«Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra...» Esto da pie a que algunos argumenten que, en tanto no se ejerza tal precepto constitucional, las tropas españolas desplegadas en Afganistán no estén participando en una guerra. Pero el asunto no se puede despachar tan fácilmente, porque en el siglo XXI y en el actual panorama de seguridad la idea de guerra «clásica», a la que seguramente se refiere la Constitución, ha mutado. Curiosamente, en este escenario se podría ir más lejos y concluir que el gran trabajo realizado por los padres constituyentes alcanzó lo sublime cuando, al reglar formalmente la manera de estar en guerra, lograron simultáneamente erradicarla. Y esto, evidentemente, no es cierto.
Profundizar en tal argumento llevaría a embarrancarse en la complicada polémica entre los principios y las formas de las que habla Galdós en Fortunata y Jacinta. El debate político roza ese peligro y se va agriando paulatinamente en el confortable territorio nacional. Unos, cada vez más, llaman guerra a lo que está sucediendo en Afganistán. Otros, cada vez menos, se atrincheran en la negación del fenómeno. Se percibe que estamos ya en un año electoral de vital significado para algunos/as. Mientras tanto, en el comprometido teatro afgano nuestros soldados -cada vez menos ajenos a ese debate- cumplen escrupulosa y esforzadamente sus cometidos. Desgraciadamente, alguno regresa a España antes de lo previsto bien sea de cuerpo presente, o bien mutilado o herido como consecuencia de ataques de un enemigo que oficialmente no existe como tal. Sería comprensible que los familiares, o ellos mismos en los dos últimos casos, no entendieran qué está pasando. Y aquellos que diariamente ponen en alto riesgo sus vidas a miles de kilómetros de territorio nacional, tienen derecho no sólo a saber el qué y el para qué de lo que realmente están haciendo, sino también a contar con todo el apoyo moral y material que la Nación española sea capaz de depararles. Tienen derecho, en definitiva, a que se suplan las carencias que todavía podrían existir en su organización y medios para operar en Afganistán. Y uno teme que esos requerimientos no se satisfarán mientras no se comprenda que aquello que hoy sucede en Afganistán puede considerarse como una guerra. De un tipo nuevo de guerra que no precisa una declaración formal.
Aunque parezcan sensatos, los refranes no son siempre exactos. El dicho popular «la mejor defensa es un buen ataque» no es cierta. La forma más sólida de combate es la defensiva, siempre que sea tan consistente que contra ella se malogren y agoten sistemáticamente todos los ataques del oponente. Y en el presente escenario dialéctico, los que se atrincheran en la «no-guerra», exhiben un buen parapeto: negando el hecho rechazan sus consecuencias. A este tenor está, por ejemplo, la pertinacia en afirmar -de manera inexacta- que lo que hacen nuestras tropas ahora en el teatro afgano es igual a la misión de paz que abordó el primer contingente español (350 militares aproximadamente), desplegado en enero de 2002. También se incluye en este rango el denominar «atentado terrorista» cuando un vehículo de combate y sus tripulantes, durante la refriega, saltan destrozados por los aires debido a la explosión de una mina o similar, esquivando así la idea de una forma irregular de combate o de la propia guerra de minas. Incluso se denominan «tiroteos» y «hostigamientos» a lo que, a veces, son ataques a nuestras fuerzas por unidades o partidas que tienen, incluso, capacidad para maniobrar (coordinación de fuego y movimiento).
Pero esa actitud defensiva, para ser eficaz, demanda una estrecha coordinación interna, difícil de lograr con tantos actores nacionales y extranjeros participando en ella. De vez en cuando, se producen algunas coladuras o incongruencias que paulatinamente van deteriorando la costra defensiva. Pretender escaquearse de la guerra los mismos que se apresuran a incrementar sustancialmente sus capacidades militares para sostener el esfuerzo de guerra sería, quizás, un ejemplo de ello. O mucho ha mutado la estrategia o sería interesante saber en qué escuela de estado mayor se enseñan estas cosas. Se blinda el discurso pregonando que se trata de incrementar las operaciones de entrenamiento de las fuerzas locales con tres equipos especializados (OMLT,s), que no sumarán entre todos ellos mucho más de 100 militares. ¿Y qué pasa con el resto hasta los famosos 511? Además ¿es que entrenar y pertrechar a los combatientes de una guerra civil no supone ser beligerante? Dejando a un lado la inusual diligencia en su anuncio, el incremento del contingente español -cualquiera puede entenderlo- no se hace alegremente sino porque seguramente, además de otras razones, se necesitan más unidades de combate para poder abordar solventemente las misiones asignadas.
La más reciente «gotera» se ha producido con ocasión del viaje a Washington del señor presidente del gobierno para asistir al Desayuno de la Oración («París bien vale una misa», decía Enrique IV de Francia). Previamente a un discurso en el Consejo Atlántico, el Consejero de Seguridad Nacional, que oficiaba de presentador, agradeció pública y efusivamente a nuestro mandatario el levantamiento de las «restricciones geográficas» a las fuerzas españolas en Afganistán. Sorprendente. ¿Se equivocaba, o a qué se refería, el general Jones? Se refería, quizás, al potencial levantamiento de la conocida limitación que obliga a consultar a Madrid, antes de ordenar a nuestras unidades operar más allá de la zona de acción asignada a España? Si así fuera, aunque legítimo, estaríamos en presencia de una ampliación (de «tapadillo») de la intensidad de las operaciones españolas en Afganistán.
Y ante tal confusión y potencial inconsistencia argumental uno se pregunta por qué no se pueden levantar embozos, modificar prédicas y aclarar definitivamente la situación de acuerdo con lo que realmente sucede en el terreno. Ello aportaría más credibilidad al discurso político, daría una mejor medida de la consistencia de nuestro compromiso tanto con el pueblo afgano como con nuestros aliados y socios y, sobre todo, permitiría proporcionar a nuestras tropas desplegadas en Afganistán ciertas capacidades que incrementarían su seguridad y la eficacia de sus operaciones. Capacidades que, por mor del debate político de marras, existiendo en territorio nacional no se tienen sobre el terreno afgano. De paso, se cortaría definitivamente este estéril debate sobre la existencia o no de guerra que, aunque legítimo, tanta confusión aporta a muchos ciudadanos y, sobre todo, a nuestros soldados.
Pretender alargar la inconveniente situación de controversia actual, a pesar de los grandes cambios producidos sobre el suelo afgano, especialmente en los últimos dos años, es algo que no beneficia ni a las tropas españolas ni a casi nadie en territorio nacional. Esto mueve a recordar que, ya en el primer tercio del siglo XVIII, el primer diccionario publicado por la Real Academia, el Diccionario de Autoridades, definía como «pobre vergonzante» a quien «por su calidad y obligaciones no puede pedir limosna de puerta en puerta y lo hace de modo que sea con el mayor secreto posible». Y por eso el espectador se pregunta: ¿no será que lo de Afganistán es una guerra vergonzante?
Pedro Pitarch, Teniente General.