El balance que puede hacerse actualmente acerca de ETA y su futuro plantea una curiosa paradoja: la organización terrorista inició, tras la ruptura de la tregua, su fase final, lo cual no significa que esto se vaya a acabar pronto.
Lo razonable es partir del supuesto de que no hay a corto y medio plazo ninguna expectativa de que el terrorismo vaya a desaparecer de nuestro horizonte. ETA, a pesar del indudable éxito policial, tiene aún, desgraciadamente, capacidad de atentar en los próximos meses y años, mientras que no se divisa ninguna posibilidad de que el terrorismo concluya a la manera como pudimos esperarlo durante la tregua anterior. Todo indica que estamos ante un periodo relativamente largo en el que las cosas no van a experimentar grandes cambios: habrá atentados, ETA verá progresivamente disminuida su capacidad de actuación y la sociedad vasca seguirá expresando su radical rechazo a la violencia.
El punto de partida de esta reflexión es la constatación de que la experiencia del último proceso de paz, sobre todo a la vista de la respuesta de ETA, hace imposible que vuelva a producirse algo similar a lo que se planteó en dicho proceso y cuyo último esfuerzo fueron las conversaciones de Loiola en 2006. ETA no está en condiciones de poner punto final a la violencia sin una contrapartida política, que la sociedad por su parte tampoco está, lógicamente, dispuesta a aceptar.
La cuestión central acerca de cómo abordar este nuevo escenario podría plantearse de la siguiente manera: hasta ahora, los partidos políticos pensaron, en mayor o menor medida, que había que hacer algo en el terreno político para ayudar a que ETA tomara la decisión de terminar con la violencia. Pensábamos, con una mezcla de responsabilidad y voluntarismo, que nos correspondía algún tipo de iniciativa que acompañara a la vía policial y judicial. Con la experiencia acumulada, el cambio de perspectiva debería ser, a mi juicio, el siguiente: no existe el terrorismo porque nosotros hayamos hecho algo mal, sino porque ellos han hecho todo mal. Seguramente todos los demócratas podríamos haber hecho las cosas mejor, pero no existe y persiste ETA por ello, sino porque ETA no ha aceptado que su equivocación radical consiste en pensar que la imposición de unos objetivos políticos a través de la fuerza es posible y legítimo.
Ante este panorama, la unidad de los partidos es más necesaria y probablemente más fácil porque el campo de juego se simplifica considerablemente. Por eso creo que debería tomarse en serio la propuesta de Íñigo Urkullu, presidente del Partido Nacionalista Vasco, de proceder a una lectura conjunta del Pacto de Ajuria Enea y explorar las posibilidades de reeditar un pacto similar.
¿Para qué? De entrada, para explorar las posibilidades de compartir un diagnóstico de la situación y revisar la posibilidad de trasladar los compromisos de aquel pacto a la actual coyuntura (lo que tampoco excluye, por supuesto, la posibilidad de acordar qué aspectos carecen actualmente de validez y responden a viejos debates que han sido superados). Todo ello con el objetivo de conseguir algún compromiso en torno a una serie de exigencias para acelerar el final de ETA, con el menor número de víctimas y procurando la mayor unidad social posible. El acuerdo es necesario, además, porque una posible tregua u otros movimientos que ETA y su entorno político puedan hacer en los próximos meses no deberían ni coger por sorpresa a las fuerzas políticas y las instituciones ni propiciar a una discusión que la sociedad no entendería de ninguna manera. Habría que minimizar el impacto, en términos políticos y de coste social, de las actuaciones de ETA sobre el liderazgo que corresponde a las instituciones y los partidos políticos. Es necesario comprometerse para sustraer la política antiterrorista de la confrontación política pública. Sólo esa protección permitiría abordar equilibradamente los problemas políticos pendientes.
Hay una dinámica en la sociedad vasca, tal vez no muy perceptible en el corto plazo pero evidente si analizamos las cosas con mayor perspectiva histórica, que impulsa a incrementar el nivel de deslegitimación moral y política de la violencia, lo que al mismo tiempo interpela a todos a actuar en consonancia y de acuerdo con la propia responsabilidad. La sociedad no entendería que los partidos fracasaran en esta iniciativa, lo que podría ocurrir si no hay altura de miras y generosidad histórica, si alguno aprovechara esta ocasión para introducir reivindicaciones legítimas o poner condiciones que los demás no pueden aceptar.
La memoria de las víctimas se merece este esfuerzo colectivo. Estoy convencido de que la sociedad vasca responderá con generosidad a quienes sepan liderar con altura de miras el proceso final de la violencia.
Daniel Innerarity es profesor de Filosofía en la Universidad de Zaragoza. Acaba de publicar El futuro y sus enemigos. Una defensa de la esperanza política.