Al servicio de los ciudadanos

Veintiuno de julio de 1969. 02:56 UTC. Cuatro días después de despegar desde el Kennedy Space Center en Florida, Neil Armstrong pone el pie en la luna y pronuncia la famosa frase: “Un pequeño paso para un hombre, un paso de gigante para la humanidad”. Se pasa dos horas caminando por la superficie lunar con Buzz Aldrin y, cuando finalizan, el pequeño vehículo que los ha llevado hasta allí, se eleva de nuevo y se acopla al módulo de comando que se ha quedado orbitando con Michael Collins. Los tres llegan a la Tierra cuatro días después.

En el centro de toda esta espectacular obra de ingeniería está el más potente ordenador del momento: el IBM System/360 Modelo 75. Es tan grande como un edificio entero, pesa varias toneladas, cuesta millones de dólares y tiene menos capacidad que… ¡ un IPhone!

Cuarenta y cinco años después, hay cerca de mil millones de smartphones (o listófonos como se apresurarán en llamarlo los mismos iluminados que nos trajeron el balompié y el güisqui). Pero en lugar de utilizar todo ese poder computacional para enviar hombres a la Luna, sus propietarios los utilizan para matar cerdos a golpe de pájaro. Las prioridades de la sociedad son distintas. Y no lo digo como una crítica a los “Angry Birds” ni estoy sugiriendo que enviar hombres a la Luna sea mucho más productivo, útil o deseable que jugar con las aplicaciones del Iphone. Lo que digo es que tener una gran capacidad computacional no necesariamente nos lleva a conseguir metas más altas. Es una simple cuestión de objetivos.

Todo esto me viene a la cabeza cuando oigo decir que los recortes en el sector público reducen necesariamente los servicios que recibe el ciudadano. La pregunta es: ¿es verdad que menos gasto necesariamente implica menos servicios? Hay analistas económicos (que a menudo son catedráticos de políticas públicas) que dicen que sí. Al menos eso se deduce de sus estudios en lo que equiparan el gasto público y las prestaciones. El problema es que identificar gasto con servicio es rudimentario y carece totalmente de sentido por dos razones. La primera es que hay mucho gasto inútil. Y la segunda es que diferentes tecnologías permiten tener diferentes prestaciones con un mismo gasto. ¿Por qué no utilizar, pues, el monumental poder tecnológico del que disfrutamos, no para matar cerdos a golpe de pájaro o para enviar hombres a la Luna sino para mantener los servicios públicos con un gasto menor?

Por ejemplo, el mismo cloud computing que está siendo utilizando por empresas privadas para reducir costes podría implementarse en el Gobierno con el mismo objetivo. En lugar de organizar a los empleados públicos por ministerios, cada uno con su burocracia, sus expertos informáticos y sus cuerpos legales, se podrían organizan todos como un gran cuerpo de súperexpertos que operan desde la nube para cualquier ministerio que lo requiera. Un día trabajarían para el Ministerio de Interior y al día siguiente para el de Fomento o Sanidad. Como todos sus trabajos estarían en la nube a la vista de todos, se evitaría duplicar proyectos o repetición de errores, cosa que ahorraría miles de millones de euros.

Más ejemplos. Hace décadas que los economistas decimos que la mejor manera de financiar servicios públicos con problemas de congestión como las carreteras no son los impuestos ordinarios sino el cobro directo a los usuarios. Hasta ahora, la manera de hacerlo eran los peajes pero estos son incómodos y pueden generar colas. Las nuevas tecnologías asociadas al GPS permiten hoy cobrar al usuario de la carretera sin tener que pararlo en un peaje. Y hablando de GPS, también se podría incorporar a pulseras de seguimiento electrónico para rebajar el número de reclusos no peligrosos en las cárceles reduciendo así los costes penitenciarios. Más. Las nuevas teorías de psicología conductural permiten diseñar los modernos supermercados situando cada uno de los productos en el lugar óptimo (y eso incluye los chicles al lado de la caja registradora) para que los clientes gasten lo máximo posible. Esas mismas técnicas pueden ayudar a entender mejor qué incentivos mueven a los ciudadanos para conseguir resultados deseables en materia, por ejemplo, de evasión fiscal. La telemedicina puede contribuir a reducir costes y, a la vez, descongestionar hospitales. Y en mi artículo del pasado 17/XII/2012 (“Señor Wert, es una inmoralidad”), ya expliqué cómo la tecnología permite mejorar el sistema educativo. ¡Las posibilidades son infinitas!

Utilizar tecnologías para modernizar y reducir costes sin perder productividad y eficiencia es normal en el sector privado pero parece una idea extravagante en el sector público. Y es que la innovación en el sector público tiene la oposición frontal de tres estamentos importantes. El primero es el funcionariado, de naturaleza conservadora, burócrata y reticente a cambiar. El segundo es la clase política, que siempre ha utilizado el sector público (y sus puestos de trabajo) como una herramienta para ganar votos y para colocar a amigos, familiares y simpatizantes del partido. Y finalmente, el de los intelectuales (muchos de los cuales también son funcionarios) que piensan que el sector público es un gran centro de empleo para gente que en algún momento de su vida ha sabido memorizar, como ellos, 200 temas para pasar unas oposiciones.

A los tres grupos se les debería explicar que el Estado no es, o no debería ser, un instrumento al servicio de funcionarios y partidos políticos, sino un instrumento al servicio de los ciudadanos.

Xavier Sala i Martín

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