Ahora hay que aplicarlo

Por Jordi Porta, presidente de Òmnium Cultural (EL PERIODICO, 12/02/05):

El dictamen de la Acadèmia Valenciana de la Llengua sobre los principios y criterios para la defensa de la denominación y la entidad del valenciano representa un paso positivo en la solución de un problema, como es el de la unidad de la lengua catalana, creado y alimentado innecesariamente por intereses políticos. En este país ya nos hemos acostumbrado a dedicar esfuerzos, tiempo y dinero a demostrar aquello que ya es diáfano desde hace décadas o siglos. Parece, sin embargo, que por fin se ha impuesto la cordura, a pesar de las presiones políticas que se han ejercido hasta el último momento. El punto primero del dictamen dice, entre otras cosas, que la lengua propia e histórica de los valencianos, desde el punto de vista de la filología (¿desde qué otro punto de vista se podría mirar?) es también la que comparten las comunidades autónomas de Catalunya y las Illes Balears y el Principat d’Andorra. Así mismo es la lengua histórica y propia de otros territorios de la antigua Corona de Aragón (la franja oriental aragonesa, la ciudad sarda de Alguer y el departamento francés de los Pirineos orientales).

Por lo tanto, hay que valorar positivamente que los miembros de la Acadèmia hayan reconocido explícitamente la unidad de la lengua catalana y, al mismo tiempo, reconozcan también el hecho de que la lengua propia de los valencianos ha recibido históricamente dos denominaciones: la de “valenciano” y la de “catalán”, tal como han afirmado siempre la Universitat de València, la de Alacant y la Jaume I de Castelló. La legalidad de esta doble denominación ha sido avalada por el Tribunal Constitucional y por cuatro sentencias del Tribunal Superior de Justícia de la Comunidad Valenciana, máximos órganos judiciales competentes en la materia. En consecuencia, tan legal ya era –y tan avalado por la tradición– el uso de la denominación “valenciano” como la de “catalán” para referirse a la lengua propia de los valencianos. Por tanto, la Acadèmia ha conseguido que, manteniendo esencialmente el mismo texto que el Gobierno valenciano había vetado hace pocos días, amenazando con recurrir a los tribunales si era aprobado, haya sido finalmente respetado, al menos de momento. Este cambio de actitud de la Generalitat valenciana podría sorprender o, incluso, inquietar, si la interpretación posterior del texto vuelve a crear problemas o argumentos para la secesión lingüística.

EFECTIVAMENTE, a pesar de los innegables aspectos positivos del dictamen, quedan algunas ambigüedades que aún pueden dar pie a una nueva instrumentalización política del asunto y que podrían ser motivo para volver a levantar una polémica estéril. Desde esta perspectiva, el Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana resalta, con razón, que “los condicionantes políticos del dictamen hacen que se destierre el aspecto nuclear del conflicto: la determinación del nombre con el que debe designarse la lengua, dentro y fuera de su ámbito territorial” y … “renuncia a la denominación ‘lengua catalana” que, de acuerdo con la romanística, es el término general que denomina al conjunto de variedades lingüísticas de este idioma; y propugna, en contra de los hechos consolidados, que el apelativo “valenciano” se use como nombre alternativo de la lengua en todo su ámbito territorial, incluyendo los contextos académicos, donde, por otro lado, son habituales las denominaciones científicas de “catalán” o “lengua catalana”.

Lo de decir las cosas por su nombre no es un asunto menor en este caso. Se trata de afirmar, más allá de la ambigüedad del dictamen en este aspecto, que tan legal y tan avalado por la tradición es el uso de la denominación “valenciano” como la de “catalán” para referirse a la lengua propia de los valencianos. Esta cuestión aparentemente nominalista puede tener consecuencias cuando, por ejemplo, el dictamen afirma que será necesaria una codificación estrictamente valenciana de una lengua que se considera común. Una nueva codificación parecería innecesaria, ya que existe una desde principios del siglo XX y ratificada en la Comunidad Valenciana por las Normes de Castelló del 1932. ¿Por qué se justifica una nueva codificación? Así, pues, a pesar de reconocer el avance considerable que ha hecho la Acadèmia, da la impresión de que no se ha podido librar completamente de las presiones políticas y, de acuerdo con la práctica que es habitual en los asuntos políticos pero que no tendría que serlo en los filológicos, se ha intentado redactar un texto que permitiera el consenso y la aprobación de las fuerzas políticas mayoritarias en la Comunidad Valenciana actual, con lo que ello supone, tanto positiva como negativamente. A pesar de todo, este hecho no niega el valor del paso dado.

LAS ENTIDADES que forman parte de la Federació Llull –Acció Cultural del País Valencià, Òmnium Cultural y Obra Cultural Balear– consideran que este pronunciamiento es realmente un paso positivo pero que no debería constituir solamente un paso formal. La forma de comprobar que los temores enunciados anteriormente respecto de la interpretación del dictamen son infundados consistiría en ver las medidas concretas que lo acompañarán en el futuro. Por ejemplo, habría que ratificar la homologación de los títulos emitidos por la Junta Qualificadora de Coneixement de Valencià con los emitidos por los órganos homólogos de los otros territorios cuyas hablas, precisamente según el dictamen de la Acadèmia, constituyen una única lengua. Esperamos poder verlo pronto. Mientras, felicitémonos por el paso dado y procuremos que se concrete después con medidas adecuadas que permitan el desarrollo de una realidad lingüística y cultural que debe tener el peso que le corresponde en la Europa del futuro.