Sostiene Safranski que el objetivo esencial de la política es promover la convivencia y aliviar el malestar. Nada de alcanzar la felicidad ni mucho menos el paraíso. Nada de glamour. Simplemente, aliviar el malestar, y para ello no hay mejor invento, en verdad, que el Estado de bienestar, o si lo preferimos: una gestión razonable y compasiva del malestar.
Es bueno no olvidar que para que haya Estado de bienestar lo primero que tiene que haber es Estado; y ello, que duda cabe, pone en primer lugar de ocupaciones y preocupaciones el reforzamiento institucional de España.
Bastante antes de Acemoglu y Robinson ya nos había advertido Adam Smith que en un país sus instituciones son más importantes que sus materias primas. E incluso mucho antes exhortaba Heráclito a los ciudadanos a defender las leyes con más ahínco que las murallas. Así es, y con ello entramos en materia.
Es cierto que la situación es endiabladamente compleja y fluctuante y que vivimos embarcados hacia un futuro incierto, pero justamente es esta inseguridad la que nos obliga a no exagerar la inquietud. A esforzarnos por aportar una mínima predictibilidad, una mínima seguridad jurídica. Ayudar a conseguir aquello que para Weber era consustancial a la democracia: “El cálculo racional de costes y beneficios”; pues sin él es muy difícil invertir y sin inversión es muy difícil crear riqueza y sin riqueza no hay bienestar. Y de esta manera se cierra el círculo.
Uno tiene la sensación de que no estamos por la labor. Que más bien nos empeñamos en lo contrario. Seguimos dedicados a aliñarnos un buen enemigo, a empuñar con firmeza la flamígera espada de la justicia y si cae la breva de meter a alguien en la cárcel, pues mejor.
Y todo esto para bastante poco nos vale, para nada sirve. Y además, la tenaz cacería de culpables nos impide cumplir con la primera obligación, la de comprender. Lo primero, comprender, que decía Pascal. Y sin comprender jamás haremos un diagnóstico compartido, imprescindible para gestionar nuestra inhóspita realidad. Si tenemos que encontrar al malo nos quedamos sin tiempo para lo importante.
A la postre, el reforzamiento institucional conduce al respeto procesal, a tener presente que la verdad se encuentra en el procedimiento de búsqueda y que siempre los medios condicionan los fines. Normas básicas de higiene democrática para andar por casa, que gobierne quien más votos obtiene y que las mociones de censura sean constructivas y no punitivas.
¿Y ahora? Vamos a seguir con los ERTE, y no está mal. Pero seamos sensatos, las medidas paliativas son necesarias, pero no curan, lo que de verdad interesa es superar la situación que permite los ERTE. Lo deseable es que dejen de ser necesarios lo antes posible, y para ello la única herramienta de trabajo me parece que se llama Europa. Nuestra actual situación política da la sensación que no ayuda mucho ni a conseguir ni a gestionar las ayudas. No parece que vaya a mejorar el entendimiento.
Ante este estado de cosas cabría una llamada de auxilio a sindicatos y organizaciones empresariales. A CC OO, UGT, CEOE y Cepyme. Y al hilo de ello, un recordatorio que nunca viene mal. Suele decir Garamendi que la infraestructura más poderosa de este país es el diálogo social. Yo también lo creo. Existe un displicente olvido del mérito de los interlocutores sociales durante los últimos 45 años. Han pactado de todo y sobre todo y han acordado siempre. Han sometido el conflicto a la razón; es decir: han gestionado el conflicto de manera razonada y razonable, lo que exige un reconocimiento inicial y trascendental: el reconocimiento de la necesidad del otro. La obviedad de que no se puede pactar en solitario.
Siempre han registrado realidad y gracias a ello los españoles somos más prósperos y más tolerantes. Tienen que estar orgullosos de su historia y de su compromiso. Conste mi agradecimiento.
Es necesario, y está muy bien, que sigan hablando de los ERTE, de teletrabajo, de conciliación... de lo que se tercie. Está muy bien que sigan haciendo lo que cada día hacen; que sé yo, pero ahora mismo habrá unas 4.000 mesas en las distintas empresas españolas intentando negociar para arreglar un poquito las cosas.
Está muy bien, pero quizás ahora se pueda hacer algo más. No hay que olvidar que son sujetos constitucionales —artículo 7 de la Constitución— y que por ende representan y defienden “intereses generales”. Y esa representación, esa defensa, obliga a aportar esperanza. Seguro que un diagnóstico compartido y unas propuestas concertadas de los agentes sociales sobre Europa reforzarían la confianza. Confianza que es justo lo que necesitamos y de lo que venimos hablando hasta ahora. Léase: convivencia.
Marcos Peña fue presidente del Consejo Económico y Social.