Ahora es el momento

A lo largo de la historia, en todas las civilizaciones y culturas, salvo raras excepciones, la mujer ha estado sometida al hombre tanto en el plano individual como colectivo. Los poderes políticos, sociales y religiosos, dirigidos por hombres, han discriminado sistemáticamente a la mujer en su dignidad, independencia y capacidad de decisión, y han perseguido a las mujeres que luchaban por ello.

En los últimos años, sin embargo, hemos asistido a acontecimientos que dan testimonio de los importantísimos avances en el reconocimiento del libre ejercicio de sus derechos. Una atenta mirada a este pasado reciente nos descubre una larga y costosa lucha por esa progresiva y legítima emancipación de la mujer para alcanzar la igualdad, hitos y conquistas conseguidas por la movilización colectiva liderada por grupos de mujeres reivindicativas.

Pese a todo ello, hoy en día, aún no hemos alcanzado esa anhelada igualdad. Las encuestas realizadas reflejan que seguimos asociando roles diferentes a los niños y a las niñas; que algunos comportamientos son valorados de forma distinta en función de que los realice un hombre o una mujer, porque la desigualdad está en el sistema y en los principios en que se asienta y mientras no cambien, persistirá esta desigualdad, contraria al principio y valor proclamado en el Art. 14 de nuestra Constitución.

La Ley de Igualdad española de 2007 fue ambiciosa al potenciar la presencia de mujeres en las grandes empresas, lo que permitió ensanchar los angostos caminos por donde discurría la actividad laboral de las mujeres, pero mientras no se reconozca que las mujeres no somos un colectivo vulnerable sino la mitad de la población que reclama y tiene los mismos derechos, la misma visibilidad, la misma representación, la misma capacidad de decisión que la otra mitad, no habremos alcanzado la igualdad efectiva.

En España, en 2015, ningún órgano público de investigación estaba dirigido por una mujer, y solo un 39% de doctores/as e investigadores eran mujeres, según refleja un estudio de la Secretaría de Estado de Investigación, y en la carrera fiscal, en 2016, el número de mujeres representaba el 63% de la plantilla, y sin embargo, sólo el 35% de los puestos directivos estaban cubiertos por mujeres. El Foro Económico Mundial, en 2016, alertaba de que se estaban frenando los avances en paridad.

Y los ciudadanos así lo perciben en la medida que el barómetro del CIS correspondiente al mes de diciembre de 2017 señalaba que el 65% de los españoles creen que nuestra sociedad es poco o nada igualitaria. Las mujeres siguen empleando más horas en las tareas domésticas y en el cuidado de su familia, sus opiniones son tenidas menos en cuenta y tienen más dificultades en la promoción profesional y el ascenso laboral, pues persisten esos obstáculos sutiles, invisibles y difíciles de detectar salvo por las personas que los sufren.

Pero con todo, la mayor y más cruel manifestación de desigualdad es la violencia que los hombres ejercen sobre la mujer por el simple hecho de serlo, violencia psicológica, física, sexual o económica que destruye la estima de la mujer y ataca su dignidad cuando no su vida. Esta realidad universal y transversal presente en todos los países, esta violencia insidiosa en palabras del Parlamento Europeo, constituye una flagrante vulneración de los derechos humanos como proclaman todas las convenciones internacionales y recientemente el Convenio de Estambul ratificado por España, cuyo lema –la igualdad–, se erige como elemento clave en la prevención de la violencia de género.

Desde la pionera Ley Orgánica 1 de 2004 aprobada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, se ha mejorado mucho en protección de la víctima, en concienciación y en sensibilización. Pero aún no es suficiente, las 53 víctimas mortales del pasado año, los 27 niños huérfanos y los 8 niños asesinados a manos de sus padres o parejas, según datos de la Fiscalía, nos impiden ser condescendientes. Debemos reforzar la educación, herramienta imprescindible para remover esos prejuicios tan enraizados ya desde la infancia, hay que lograr el compromiso e implicación activa en esta lucha de los medios de comunicación esenciales en la transmisión de información pero también como motor impulsor del cambio social, y la protección y asistencia de las víctimas y sus hijos exige una importante inversión.

En este empeño es imprescindible el esfuerzo de todas las instituciones y de cada uno de nosotros identificando esas conductas cualquiera que sea su intensidad y rechazándolas. Ello requiere una reflexión en profundidad, revisar las bases en que se asientan las relaciones hombre-mujer porque bajo el aparente avance en igualdad, seguimos manteniendo y alimentando prejuicios que justifican o normalizan esas conductas violentas.

Quiero resaltar el momento histórico en que nos encontramos. La sociedad civil se ha movilizado a través de un clamor colectivo en todos los países denunciando y rechazando las situaciones que discriminan y denigran a la mujer especialmente en el aspecto sexual. La sociedad ya no tolera esos comportamientos y demanda soluciones a los poderes políticos que han recogido estas reivindicaciones a través del compromiso alcanzado en el Pacto de Estado aprobado recientemente.

Sigamos trabajando para conseguir una sociedad más justa e igualitaria, una sociedad sin violencia.

Pilar Martín Nájera, fiscal de Sala delegada de violencia sobre la mujer.

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