Al ministro José Ignacio Wert

Un grupo de profesores, convocados por la catedrática de Derecho Administrativo Mercedes Fuertes, se reunió en la facultad de Derecho de la Universidad de León para discutir sobre un tema eterno: la organización y el funcionamiento de la enseñanza superior. En unas jornadas abiertas al público, doce ponentes debatieron la actual situación de la universidad desde una perspectiva extremadamente crítica.

Desde el exterior se pensará que esta crítica es habitual en la universidad, algo inherente a su cometido. Hoy, sin embargo, ya no es así, cuando menos la crítica pública. Ciertamente, en los pasillos y en las conversaciones privadas, muchos profesores muestran su descontento, fatiga y desánimo. Pero las críticas suelen hacerse en voz baja, no sea que ello pueda afectar a las subvenciones que reciben, a sus cargos y carguillos; o bien a simple pereza, a un gran escepticismo respecto a la posibilidad de conseguir mejoras, a la comodidad ante acciones colectivas que exigen esfuerzo y tiempo.

No es casualidad que estas jornadas tuvieran lugar en León. En efecto, uno de los escasos focos críticos a la realidad universitaria actual, probablemente el más activo durante los últimos años, ha sido el blog Faneca, auspiciado, entre otros, por Juan Antonio García Amado, catedrático de Filosofía del Derecho en esta ciudad. En torno a este blog se ha conseguido formar un núcleo de universitarios críticos que, mediante internet, ha logrado, a pesar de la distancia física, comunicarse entre sí para convencerse de que no son bichos raros ni están solos, que somos muchos los disconformes con el rumbo de la universidad en los últimos años, de forma acentuada desde la reforma en 2007 de la ley de Universidades.

Frente a lo que puedan creer los indolentes y perezosos, desde esta plataforma de Faneca se consiguió en el invierno del año pasado que se firmara un documento crítico sobre el anteproyecto de reglamento de profesorado que estaba perpetrando el Ministerio, el cual fue suscrito por cerca de tres mil firmas, y, aún en julio, un segundo que recogía el parecer de unas decenas de reconocidas personalidades académicas. Estos dos documentos consiguieron frenar la aprobación del anteproyecto en cuestión. Lo cual demuestra que en una democracia, por imperfecta que sea, las acciones colectivas del ciudadano, si están bien razonadas, a veces tienen efectos sobre el poder político y que los esfuerzos por hacer oír las voces críticas de la sociedad, no resultan, en ocasiones, tan inútiles como algunos piensan. Quien primero debe controlar a los poderes públicos es el ciudadano y la primera causa del mal gobierno es la sumisa apatía del pueblo.

Se habló de casi todo en León. En líneas generales, se reiteraron muchas de las críticas que los ponentes habían ya formulado en otros foros. Sin embargo, en los detalles, en las cifras, en las experiencias propias, en el relato del funcionamiento de ciertas instituciones clave, como por ejemplo la Aneca, fueron también muchas las nuevas aportaciones.

El primer problema de la universidad, se dijo, es la mala preparación de quienes ingresan en ella como estudiantes, lo cual nos conduce a una cuestión previa: los fallos en la enseñanza primaria y secundaria. Hubo un amplio consenso en atribuir la culpa principal a las modas pedagógicas de los años setenta y ochenta, elevadas a ley por la Logse. Por ello asombra constatar que estas modas –en el resto del mundo tan pasadas de moda, valga la redundancia– se impongan, precisamente ahora, con ocasión del plan Bolonia, en la docencia universitaria. Sus principales consecuencias: escasos conocimientos y poco interés y trabajo por parte de los estudiantes.

Un segundo problema es el actual procedimiento de acceso al profesorado universitario. El actual sistema de acreditaciones por puntos suele premiar a los mediocres que se ponen a la cola y no a los mejores. También en esto hubo un amplio acuerdo. Asimismo, se puso en cuestión el actual sistema de ayudas a la investigación y el despilfarro en inversiones universitarias, más atentas al clientelismo político que a una eficaz planificación. El problema no está en invertir más sino en invertir mejor.

Por último, muchas intervenciones resaltaron la perversión del sistema de gobierno universitario, burocrático e ineficiente, corporativo y nada democrático, que elude rendir cuentas ante los poderes públicos que financian la enseñanza superior. La autonomía universitaria mal entendida acaba siendo un fraude, un coto cerrado, sustraído al control de los ciudadanos que son, en último término, quienes sufragan los gastos mediante sus impuestos. Para muchos ahí está la clave de todo el asunto: la reforma de la universidad debe venir de fuera de la universidad porque una trama de intereses gremiales en su interior impide cualquier cambio.

El nuevo ministro José Ignacio Wert, tan locuaz en otras materias, apenas se ha pronunciado sobre la universidad. Haría bien en plantearse estas cuestiones. Son tiempos de crisis económica, pero la mejora de la universidad requiere más inteligencia que recursos.

Por Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.

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