Bolivia se encuentra actualmente en una encrucijada crítica. En noviembre pasado, después de unas elecciones generales plagadas de presuntas irregularidades, el presidente Evo Morales se fugó al exilio después de renunciar al cargo que había ostentado durante casi 14 años. El vacío de poder resultante dio lugar a un gobierno de transición que rápidamente convocó a nuevas elecciones.
Bolivia podía haberse sumido en el caos y la violencia, pero casi por milagro los partidos políticos pusieron freno a los enfrentamientos y alcanzaron una distensión frágil, al aceptar la decisión del Tribunal Supremo Electoral de celebrar unas nuevas elecciones en mayo. Pero la controversia en torno de las elecciones del pasado octubre volvió a encenderse después de que los investigadores John Curiel y Jack R. Williams (C&W) declararan en The Washington Post “no haber encontrado ninguna razón para sospechar fraude”.
El estudio de C&W se concentra en un ámbito circunscrito del proceso electoral y, por tanto, no es capaz de disipar las sospechas de fraude en la totalidad del proceso. No obstante, la declaración categórica de C&W fue ampliamente difundida y cayó sobre Bolivia con la fuerza de una bomba de racimo, reavivando antagonismos y alentando agitadores. Es por tanto imperativo examinar el análisis y las conclusiones de aquel estudio.
El defecto más obvio del estudio de C&W es su ausencia de contexto histórico. El ascenso de Morales a la presidencia en 2006 fue indiscutiblemente democrático y representó una victoria para los bolivianos que habían sido política y económicamente marginados a lo largo de la historia del país. Pero, a medida que se fue afianzando en el poder, Morales empezó a socavar las instituciones democráticas.
Hizo caso omiso del límite constitucional a su mandato cuando esgrimió una cuestionable interpretación de la Constitución para asegurarse un tercer mandato el 2014. Envalentonado, convocó a un referendum en 2016 con el objetivo de presentarse a un cuarto mandato. Aunque perdió, Morales, desafiante, propuso revocar los límites a los mandatos y el Tribunal Constitucional Plurinacional cedió a su voluntad, lo cual anuló el plebiscito y le permitió volver a presentarse a elecciones. Así, suponer que su partido no intentó impedir que se repitiera el resultado del referendum raya con la ingenuidad pueril. En efecto, el hecho de que Morales figurara en la papeleta electoral de octubre es un fuerte indicio de que el fraude ya estaba en marcha.
La segunda falacia del estudio de marras es que ignora por completo que la preponderancia de la evidencia aparecida desde las elecciones apunta a un fraude electoral generalizado. Una auditoría realizada por la Organización de Estados Americanos (OEA) reveló manipulación e importantes irregularidades, incluida la falsificación de firmas de oficiales de mesa, actas y bases de datos adulteradas, y rupturas en las cadenas de custodia. Aún más grave, según observó la OEA, la transmisión de los datos electorales fue redirigida a dos servidores no autorizados y ocultos. Los veedores electorales de la Unión Europea también detectaron irregularidades preocupantes. Pero, sin prestar atención a estos indicios de fraude, C&W se concentraron en la interrupción del recuento preliminar de votos la noche de las elecciones—un episodio único que poco tuvo que ver con el fraude estructural.
Cuando el sistema de recuento preliminar de votos de Bolivia—llamado TREP—informó que la ventaja de Morales no era suficiente para impedir una segunda vuelta, el Tribunal Supremo Electoral suspendió subsiguientes informes. Sin embargo, cuando éste se reanudó un día después, el margen había crecido lo suficiente como para que Morales pudiera declarar victoria.
C&W pretenden demostrar que no hubo una intervención fraudulenta durante la interrupción —que el recuento de votos después del apagón fue bastante similar al recuento previo, de manera que el fraude es improbable. Pero, aun si su análisis fuera convincente, no es capaz de refutar la evidencia de fraude en otras partes del proceso electoral.
La única hipótesis para la cual C&W ofrecen asidero empírico es que no hubo un salto en la tendencia de votación después del apagón del TREP. Sin embargo, nosotros cuestionamos sus conclusiones por las tres razones siguientes.
Primera, sus resultados son tentativos, no concluyentes. Tanto la auditoría de la OEA como una posterior respuesta a C&W destacan un cambio de tendencia observable después del 84% del recuento del TREP, y un quiebre aún más pronunciado al 95% del recuento.
Si bien C&W rechazan estas observaciones, métodos alternativos de análisis corroboran las conclusiones de la OEA. En un estudio reciente con Gary Hoover de la Universidad de Oklahoma, uno de nosotros ensayó la hipótesis nula de ausencia de fraude electoral durante el apagón, y validamos los resultados con pseudo-efectos mediante un análisis de placebo. A diferencia de C&W, tuvimos en cuenta las preferencias electorales heterogéneas en diferentes regiones de Bolivia sin levantar supuestos sobre patrones de votación entre precintos. De esta manera hallamos evidencia de fraude estadísticamente significativa.
Coincidiendo con nuestras conclusiones y el informe de la OEA, Rómulo Chumacero, de la Universidad de Chile, halló que la suspensión del TREP había producido un margen inexplicable a favor de Morales. Por tanto, en virtud de la robusta evidencia que discrepa con C&W, sus resultados deben ser vistos con escepticismo y no pueden considerarse más que tentativos.
Segundo, la falta de evidencia de un salto de tendencia después del apagón no equivale, en ningún caso, a falta de evidencia de fraude generalizado. Si el fraude ya estaba cocinado con el 84% de los votos reportados antes del apagón, entonces los resultados de C&W son incapaces de juzgar si hubo o no fraude antes de tal interrupción.
Tercero, C&W estiman el comportamiento electoral en un subconjunto crítico de precintos que no entraron en el recuento incial, antes del apagón. Estos son precintos pequeños que representan el 2,2% de los votos totales. Su estimación depende de un muestreo de precintos de tamaño similar incluidos en el recuento incial. Pero si el fraude electoral es más fácil de perpetrar en distritos pequeños, C&W están extrapolando márgenes artificialmente amplios a favor de Morales.
C&W presentan un análisis astuto del apagón que en ningún caso puede ser tomado como un dictamen sobre fraude electoral porque no tiene en cuenta ni la historia relevante ni la evidencia de fraude generalizado. No obstante, C&W han presentado sus conclusiones sobre el fraude como concluyentes y categóricas y así han perdido toda credibilidad. Dada la delicada situación política de Bolivia, los investigadores que participan en este debate deben proceder con mucha cautela, no vaya a ser que en su intento de limpiar unos trastos, rompan toda la vajilla de porcelana.
Walter D. Valdivia, a former board member of the Society of Bolivian Economists, is Senior Policy Editor at the Mercatus Center at George Mason University. Diego Escobari is an associate professor at the Robert C. Vackar College of Business and Entrepreneurship at the University of Texas Rio Grande Valley, Vice President of the Society of Bolivian Economists, and a fellow at the Bolivian Academy of Economic Sciences.