Según escribiera Thomas Hobbes en su obra magna Leviatán (1651), durante largo tiempo los hombres vivieron en un estado de naturaleza semejante a una guerra «de todos contra todos». Sin embargo, añadiría el pensador inglés, a cada comunidad le llegaría el día en que sus miembros acordaran someterse a un hombre, o asamblea de hombres, para engendrar una fuerza que garantizase la seguridad común, la justicia y la defensa: el Estado.
Con razón, ilustrados y liberales reprocharán a Hobbes las inseguridades producidas por un poder estatal ilimitado como el ejercido por todas las autocracias, antiguas y modernas, que en el mundo han sido. Tampoco extraña que al final de un siglo XX tan profuso en horrores y crímenes brotaran por doquier los intelectuales dispuestos a suscribir la advertencia previamente formulada por Ortega en 1930: «El mayor peligro: el Estado». Y, en verdad, ese peligro subsiste hoy, encarnado por regímenes que rechazan la disciplina moral y jurídica de la democracia liberal, para peor suerte de sus propios ciudadanos y riesgo de las naciones que les rodean. No obstante, basta consultar la prensa para reconocer una variedad de injusticias y amenazas con origen en Estados que no gozan de la potencia querida por Hobbes: Estados débiles o fallidos, como hoy se les llama, a menudo sin mayor precisión.
La última lista de Estados Fallidos elaborada por la revista Foreign Policy incluye a países como Somalia (puesto 1), Iraq (6), Afganistán (7), Guinea (9), Pakistán (10), Haití (12) o Yemen (18). En rigor, el adjetivo «fallido» debe aplicarse a aquellos Estados que no ejercen un control efectivo sobre una parte significativa de su territorio, no garantizan el cumplimiento de la ley ni la seguridad de sus habitantes o no les proveen de unos servicios sociales mínimos. «Estados débiles» serían los que corren riesgo de transformarse en «fallidos» en un breve plazo. Existen distintas causas de fracaso y fragilidad estatal: guerras prolongadas, dirigentes incompetentes, corruptos o depredadores, desgaste de gobiernos autoritarios débiles, colapso institucional. La pobreza ayuda, pero no todos los Estados frágiles se encuentran entre los más pobres y algunos son ricos en recursos (y por ello enormemente conflictivos). Las divisiones culturales y religiosas suelen resultar cruciales pues dificultan la identificación de una parte de la ciudadanía con el Estado, suscitan agravios comparativos y enfrentamientos internos o hacen prevalecer formas de organización política pre-estatales, de tipo tribal.
Quienes viven en alguno de los agujeros de soberanía que salpican el mapamundi se ven arrojados a una existencia en precario o envilecida. La inestabilidad y la violencia son norma, y la delincuencia (común y organizada), la ocupación más lucrativa. Los conflictos civiles forman parte del panorama, traducidos con frecuencia en guerras civiles o de secesión o incluso «guerras de desintegración», protagonizadas por una pluralidad de actores cuya codicia o fanatismo fragmenta los países afectados hasta sumirlos en el caos, para fortuna de señores de la guerra, criminales o gobernantes sin escrúpulos. Asimismo, los Estados fracasados suelen despilfarrar las ayudas para su desarrollo y responden calamitosamente a crisis (económicas, alimentarias), emergencias dramáticas y catástrofes: acabamos de verlo en Haití.
Para colmo, los problemas germinados en Estados quebradizos tienden a expandirse. Pueden contagiarse a países vecinos desestabilizando regiones enteras (así en África o Asia Central). Además, la globalización ha convertido a algunos de esos Estados en fuente de riesgos e inseguridades de alcance mundial. Primero, desde 1973 más de treinta nuevas enfermedades letales se han extendido planetariamente tras ser incubadas en países subdesarrollados cuyos débiles Estados fueron incapaces de aplicar medidas sanitarias que contuvieran el contagio. Segundo, los fallos estatales que aquejan a países productores de energías como el gas o el petróleo abren la posibilidad de nuevas crisis económicas derivables de un desorbitado aumento de los precios o la interrupción repentina del suministro. Tercero, la relación parasitaria que el crimen organizado mantiene con numerosos Estados débiles o fallidos tiene profundas repercusiones mundiales: inmensos beneficios derivados del tráfico de drogas, personas y armas, secuestros y actos de piratería, junto con los flagrantes perjuicios que esas actividades causan a la seguridad y la paz. Lo que nos lleva a la última gran amenaza, el terrorismo, mucho más presente en los medios. Desde hace años la fragilidad estatal de un puñado de países asiáticos y africanos alimenta el terrorismo yihadista por múltiples vías: proporcionando refugio, dinero, armas, contactos con el mundo radical y sus líderes, entrenamiento y experiencia de combate, nuevos simpatizantes y militantes, oportunidades para chantajear a países próximos y distantes a través de secuestros, atentados, etc. A su vez, el yihadismo aspira a capturar alguno de los Estados enfermos a los que oponen una violencia feroz. De tener éxito, el Estado fallido conquistado podría transformarse en un «Estado canalla», opción incierta pero de concreción espeluznante, sobre todo si el régimen conquistado dispusiera de armas nucleares (Pakistán).
Por todas las razones anteriores, fortalecer los Estados frágiles y fallidos es una labor irrenunciable. Algunos esfuerzos realizados en ese sentido son innegables (claramente en Afganistán) aunque insuficientes. Mas no todas las naciones capacitadas para ayudar se esfuerzan en igual medida. Países occidentales y organismos internacionales sugieren aplicar directrices benevolentes: desarrollo, pacificación, intervención en situaciones críticas, reconstrucción postconflicto, democratización. De acuerdo, pero convendría aclarar algunos puntos. Cada Estado fracasado merecería ser reconstruido pero no todos los problemas se pueden resolver al mismo tiempo ni al mismo ritmo: habría que establecer prioridades, distinguir lo importante de lo urgente. De otro lado, la intervención a favor de un Estado fallido expone a una serie de riesgos políticos que pueden frenar la voluntad de gobiernos y el apoyo ciudadano: los costes suelen ser elevados y los resultados pueden demorarse en el tiempo.
Algunos de los Estados a los que convendría apoyar pueden estar gobernados por dirigentes poco recomendables o incompetentes, problema añadido que también requiere solución. Además, las medidas diplomáticas y benevolentes no siempre bastan: usar la fuerza puede ser necesario. La incapacidad o falta de voluntad de ciertos regímenes frágiles para atajar amenazas que atenten contra nuestra seguridad e intereses no deberían justificar la inacción de los gobiernos europeos. Y el tratamiento de esas amenazas puede demandar algo más que intervenciones reactivas a crisis puntuales. Un ejemplo cercano: liberar a nuestros marinos y secuestrados es imprescindible pero siempre habrá más si nadie persigue activamente a sus captores. Pero, ciertamente, la fuerza tampoco es solución por sí sola y su empleo debe ser meditado, eficiente y realista si se quiere evitar que el supuesto remedio agrave la enfermedad o haga brotar nuevos males y fragilidades.
En definitiva, la persistencia y proliferación de Estados débiles o fallidos constituye uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. Desde la aparente distancia que nos separa podemos ignorarlos, pero esa opción, además de egoísta y miope, resulta francamente irresponsable.
Luis de la Corte Ibáñez, Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid.