Agentes sociales para el siglo XXI

A cada reforma laboral no consensuada le sigue una huelga general, así que esta última era más que previsible. También era fácil de pronosticar su escaso seguimiento. En los últimos años, la conflictividad laboral se ha reducido hasta niveles similares a los predemocráticos, durante los últimos coletazos del franquismo. También se ha ido reduciendo la participación en huelgas respecto a anteriores convocatorias de paros masivos: desde el 56,9% de los trabajadores que secundaron la huelga en 1988 (tras una tentativa de reforma laboral que se retiró después de la manifestación popular) hasta menos de la mitad -el 27,2%- en 2002 (año del decretazo de Aznar). Entremedias, el 40,4% de otro decretazo, el de 1992, y el 44,5% de la reforma unilateral de 1994. En las últimas huelgas generales, y procurando no perderse en la habitual guerra de cifras, la cobertura muy probablemente se situó ya por debajo del 20% de los trabajadores asalariados, acercándose a las tasas de afiliación, que por cierto se cuentan entre las más bajas de toda Europa.

Por otra parte, y a pesar de la intensa destrucción de empleo que se ha producido en nuestro país desde el inicio de la crisis, el número de participantes en las huelgas ordinarias (no generales) prácticamente no ha repuntado con la crisis. En el año 2010, por ejemplo, el número de participantes en este tipo de huelgas fue, conjuntamente con el 2005, el más bajo desde principios del siglo XXI. Estos datos constituyen una evidencia clara de lo que podríamos denominar ajuste silencioso: un proceso basado en la destrucción de empleo, en el que quienes pierden su puesto de trabajo no tienen capacidad de movilización, y quienes sí la tienen no la utilizan de forma solidaria ni han admitido el uso de otras posibilidades de ajuste más equitativas, como las rebajas salariales o el reparto del trabajo. Excepción hecha, es obvio, de aquellas situaciones en las que esos trabajadores veían ya amenazados sus propios puestos. En Francia, por ejemplo, con una tasa de afiliación tan baja como la española, durante la primera fase de la crisis se produjeron cerca de siete huelgas consecutivas, ello a pesar de que los recortes habían sido bastantes menos de los que se han producido en España.

Otro dato en esta misma dirección: en esta primera fase de la crisis, un 99% de la destrucción de empleo en España se concentró entre los colectivos no afiliados a los sindicatos.

La huelga general no sólo era previsible, sino necesaria, no sólo para los sindicatos sino incluso para el Gobierno. ¿Qué hubieran pensado si no nuestros socios comunitarios y otras instituciones que venían reclamando esta reforma laboral? Sin respuesta sindical, la propia reforma perdería credibilidad. ¿Pero esta reforma cambiará realmente las cosas? ¿Hará que los sindicatos cambien de estrategia y sean más activos a la hora de buscar otras soluciones en lo que nos queda de crisis? ¿Y los empresarios? ¿Aprovecharán sabiamente las nuevas vías que les abre la reforma para desarrollar otro tipo de gestión de sus recursos humanos?

Sobre el papel, esta reforma laboral reduce el poder de los denominados insiders, aquellos más protegidos por la legislación laboral y que forman el núcleo de atención de los sindicatos. En principio, los cambios legislativos deberían reducir las indemnizaciones por despido y, por lo tanto, rebajar su poder en las empresas y en los procesos de negociación. Al estar más desprotegidos, deberían ser menos reacios a otras formas de ajuste, como la flexibilidad salarial o interna en las empresas. Además, la reforma también abre la puerta a que se haga mayor uso de estas vías de flexibilidad, aunque sea de forma unilateral por las empresas. En estos momentos, en realidad, ya quedaban pocas opciones. Durante la primera etapa de esta crisis, la principales víctimas han sido los outsiders, los temporales y los parados en general, en especial los menos cualificados. En esta nueva fase de la recesión ya no quedaba mucho margen para seguir con esta vía de ajuste.

Esta reforma altera el poder de los insiders, pero en realidad no hace gran cosa por los outsiders. Por ejemplo, no ha sido lo suficientemente audaz para atajar de una vez la dualidad laboral con la introducción de un contrato único indefinido. Ni patronal ni sindicatos estaban por la labor, estableciendo una línea roja que el Gobierno no se ha atrevido a traspasar. Y sin embargo, era ésta una pieza clave para que cambiara nuestro modelo de relaciones laborales, tan útil para realizar la primera transición económica que acompañó a la democrática como lastre para rubricar esta segunda transición económica y cumplir el inmenso reto de recuperar competitividad a base de mejorar nuestra productividad con empleos de calidad.

Seguirá existiendo por tanto la división entre insiders y outsiders que tanto daño nos ha hecho en las dos últimas décadas. La contratación temporal seguirá siendo la forma de ajuste más barata frente a otras más benignas, estableciendo un límite claro para que esta nueva reforma alcance los objetivos que se ha marcado. Y tanto sindicatos como empresas seguirán sacando rentas de un sistema de relaciones laborales que perjudica el cambio de modelo productivo.

Esta reforma tampoco se ha atrevido a cambiar las reglas de legitimidad para negociar los convenios colectivos, a exigir, en definitiva, mayor representatividad a nuestros agentes sociales. Patronal y sindicatos seguirán influyendo en las condiciones laborales de la mayoría de los trabajadores asalariados y empresas de este país con unos estándares muy reducidos en comparación con los países de nuestro entorno, y con escasa transparencia.

En abril de 2009, el Barómetro del CIS nos daba información interesante sobre la participación en sindicatos o asociaciones empresariales. Menos de un 10% de la población mayor de 18 años pertenecía a una de esas organizaciones; y sólo 3,5% lo hacía activamente. La pertenencia y participación activa eran mucho mayores entre los asalariados del sector público y entre los trabajadores indefinidos, siendo prácticamente residual entre los trabajadores temporales del sector privado (2% y 5% respectivamente). La pertenencia de los autónomos y empresarios a asociaciones empresariales era también era muy baja, casi similar a la de los parados a los sindicatos (inferior al 10%). Por otra parte, los datos del Barómetro de marzo de 2010 nos indicaban que un 20% de la población mayor de 18 años no mostraba ninguna simpatía por las asociaciones sindicales y cerca del 50% mostraba una simpatía por debajo del cinco en una escala del cero a 10. Sólo un 3,3% expresaba mucha simpatía.

Es hora de cambio. Con el paso del tiempo veremos qué nuevo equilibrio alcanzamos en nuestro sistema de relaciones laborales. Deberemos dejar respirar esta reforma. Veremos si realmente cambia el statu quo. Si estos cambios legislativos no acaban generando más litigiosidad y conflictividad, sin más. Y, sobre todo, si los sindicatos cambian de estrategia y si los empresarios saben aprovechar para el bien de todos las puertas que se le han abierto con esta reforma.

Florentino Felgueroso es profesor de Economía de la Universidad de Oviedo e investigador de Fedea.

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