Agonías anunciadas

Como es habitual en sus artículos, Pablo Salvador Coderch expuso el 25 de abril con claridad argumental el punto más flaco y deplorable de las decisiones del gobierno del PP en torno al futuro de la Universidad. Han acudido a la solución fácil y patosa, que es hoy y ha sido siempre aumentar las tasas universitarias de los estudiantes. El efecto inmediato será despojar a un porcentaje nada pequeño de familias de la posibilidad de mandar a la universidad a sus chavales, porque muchas de ellas no podrán doblar la cantidad anual de euros que piden las matrículas públicas. En cálculos sólo aproximados, porque no es fácil hacerlos precisos, eso significa contar con 1.500 euros, en caso de un hijo en edad universitaria, y de 3.000 en caso de dos. Como tengo tres, ya adivino que las cosas en casa van a ir mal dadas bien pronto.

Pero, sobre todo, advierto que en mi casa no van mal dadas, y como funcionario de universidad no figuro ni por asomo en la franja más económicamente débil de la sociedad. Pero eso no es un alivio; más bien agrava la miopía de la decisión política: el espanto de pensar en quienes de veras están en zonas de salarios mucho más bajas es agudo y persistente. Lo cual me lleva a un artículo de Manuel Cruz en otra página de este mismo periódico: claro que hay políticas de derechas y de izquierdas, aunque andemos todos muy confundidos. Pero para despejar la confusión basta con regresar a datos materiales o empíricos, y entonces casi todo se entiende a la primera.

Excluir de la educación por razones económicas precisamente a los más pobres es tan disparatado como excluir del sistema de sanidad al medio millón de inmigrantes sin papeles: son dos bombas de relojería, una seguramente lenta y la otra potencialmente mucho más rápida.

Tanto a los socialistas como al PP les faltó valentía política para afrontar la reestructuración del sistema universitario de acuerdo con la nueva realidad económica y social: la multiplicación y atomización de los estudios superiores ha hecho que la oferta desborde ampliamente la demanda en muchísimos lugares que soportan matrículas exiguas con un coste altísimo para el Estado. Y en alguna medida ha puesto al descubierto la lógica política que inspiró la creación de esa multitud de centros, facultades y hasta universidades (incluso al margen de las Autonomías): una forma de la rivalidad geopolítica que toleró el tiempo de vacas gordas pero no tolera ya la actualidad. El desmantelamiento puro y duro es inviable, así que exige imaginación y prudencia la reconversión de centros, la concentración de grados minoritarios en unos pocos lugares y la reinversión de los dineros ahorrados en facilitar las condiciones de movilidad de los estudiantes más allá de los 20 kilómetros de su población de residencia.

Sin embargo, hay todavía una insidia más grave en este programa de actuación política, y en este punto la miopía se convierte en ceguera. Teóricamente, debería existir un modo de racionalizar el sistema universitario para corregir sus desajustes evidentes. Pero donde a todas luces no debería haber asomo de duda es en la intangibilidad del frágil, quebradizo, voluntarioso y aun precario sistema de investigación español. Los avances e inversiones de los últimos 30 años han sido incontestablemente beneficiosos y por primera vez existe lo que nunca existió: la mera posibilidad de equiparar algunos pocos equipos de investigación españoles con sus referentes internacionales. Ni son muchos ni sobra ninguno, pero son una objetiva novedad de la democracia. La única ley que rige en la investigación científica es la tenacidad, el método y la imaginación. Los tres dependen del tiempo, es decir, de comprar el tiempo y los materiales para que salten los chispazos propicios: para fecundar la tenacidad, para depurar el método y para fraguar el chispazo.

Todo ello es lentísimo e intelectualmente exigente: sin duda habrá criterios que revisar y métodos de optimizar la investigación, pero reducir en ese ámbito la inversión constituirá un retroceso auténticamente letal en la puesta en marcha y en la continuidad de equipos que apenas habían empezado a disfrutar de serlo, de merecer algún respeto de fuera, de crear redes de contactos, de aportar y devolver ideas con resultados. El error es monumental sin paliativos, es poco visible socialmente y falta mucho todavía para que la opinión pública asuma su valor como bien de Estado (y sometido por tanto al control tanto como a la protección del Estado). La más superficial ojeada a la historia española debería obligar a replantear una decisión contraproducente y equivocada. Otra cosa equivaldría a ignorar política e históricamente el significado de la hoy legendaria Junta de Ampliación de Estudios, cuando todo esto empezó de veras hace 100 años.

Jordi Gracia es catedrático de Literatura Española en la Universidad de Barcelona.

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