Hace un par de semanas comentábamos los problemas del sistema público de pensiones, cuya reforma se encuentra ya entre las primeras prioridades del Gobierno. A ello se suma, como segundo gran aspecto de la política económica para el próximo 2017, el ajuste presupuestario que demanda la UE. Esta exigencia viene de la mano tanto del exceso en el déficit corriente como, lo que es más importante, de la manifiesta dificultad por reducir el llamado déficit estructural, es decir, el que continuaría existiendo descontando los efectos del ciclo económico.
Tanto para uno como para otro, las previsiones de la Comisión publicadas la pasada semana no son halagüeñas. Dado que esperan un avance moderado del PIB (2,3% para el 2017 y un menor 2,1% para el 2018) y en ausencia de medidas que pueda adoptar el Ejecutivo, el déficit público se reduciría solo desde el 4,6%, con que se espera cierre el 2016, al 3,8% en el 2017 (por encima del 3,1% que postula Guindos) y al 3,2% en el 2018.
Y, además, con un déficit estructural tozudamente situado en el 3,8%, tanto en el 2016 como en el 2017 y el 2018. Suponiendo que el Gobierno encuentre los soportes parlamentarios precisos para aprobar sus cuentas, el ajuste estructural que demanda Bruselas se acerca a 11.000 millones hasta el 2018. Y, de cumplirse el déficit que espera la Comisión para el 2017 (el 3,8%), ese año debería acercarse más a los 7.700 millones que a los 5.500 millones que se esperaban hace unas semanas.
Y ahí es donde se dan de la mano la reforma del sistema de pensiones y las demandas de Bruselas. Porque si hay algún gasto estructural, y creciente, en las próximas décadas, es el dedicado a pensiones. Por tanto, si el país está obligado a respetar los acuerdos del Compact Fiscal, que establecen que el déficit estructural debería ser prácticamente nulo a partir del 2018, pues ya saben: o se recorta en pensiones, o en otras partidas de los presupuestos generales del Estado, que es donde ahora se plantean los problemas.
En este ámbito, emergen dos posibilidades según se amplíen ingresos o se reduzca el gasto. Y aunque el Ejecutivo comunitario tiene un marcado sesgo hacia los recortes de este último, en España ello no parece ya posible. Y no solo porque las posibilidades de mayores recortes están muy limitadas por los ya efectuados, sino por el cansancio hacia esas políticas que refleja el cambio político operado en las últimas contiendas electorales.
Cegada esta vía, para el ajuste solo queda el ámbito impositivo. Y ahí también las posibilidades son limitadas. Rajoy ha promedio, por activa y por pasiva, que no iba a revertir la reforma del IRPF del 2015, que tan bien le fue para las elecciones; ni tampoco que iba a incrementar el IVA, un impuesto que ya experimentó notables aumentos en el 2012.
En esta tesitura, ¿qué nos espera? Pues aumentos de impuestos en algunas de las partidas menos visibles. Montoro ya ha avanzado que el impuesto sobre el patrimonio continuará a partir del 2017, con lo que no será necesario compensar a las comunidades autónomas con los 1.000 millones de euros que significaría su desaparición.
Podría haber aumentos impositivos en hidrocarburos o en tabaco y bebidas alcohólicas
También podrían producirse aumentos en hidrocarburos (el descenso del precio del petróleo deja margen) o en tabaco y alcohol, además de posibles modificaciones de la lista de productos con un gravamen superreducido del IVA (4%) o reducido (10%). Quizá también pueda haber aumentos en ingresos por el impuesto de sociedades, una vez se hayan depurado algunas de sus deducciones como parece plantearse el Gobierno.
Esa inevitable subida fiscal, ¿es la adecuada? Pues depende de cómo le vaya en la fiesta. Desde mi óptica, nuestros problemas presupuestarios se explican mejor si se recuerda que, en el 2016, nuestro ingreso público (en el 38% del PIB) se sitúa entre los más bajos de la UE, solo por encima del de Letonia (35,8%), Bulgaria (35,6%), Lituania (34,5%) y Rumania (31,6%).
Como pueden apreciar, no muy buenas compañías en ese ránking de ingresos y, por tanto, de bienestar social. Además, es un peso muy alejado del 46,2% de media de la Eurozona y, por descontado, a años luz de los que obtienen Finlandia (54,9%), Dinamarca (53,8%), Francia (53,2%), Bélgica (50,8%) o Suecia (49,8%), e incluso del 45% de las más liberal economía alemana.
Dado que el déficit medio del área del euro es del -1,8% de su PIB, comprenderán que nuestro problema no es de gasto (en el 42,6% en el 2016, frente al 48% del área) sino de ingresos. Por ello, las potenciales alzas no deberían escandalizarnos, aunque duelan. Porque, guste más o menos, el Estado de bienestar hay que pagarlo.
Josep Oliver Alonso, UAB y EuropeG.