El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha empezado a escribir una historia vieja que quiere vendernos como nueva: la del caudillo latinoamericano que acumula poder, busca eliminar a la oposición y usa los recursos del Estado para beneficiarse. Lo diferente en Bukele es su tonalidad camaleónica: en su carrera política lo mismo ha sido izquierdista radical que anticomunista.
El siguiente paso de esa historia es su reelección en 2024, la cual buscará según un anuncio que hizo la semana pasada, aunque sabe que es inconstitucional. Lo ha dicho al menos dos veces en los últimos años. La más reciente, en marzo de 2021, durante una entrevista con el famoso youtuber mexicano Luisito Comunica. Bukele, entonces, fue enfático: “No hay reelección en El Salvador y yo estaría fuera a los 42 años”.
La Constitución salvadoreña es clara en tildar como ilegal la reelección presidencial. No solo eso: establece como una falta, bajo pena de perder derechos de ciudadano, “promover o apoyar la reelección o la continuación del presidente de la República, o emplear medios directos encaminados a ese fin”. Pero la ambición es grande y, en su discurso del 15 de septiembre, Bukele pintó a su régimen autocrático, personalista y clientelar como una especie de paraíso antiimperialista donde cripto-anarcos conviven con viejos marxistas.
La trama de la reelección de Bukele no es algo nuevo, se fue gestando en cuatros momentos: el amague de autogolpe de Estado, en febrero de 2020; el descabezamiento de la Corte Suprema de Justicia, en mayo de 2021; la declaración de su reelección como constitucional por una Corte espuria, en septiembre de 2021; y el anuncio reciente de que participará en la campaña presidencial de 2024.
Esa historia empieza el 20 de febrero de 2020, cuando Bukele hizo un primer amague de autogolpe al entrar con militares a la Asamblea Legislativa salvadoreña —entonces controlada por la oposición— con la intención de forzar a los asambleístas a aprobar un préstamo internacional para temas de seguridad. Un tímido Estados Unidos, entonces gobernado por Donald Trump, apenas y mostró preocupación por el hecho.
Tras las elecciones de 2021 su partido, Nuevas Ideas, logró la mayoría calificada de dicha Asamblea. En mayo de 2021, Bukele decidió utilizar esa mayoría para descabezar la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. A Bukele no le importó romper con la legalidad y elegir nuevos magistrados que no cumplían con los requisitos de ley. Al mismo tiempo, la bancada de Nuevas Ideas impuso a Rodolfo Delgado como nuevo fiscal general.
Detrás de este segundo momento estaba uno de sus operadores principales, Javier Argueta, un abogado que alguna vez defendió a la empresa privada salvadoreña, y al cual los Estados Unidos ha sancionado por ser la mente maestra detrás del descabezamiento de la Corte.
El tercer paso se realizó el 4 septiembre de 2021. La nueva Corte Suprema de Justicia, controlada por el mandatario, declaró “constitucional” la reelección presidencial. El argumento de la Corte era simple: si la gente quiere, debe ser constitucional. Estados Unidos respondió señalando que la declaración de la Corte daña la democracia y que la reelección inmediata es inconstitucional.
Sin embargo, a partir de ese momento funcionarios y propagandistas de Bukele ya habían dado como un hecho la reelección a través de medios tradicionales y de redes sociales. Bukele se había quedado callado hasta que, en el cuarto paso de la trama, lanzó el anuncio de su reelección. Esto sucedió tras una masiva protesta en su contra en las calles de San Salvador y de que Estados Unidos hubiera sancionado a buena parte de su gabinete y bancada oficial, incluyendo al jefe de la fracción de su partido en la Asamblea, al viceministro de Seguridad y su secretario de Prensa.
En estos primeros años en el poder, Bukele ha provocado retrocesos fuertes en el país. No solo no ha eliminado a las pandillas, sino que las ha fortalecido con una tregua que incluye la protección de sus cabecillas. Ha sumergido a la población más pobre en un eterno estado de excepción, ha perfeccionado el arte de la manipulación de los datos de homicidios y encamina a la pequeña economía salvadoreña al impago de deuda.
Al mismo tiempo que Bukele se aísla internacionalmente, el mandatario ve a atornillarse al poder como su única posibilidad de sobrevivencia. Por eso, requiere un quinto paso: ganar las elecciones presidenciales y legislativas de 2024. Los congresistas oficialistas han sugerido que en los comicios podrían emplear voto electrónico para los salvadoreños en la diáspora. Esto solo aumentaría las posibilidades de un fraude electoral a favor de Bukele, de acuerdo con líderes salvadoreños en Estados Unidos.
La reelección parece consumada. En la campaña electoral, el mandatario tratará de venderle a los salvadoreños que es el único que puede continuar las supuestas transformaciones que ha encabezado. Y, sin duda, jugará el papel de víctima contra un supuesto intervencionismo estadounidense.
Bukele sigue el guion de otros caudillos centroamericanos como el nicaragüense Daniel Ortega y el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández: ganan elecciones prometiendo transparencia pero, al llegar al poder, consolidan su estancia mediante el uso de los recursos del Estado como propios y buscan eliminar todo disenso. Sin embargo, la posición de Bukele es más precaria que la de Ortega y Hernández. El salvadoreño tiene en su alta popularidad y el hecho de que fue electo democráticamente en 2019 como únicas fuentes de credibilidad. Una reelección inconstitucional puede hacer peligrar el reconocimiento internacional. Bukele lo sabe, por eso la tragicomedia de El Salvador la escribe con fanáticos y mercenarios.
Ricardo Valencia es profesor asistente de la Universidad Estatal de California en Fullerton.