Alemania contra el euro

Por lo general, se demanda a personas o instituciones ante la Justicia cuando las cosas salen mal y de ello se sigue una pelea sobre quién es el responsable de los daños. Así, pues, la vista del Tribunal Constitucional alemán celebrada los días 11 y 12 de junio para examinar la legalidad del programa de las llamadas operaciones monetarias de contraventa del Banco Central Europeo fue peculiar. Aquí tenemos una pelea en relación con la medida de política monetaria más lograda de los últimos decenios… no sólo en Europa, sino en cualquier sitio.

El anuncio en julio de 2012 del plan de operaciones monetarias de compraventa redujo los tipos de interés tanto para las empresas como para los gobiernos y devolvió capital privado muy necesario a países afectados por la crisis, con lo que ayudó a mitigar el golpe de la profunda recesión que padece la periferia de Europa. También le devolvió el más escaso de los activos: la confianza en la viabilidad de la economía de la zona del euro y su moneda, el euro.

Lo mejor de todo fue que ninguno de esos logros ha costado un solo euro. Lo único que hizo falta fue una simple declaración del Presidente del BCE, Mario Draghi, y su Junta de Gobernadores, en el sentido de que haría “todo lo que [fuera] necesario” para comprar la deuda soberana de los miembros de la zona del euro, con la condición de que cumpliesen unas condiciones fiscales rigurosas. Ningún país ha pedido ayuda hasta ahora.

Pero, si bien las repercusiones positivas del programa de operaciones monetarias de compraventa son una prueba de su éxito, ha recibido ataques feroces del público, los partidos políticos y los economistas alemanes. Una encuesta de opinión reciente muestra que sólo una tercera parte de los alemanes es partidaria de ese plan, mientras que la mayoría se opone a él y ahora se pide al Tribunal Constitucional que lo revoque.

¿Por qué habría de desear alguien –y, en particular, un europeo– acabar con un programa que hasta ahora ha contribuido a salvar la moneda común?

Los oponentes alemanes del plan de operaciones monetarias de compraventa afirman que es inconstitucional porque no es una política monetaria, sino una política fiscal encaminada a financiar a Estados insolventes y letárgicos de la zona del euro. Sostienen que el de rescatar el euro o prevenir que algunos países salgan de la unión monetaria no es un cometido del BCE.

Esas quejas son tanto más peculiares cuanto que Alemania es una importante beneficiaria del anuncio de las operaciones monetarias de compraventa: sus riesgos financieros directos, gracias a los saldos del sistema Target2 y a las cifras del balance del BCE, se han reducido, pese a la recesión de la zona del euro.

En vista de esos beneficios, parece masoquista por parte de los alemanes oponerse a la estrategia del BCE. Así, pues hemos de preguntarnos de nuevo por qué hay tanta resistencia a ella en Alemania.

Una parte de la respuesta estriba en la marcada tendencia de Alemania a la Ordnungspolitik o “política de estabilidad”, que casi siempre concede prelación a las normas sobre la discrecionalidad. El éxito puede significar fracaso, si se logra con instrumentos dudosos.

Otra razón es la de que los alemanes están hartos de ser el chivo expiatorio de Europa: se los acusa de ser los culpables de los males de sus vecinos, al tiempo que se les pide que corran riesgos y brinden generosas transferencias financieras.

De hecho, entre algunos de los miembros de la minoría intelectual selecta de Alemania, la desconfianza de Europa y de sus instituciones es tan profunda, que se sospecha que cualquier nueva política europea es una conjura para obtener dinero alemán.

Esa opinión está ganando terreno también políticamente, con un nuevo partido explícitamente antieuro, Alternativa para Alemania, en rápido ascenso. Además, un número cada vez mayor de alemanes, a las claras o en secreto, quiere recuperar el marco alemán.

El problema es que podrían conseguir lo que desean. Si el Tribunal Constitucional alemán impone límites al programa de operaciones monetarias de compraventa, las consecuencias serían terribles, pues volverían ineficaz la garantía del BCE de hacer “todo lo que sea necesario”.

No cabe duda de que los mercados financieros reaccionarían rápidamente y reavivarían los temores del verano pasado. Sin una institución normativa capacitada para dirigir, países como Italia y España volverían a encontrarse al borde de la insolvencia inducida por el pánico. El resultado sería una profunda depresión europea, que casi con toda seguridad arrastraría la economía alemana e invertiría el proceso de integración europea.

En realidad, no es probable que el Tribunal Constitucional alemán prohíba el programa de operaciones monetarias de compraventa, pero podría sentir la tentación de imponer algunos límites al BCE y con ello internar a Europa por una senda hacia una crisis más profunda y, aunque el Tribunal se abstenga de poner límites, el problema subyacente –la aversión alemana cada vez mayor a todo lo europeo– no desaparecerá.

Sólo hay una forma sensata de avanzar. Los socios europeos de Alemania, en particular Francia, deben persuadirla para que vuelva a colaborar con Europa y se haga cargo de su responsabilidad por la integración europea. La oposición de los dirigentes alemanes a toda propuesta de reforma institucional puede ser excusable ahora, cuando falta poco para las elecciones generales, que se celebrarán en septiembre, pero, una vez que el nuevo gobierno tome posesión, la constante negativa de Alemania a actuar para resolver los problemas de Europa sería enteramente indefendible.

Marcel Fratzscher, a former head of International Policy Analysis at the European Central Bank, is President of the German Institute for Economic Research (DIW Berlin) and Professor of Macroeconomics and Finance at Humboldt University of Berlin. Traducido del inglés por Carlos Manzano.

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