En junio pasado, la Comisión Europea anunció un giro de 180 grados en cuanto a la reestructuración bancaria. El dinero para recapitalizar los bancos en dificultades ahora vendría principalmente de los acreedores, no de los contribuyentes europeos, y se les pagaría según un orden específico. Todo suena muy bien, al menos en teoría. Sin embargo, en la práctica, el esquema deja mucho que desear.
El problema es que una lista muy larga de excepciones reduce los activos recuperables a tal grado que en muchos casos seguirá siendo imposible operar sin dinero público. El plan de largo plazo es que este dinero vendría de un fondo creado por los propios bancos europeos. Sin embargo, el Eurogrupo (reunión de ministros de Finanzas de la eurozona, a la que asisten el Comisario de la UE de Asuntos Económicos y Monetarios y el Presidente del Banco Central Europeo) sugiere que, hasta entonces, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) –y por ende, los contribuyentes– aporten los recursos faltantes.
Así pues, dado que los contribuyentes supuestamente deben financiar garantías de depósitos de hasta 100,000 euros (133,000 dólares) –el nivel medio de la riqueza de las familias holandesas y el doble de la media alemana– la propuesta del Eurogrupo se reduce a una enorme redistribución de riqueza en Europa, cuyas dimensiones no ha comprendido el público.
La idea de eximir la deuda garantizada de los bancos del esquema de recapitalización según un orden específico es muy complicada también. Si bien la propuesta parece inofensiva y casi obvia, no lo es; la deuda garantizada no necesita mayor protección porque ya se garantizó. Desde esta perspectiva, la protección adicional que ofrece dicha exención causa gran sorpresa.
La exención para deudas garantizadas sin duda solo concierne principalmente al refinanciamiento de créditos que el BCE ha extendido a bancos comerciales con garantías cada vez más insuficientes. Para las economías en crisis de la eurozona (Chipre, Grecia, Irlanda, Italia, Portugal y España), la deuda combinada total es de 732 mil millones de euros. Estos créditos rebasan por mucho la liquidez que necesitan estos países para la circulación interna, para la cual un máximo de 335 mil millones de euros –sus activos disponibles de dinero del banco central– habría sido suficiente. En cambio, al flexibilizar los estándares de seguridad, rescatar a inversionistas extranjeros y financiar déficits de cuenta corriente, el BCE ha socavado y sustituido el mercado interbancario europeo privado.
Como numerosos bancos en los países en crisis están al borde de la bancarrota, muchos de estos créditos ahora se han vuelto tóxicos. Después de todo, si se toma en consideración el promedio de las estimaciones reportadas por fuentes prestigiadas, las pérdidas por concepto de deudas incobrables anuladas de los bancos de los seis países en recesión ascienden aproximadamente a 670 mil millones de euros. Absorber parte de las pérdidas pondría gran presión al Eurosistema (el BCE y los bancos centrales de los Estados miembros de la eurozona), que solo tiene 500 mil millones de euros en capital propio. El riesgo de la estrategia del BCE de imprimir dinero para rescatar bancos, incluidos sus clientes públicos y privados, será evidente para cualquiera.
Así pues, es claro cómo se deben evitar las pérdidas que ha tenido el BCE debido a su política fiscal regional de facto: los costos generados por la anulación de las deudas incobrables se transferirán del BCE al MEDE. Esto no cambia en nada para los contribuyentes, que tendrán que pagar por las pérdidas de las dos instituciones de igual modo. Pero tiene la ventaja de permitir que el BCE se presente a sí mismo con hojas de balance limpias, lo que le permitiría mantener su política actual.
En última instancia, esto es meramente una nueva ronda del viejo juego de escondite financiero de la eurozona en el que las pérdidas se disimulan mediante su distribución entre instituciones y horizontes de tiempo diferentes. El juego empezó con el fondo de rescate para Grecia, que desembocó en el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera y el Fondo Monetario Internacional, que a su vez fueron relevados por el MEDE. En cada caso, el objetivo principal era reducir la carga del BCE, que había impreso dinero, que había ofrecido previamente, pero que le pudo haber traído serias dificultades de no haber obtenido ayuda.
El acuerdo en conjunto es demasiado complicado desde el punto de vista de la democracia porque las decisiones iniciales sobre limitar los mercados de capital mediante la creación de crédito público se tomaron por el Consejo de Gobierno del BCE, en donde países grandes como Francia o Alemania tienen el mismo poder de voto que Chipre o Malta. En efecto, la asignación de asistencia de liquidez de emergencia de los bancos centrales nacionales requirió de la aprobación de tan solo una tercera parte de los miembros del Consejo de Gobierno y los seis países en crisis tenían estos votos. De acuerdo con la propuesta del Eurogrupo, los créditos autoasignados ahora también serán garantizados por los fondos del MEDE.
Si bien los parlamentos nacionales de la UE tienen todavía que aprobar el esquema, prácticamente no tienen opción y aceptar, pues de lo contrario se dañaría seriamente al BCE. Cuando finalmente tengan que votar sobre el asunto –años después de las maniobras de crédito riesgosas del BCE– no tendrán otra alternativa que rescatarlo, la verdadera hegemonía de la eurozona.
Hans-Werner Sinn, Professor of Economics at the University of Munich, is President of the Ifo Institute for Economic Research and serves on the German economy ministry’s Advisory Council. He is the author of Can Germany be Saved?. Traducción de Kena Nequiz.