con otra cuestión trascendente: ¿para qué estamos allí?

La intervención armada de Estados Unidos y Reino Unido (coalición Operación Libertad Duradera) en Afganistán fue legal a la luz del Derecho Internacional, pero fue un caso vidrioso pues el ataque a Estados Unidos procedía de una organización privada aunque amparada de forma evidente por el Gobierno de un Estado (aunque había dos gobiernos de hecho); la identificación del Gobierno talibán de Afganistán como el protector del Al-Qaeda era, ya en aquel momento, poco discutible. Tras los actos terroristas del 11-S, el Consejo de Seguridad de la ONU calificó los hechos como una agresión que amenazaba la paz y seguridad internacionales reconociendo el derecho a la legítima defensa «de conformidad con la Carta» (art. 51) aunque sin concretar el Estado que debía asumir la respuesta de legítima defensa (Resolución 1368 de 12.9.2001) ni autorizar expresamente el uso de la fuerza.

Es bien sabido que la invasión y ocupación de Afganistán por los ejércitos de EEUU y Reino Unido no fue ni está siendo una modélica utilización de la fuerza armada de conformidad con la legítima defensa, tal como se regula en el art. 51 de la Carta de la ONU y se interpreta por la Corte Internacional de Justicia. Ante una agresión atípica, legítima defensa atípica por la coalición, de acuerdo; con respuesta no inmediata sino demorada, y no subsidiaria, como prevé el art. 51 de la Carta, sino alterando el orden lógico de sus previsiones, ya que primero usó la fuerza el agredido y, a toro pasado, asume la situación el Consejo de Seguridad.

En efecto, el Consejo de Seguridad no adoptó las medidas de respuesta colectiva hasta tres meses después del 11-S, una vez invadido Afganistán y derribado el régimen talibán, mediante la Resolución 1386 de 20 de diciembre de 2001 en la que se autoriza una Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF). Bajo este paraguas jurídico hay que cobijar la presencia de las Fuerzas Armadas de España (y de otros muchos países) en Afganistán.

En ningún momento las Resoluciones de la ONU sobre la ISAF utilizan el adjetivo de misión humanitaria; ni en esa ni en posteriores Resoluciones como la última adoptada en septiembre de 2008, la 1452. Porque se trata de una situación de guerra, diversas resoluciones piden a las fuerzas afganas, a la ISAF y a la coalición Operación Libertad Duradera que respeten las normas de la guerra (el derecho internacional humanitario). Sólo así aparece el término «humanitario» ligado a Afganistán, para que apliquen el derecho de la guerra. Están en una guerra.

Es una misión para dotar de «seguridad» a Afganistán, al pueblo afgano y a sus autoridades y entrenar a sus fuerzas armadas y de seguridad, a la presencia misma de la ONU, a la coalición Operación Libertad Duradera, etc. Y en el marco de esa misión de lograr seguridad se autoriza a los Estados que participan en la ISAF a que adopten «todas las medidas necesarias para cumplir su mandato», es decir, autoriza implícitamente el uso de la fuerza armada a las Fuerzas de la ONU.

Nuestras Fuerzas Armadas no están en una misión humanitaria; están en una misión de clara naturaleza militar en el marco de una compleja guerra. Esa misión militar no excluye otras acciones como la reconstrucción de infraestructuras y formación de militares afganos. También hay que reconocer que desde 2002 la situación bélica ha evolucionado a peor, pues se han multiplicado las fuerzas afganas que combaten tanto contra las agresivas fuerzas ocupantes de la coalición como contra la ISAF por proporcionar seguridad a dicha coalición Operación Libertad Duradera: además de las fuerzas talibán, el conglomerado Al-Qaeda y los yihadistas de todo el mundo, están en pie de guerra tribus locales pastunes, antiguos señores de la guerra, grupos insurgentes armados que no aceptan la ocupación o los poderosos grupos de narcotraficantes, y todos ellos manejan a placer su conocimiento del territorio.

Aunque las Fuerzas Armadas participantes en una operación de la ONU no adquieren automáticamente la consideración de combatientes, ni, por tanto, pueden ser considerados objetivo legítimo de ataque, la práctica reciente demuestra que estas Fuerzas se ven implicadas en enfrentamientos, en los cuales van a recurrir a las armas para defenderse y para asegurar el cumplimiento de su misión. Su misión no es vigilar una tregua, una zona neutral o interponerse entre combatientes, sino que van a someter a los combatientes cuya causa terrorista combate la ONU. La presencia de ISAF y, por tanto, de España es en el marco del capítulo VII de la Carta (acciones coercitivas en caso de quebrantamiento de la paz).

La presencia de España es legal, pero en el marco de una guerra con demasiados contendientes e intereses, llevando a cabo actuaciones militares, que si bien no son en sí mismas del cariz agresivo como las que asume la coalición Operación Libertad Duradera, son de clara naturaleza de combate para el que están legitimadas por la ONU para cumplir su mandato de erradicar el terrorismo y los grupos talibán y de Al-Qaeda.

La brutalidad de los terroristas talibán no exime a las fuerzas armadas ocupantes allí presentes de la obligación de medidas proporcionadas y necesarias para acabar con los rebeldes y procurar la seguridad de ese país. No hace falta recordar que Estados Unidos y Reino Unido llevaron a cabo entonces y de forma continuada, todavía hoy, innumerables violaciones de los Convenios de Ginebra y del Protocolo Adicional I (fusilamientos en masa, bombardeo de hospitales, de ciudades, etc.). Los informes periódicos del Comité Internacional de Cruz Roja son elocuentes. Los crímenes de guerra han sido constantes por parte de Estados Unidos bombardeando las aldeas y ciudades bajo la excusa de que los talibán se mezclan con la población civil. Esos bombardeos son, a su vez, un semillero de acciones armadas por parte de los grupos armados rebeldes, apoyadas por una buena parte de la población que sufre la brutalidad de las acciones armadas indiscriminadas de la coalición, como ha manifestado el propio Gobierno de España a raíz de la reciente muerte en acciones de guerra, tras el ataque a un convoy militar, de dos suboficiales españoles.

La ONU, la ISAF, nuestra presencia ¿están consiguiendo sus objetivos? Los sucesivos informes de Naciones Unidas y de diferentes organizaciones humanitarias confirman el aumento de la producción y tráfico de drogas (el opio representa hoy el 60% de Producto Interior Bruto), la corrupción generalizada de las instituciones judiciales y de seguridad y la impunidad de toda la administración. Desde 2002, ¿han mejorado el respeto de los Derechos Humanos o la situación económica y social de la población? Estados Unidos debió asegurarse de que el resultado no iba a suponer un agravamiento de la situación. Los informes de Naciones Unidas no dejan lugar a duda: la situación ha empeorado notablemente. La ISAF, de la que forma parte España, está protegiendo una situación que viola masivamente los derechos de las mujeres de forma igual o más radical que en el período talibán, en el que al menos las mujeres afganas tenían un apoyo internacional (por ejemplo, Emma Bonino y su campaña «Una flor para Kabul») y ahora no tienen ese apoyo porque son los «nuestros» quienes permiten y protegen a los que siguen apaleando y tratando a las mujeres como a ganado. Estamos en Afganistán para que se dispare el analfabetismo de adultos (uno de los más altos del mundo); estamos allí para ver como la hambruna se generaliza, para mantener como sea a uno de los gobiernos más corruptos que hace de Afganistán el primer productor de drogas del mundo... de verdad, ¿para qué estamos en Afganistán?

Araceli Mangas Martín es catedrática de Derecho Internacional Público y de Relaciones Internacionales de la Universidad de Salamanca.