Hace unos días, Pedro Sánchez apuntaba en una entrevista que el PSOE no había aprobado el techo de gasto para el año 2018 por la negativa del PP a negociar, a diferencia de lo que sucedió el año pasado. Entonces, continuaba argumentando, el Gobierno aceptó modificar el impuesto sobre sociedades en la línea propuesta por los socialistas, y por eso la gestora que entonces dirigía el Partido Socialista decidió apoyar la propuesta del PP. Así fue, y el Gobierno tuvo que asumir, además, una subida del salario mínimo interprofesional del 14%, como antes se había visto obligado a incrementar la cifra de déficit de las comunidades autónomas, aumentando así su disponibilidad presupuestaria y, con ella, la posibilidad de subir los gastos, por ejemplo, en educación o sanidad, materias ambas de su competencia.
No es la única concesión que el PP ha tenido que hacer en lo que llevamos de legislatura. La modificación del Estatuto de RTVE, que inició su tramitación en febrero de este año, es otra. La supresión de las reválidas, prescritas por la ley Wert, otra más. Y la atención a las situaciones de la denominada pobreza energética. Un catálogo al que, con toda seguridad, se incorporarán la modificación de la llamada ley mordaza, o el fin de las discriminaciones salariales de las subcontrataciones, lo que por cierto supondrá el inicio de la derogación de la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy. En estos dos últimos casos los cambios se producirán a partir de sendos proyectos de ley del PSOE que, a pesar del obstruccionismo parlamentario del PP, acabarán viendo la luz más pronto que tarde.
En los últimos días del mes de julio se han dado por concluidos los trabajos previos de un pacto de Estado para luchar contra la violencia de género. Casi cuatro años han pasado desde que el PSOE, a través de una iniciativa de Elena Valenciano, intentó que el Congreso hiciera un gran acuerdo con ese objetivo, necesario a todas luces para revisar los instrumentos de los que la sociedad española se dotó hace más de diez años a través de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Ha costado pero, al final, el pacto se ha alcanzado.
Son los mismos cuatro años que han pasado desde que todos los grupos parlamentarios del Congreso, con la excepción del popular, alcanzaron un acuerdo para apoyar los objetivos de la denominada Carta por la ciencia, que impulsaron un conjunto de sociedades y organizaciones científicas y universidades. La mayoría absoluta del PP en la anterior legislatura impidió que esa iniciativa prosperara. Algunas de las propuestas contenidas en aquella carta acabaron saliendo adelante. Pero la más importante, la recuperación del porcentaje de PIB dedicado a la I+D+i que se ha perdido durante la crisis, duerme el sueño de los justos, para desesperación de investigadores y profesores. Como ha sucedido con la lucha contra la violencia de género, la nueva relación de fuerzas en el Parlamento puede resucitar la propuesta. Debería, incluso, mejorarla.
La apreciación de que necesitamos impulsar nuestra capacidad de investigación, desarrollo e innovación es asumida por todas las formaciones políticas, por las organizaciones empresariales y por los sindicatos de trabajadores. Quizá sea el de la investigación el sector en el que existe una mayor contradicción entre lo que se dice y lo que se hace; basta mirar los presupuestos, los públicos y los privados, dedicados a I+D+i para comprobarlo. Y, sin embargo, la convicción, tan compartida como jaleada, de que nuestro futuro depende de la capacidad de generar nuevos conocimientos y de aplicarlos para mejorar nuestros procesos industriales, la calidad de nuestros productos y encontrar otros nuevos, es absolutamente atinada. Como he comentado en alguna ocasión, es probable que en un futuro no muy lejano la riqueza de los países deba medirse en términos de CIB, Conocimiento Interior Bruto.
Es cierto, también, que el Sistema de Ciencia y Tecnología necesita una perspectiva estable de crecimiento de sus presupuestos, de los programas de formación y de las plantillas. Una estabilidad que solo le puede garantizar un pacto de Estado, al que difícilmente podría oponerse ningún grupo parlamentario en el actual Congreso de los Diputados, reclamado recientemente por la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce), y en el que deberían acabar implicándose las comunidades autónomas y los agentes sociales. Este pacto habría de llevar aparejada la voluntad de las Administraciones para facilitar la vida de nuestros investigadores y profesores, sometida a una incesante y kafkiana proliferación de trámites administrativos. La discusión de los Presupuestos para el año 2018 podría ser un buen momento para la discusión de un pacto de estas características. Se evitaría, de esta forma, la repetición de la frustración que el análisis de las cifras del vigente presupuesto ha supuesto para la comunidad científica.
La experiencia de los años de democracia nos ha demostrado, además, que nuestro sistema de ciencia y tecnología es muy sensible a las mejoras organizativas y presupuestarias. Basta con analizar la positiva evolución de los datos de publicaciones y patentes de los años posteriores a la aprobación de la llamada ley de la ciencia, como ha hecho el profesor Sanz Casado, que situó a nuestro país en el noveno puesto del mundo de producción científica en el año 2012.
Defendí en su momento que el PSOE se tenía que abstener para facilitar el desbloqueo de la legislatura. Lo hice convencido de que unas terceras elecciones habrían sido nefastas para nuestra democracia y también para el PSOE, dados los resultados de las segundas y la unanimidad de las encuestas en relación con una nueva repetición de los comicios. Argumenté también que la situación parlamentaria del PSOE le debía permitir aglutinar distintas mayorías para cambiar muchas de las injustas políticas del PP. Nunca podremos saber si mis predicciones sobre las terceras elecciones eran o no ciertas. Sin embargo, como he tratado de demostrar en este artículo, la debilidad parlamentaria del PP abre posibilidades ciertas para que el PSOE alcance algunos de los objetivos por los que lleva luchando los últimos años.
El último congreso de mi partido no avaló la estrategia decidida por la comisión gestora a la que me acabo de referir. Sin embargo, y con independencia de las decisiones de la nueva dirección en relación con las posibles alianzas parlamentarias, es evidente que las posibilidades de materializar acuerdos en el congreso que mejoren la vida de nuestros conciudadanos siguen ahí. El pacto por la ciencia que propongo tiene justo estas características, porque nadie puede poner en duda que nuestros esfuerzos en investigación, desarrollo e innovación de hoy son los empleos de mañana.
Alfredo Pérez Rubalcaba fue secretario general del PSOE