El sistema político catalán se ha caracterizado en las últimas legislaturas por un exceso de tacticismo partidista. Se vio en la redacción del nuevo Estatut, que los últimos gobiernos de Jordi Pujol se habían negado a impulsar alegando que la aritmética parlamentaria en Madrid era desfavorable.
En el 2003, el primer Gobierno catalanista y de izquierdas decidió abordar la redacción del texto. Durante el proceso de negociación del articulado, primero en el Parlament y después en Madrid, quedó patente la escasa altura de los partidos catalanes, que antepusieron las actitudes partidistas --el desgaste del adversario-- al sentido de país. Acérrimos adversarios del texto elaborado por el Parlament, que consideraban poco ambicioso y contrario a los intereses de Catalunya, se convirtieron, tras la foto de Artur Mas en la Moncloa, en impulsores de plataformas a favor del sí.
Las consecuencias de todo ello fueron el inicio de la desestabilización de ERC --que incomprensiblemente decidió pedir el no en el referendo cuando gran parte del texto lo podía asumir como propio--, su salida del Govern y el fin del mismo --y de Pasqual Maragall como presidente--, el momentáneo desplazamiento del PSC --el Estatut parecía ser obra de Artur Mas y de José Luis Rodríguez Zapatero, nada más lejos de la realidad--, la efímera victoria mediática de CiU, que no pudo capitalizar en las elecciones del 1 de noviembre de 2006; la reacción hostil de los círculos duros de Ferraz por la munición que el nuevo Estatut brindaba al PP, y, sobre todo, el desconcierto de una ciudadanía que respondió con una abstención del 51,15% en el referendo del 18 de junio de 2006.
Ahora, tras más de un año en el que se ha visto de todo (fallos de cercanías un día tras otro, apagón monumental, etcétera), llega el problema del agua. Y de nuevo el tacticismo pasa factura. El no al trasvase del Ebro fue el ariete que se utilizó años atrás contra CiU y el PP. Sin duda, desde una perspectiva partidista, fue rentable. En el 2004, en las elecciones al Parlamento español, en las comarcas de la Ribera de Ebre, el Baix Ebre y el Priorat, socialistas y republicanos superaron en votos a convergentes y populares (en comparación con los resultados del año 2000); en el Montsià, el PSC pasaba por delante de CiU, y ERC delante del PP, y en la Terra Alta, ERC desplazaba del tercer puesto al PP. Contrariamente, la negativa al trasvase fue utilizada por el PP para obtener votos en Valencia y Murcia. Ciertamente, el trasvase ponía en peligro la ya de por sí delicada situación del delta del Ebro y amenazaba con causar un descalabro ecológico y mediambiental.
Cuatro años más tarde, la situación no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado. La sequía de estos últimos años ha afectado muy negativamente al caudal de los ríos, incluyendo al Ebro. Por eso cuesta entender que el Gobierno de la Generalitat se plantee una "captación temporal" de agua de la cabecera del Segre, el afluente más importante del Ebro en Catalunya. Y, sobre todo, cuesta más aún entender que, a petición del Gobierno de Madrid, se haya intentado esconder a la opinión pública este proyecto de urgencia hasta pasadas las elecciones del 9-M, porque, dadas las circunstancias de extrema sequía y de peligro de que falte agua potable para el área metropolitana de Barcelona, este proyecto, bien explicado y con sentido temporal, podría ser asumido como medida de urgencia coyuntural.
Pero el tema del agua ha puesto sobre la mesa otras deficiencias de un sistema político excesivamente lastrado por el tacticismo partidista. Por un lado, es evidente que ha habido una falta de previsión alarmante. En una década, la población de Catalunya ha crecido casi un 25%. Este crecimiento no implica solo una gran demanda de agua de boca, que sigue siendo la parte más débil del total que se consume (el 18,5% frente al 72,4% destinado a uso agrícola y ganadero, y el 9,1% a uso industrial), sino también una mayor demanda de servicios públicos (transportes, sanidad, educación y energía) y de productos básicos. Por otro, la sequía ha dejado al descubierto que, pese al nuevo Estatut, las decisiones importantes siguen dependiendo de Madrid.
Ni el gobierno de la Generalitat tiene competencias sobre la Confederación Hidrogràfica del Ebro y, por tanto, sobre cualquier posible actuación en el caudal del Segre, ni el trasvase del Ródano que propone CiU puede llevarse a cabo sin el consentimiento de Madrid y París. Y el Gobierno de Rodríguez Zapatero se opone a captar agua del Segre, aunque, a la vez, no ha dado hasta la fecha ninguna solución para afrontar el problema de la falta de agua. Y se teme que Ferraz, que también juega al tacticismo pero con armas más poderosas, pretenda pasar factura a Nicaragua por todos los quebraderos de cabeza que supuestamente les ocasionó el Govern tripartito en la pasada legislatura. Y, por si fuera poco, la reunión entre José Montilla y Artur Mas del pasado lunes se zanjó sin ningún acuerdo sustancial para afrontar los problemas de la sequía. Tal vez haya llegado la hora de que la ciudadanía deje de ser espectadora pasiva y exija a los dirigentes políticos que superen este tacticismo estéril y cierren acuerdos que permitan encarar el futuro con esperanza.
Antoni Segura, historiador.