La okupación ilegal de viviendas se ha disparado en España desde que gobierna Pedro Sánchez. Aunque es difícil conocer la cifra real de viviendas okupadas, según los datos de la propia Administración del Estado, se calcula que ha crecido un 40% desde 2018. Ante este alarmante repunte, el Partido Popular no ha dejado de plantear medidas para atajar el problema de una manera integral, como la reciente proposición de ley orgánica contra la ocupación ilegal, para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios que hemos presentado en el Congreso de los Diputados y que se debatirá esta tarde.
Si este fenómeno delictivo ha crecido tanto en los últimos años, se ha debido también a la inacción de un Gobierno que, tanto en el discurso como en la acción política, ha generado un clima de impunidad frente a la okupación, dejando desprotegidos a tantos y tantos ciudadanos.
Sánchez ha renunciado expresamente a proteger a los propietarios, como puede comprobarse en su ley de vivienda que se debate estos meses. Por no hablar de la posición de sus socios de Podemos e independentistas, que se han reconocido abiertamente partidarios de la okupación ilegal, tanto en su faceta de activistas como en la de gobernantes. No es una cuestión menor, porque los discursos que se hacen desde las instituciones tienen consecuencias. Así, no es casual que, según los datos del primer semestre de 2022 del propio Gobierno, en la provincia de Barcelona se produzcan más de 15 okupaciones al día. Alentar o consentir desde posiciones de poder nacional, autonómico o local, comportamientos contrarios a los derechos legítimos de las personas y a la convivencia vecinal supone, cuando menos, una enorme irresponsabilidad.
Debemos tener en cuenta que la propiedad de vivienda constituye una de las formas de ahorro más extendidas en nuestro país. Muchísimos ciudadanos invierten largos años de trabajo, esfuerzo y sacrificios en la compra de sus viviendas. Comprar una casa es el sueño de muchas familias, al que dedican una buena parte de su patrimonio. Para cualquier persona, el hogar es la esfera más íntima, el reducto de la vida familiar, el espacio que se comparte con los seres queridos y donde se convive con los recuerdos y las cosas que hacen el día a día de cada uno. Desproteger la vivienda es desproteger todo eso, algo que la más elemental sensibilidad debería hacernos ver y valorar.
En un país como España, con esa realidad de cultura del ahorro, la política de vivienda no está ni para hacer demagogia ni para complicar aún más el día a día de unos ciudadanos ya bastante asfixiados por la inflación.
La política de vivienda debe centrarse, también, en dar seguridad jurídica a los propietarios y en garantizar la convivencia vecinal. Precisamente, lo que no ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez durante estos cuatro años.
En el Partido Popular somos muy conscientes del problema y entendemos que preocupe cada día más a más ciudadanos. De ahí que nuestra ley antiokupación aborde sus múltiples aspectos y consecuencias. Define por primera vez qué es la okupación ilegal y plantea medidas ágiles de protección a los legítimos propietarios. Establece un plazo máximo de 24 horas para el desalojo, para evitar largos y tediosos procesos que conllevan una enorme frustración para el ciudadano. También se refuerzan las penas del delito de usurpación, de forma que no haya sensación de impunidad. Y se descarta que el okupante ilegal pueda alegar la protección de morada ante la actuación de la autoridad. Otro aspecto relevante es que la reforma actúa también contra las mafias y grupos organizados dedicados a lucrarse con la okupación ilegal, con un agravamiento de las penas.
Por otro lado, como se ha comprobado con demasiada frecuencia, la okupación ilegal puede afectar muy negativamente a las comunidades de vecinos, poniendo en peligro la seguridad, la salubridad o la propia convivencia vecinal pacífica y respetuosa. Buscando esa salvaguarda de la convivencia, la reforma da -por vez primera en nuestro ordenamiento- medios de defensa jurídica a la comunidad de propietarios, tanto con acciones preventivas como pudiendo acudir a las autoridades cuando, en ausencia del propietario, los okupantes realicen actividades prohibidas, incívicas o insalubres.
Por último, plantea una serie de beneficios de carácter fiscal: tanto la devolución a los propietarios de las cantidades abonadas en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles e Impuesto de Patrimonio durante el tiempo que su vivienda ha sido okupada, como, en su caso, el mantenimiento de la consideración de residencia habitual del propietario si lo era antes de la privación ilegítima de su propiedad.
En definitiva, el Partido Popular se pone de nuevo al lado de los españoles, dando respuesta a sus preocupaciones reales y planteando una política de soluciones basada en la defensa de la propiedad privada, en la protección efectiva de las personas y en la convivencia vecinal pacífica.
Cuca Gamarra es secretaria general del PP y portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.