Alemania versus el BCE

En los últimos meses, el debate alemán sobre política fiscal y monetaria ha tomado un giro interesante. Los antiguos dogmas económicos profundamente arraigados, entre ellos que el sector público debe esforzarse por generar un excedente fiscal sin importar las condiciones macroeconómicas, están siendo revalorados, al menos por algunos.

La situación económica está cambiando rápidamente para peor. La economía alemana –durante mucho tiempo el motor del crecimiento de la eurozona- está incuestionablemente chisporroteando. Las poderosas corrientes subyacentes contribuyen a la desaceleración. Como resultado de ello, existe una alta probabilidad de una recesión alemana típica (en términos de profundidad y duración), si no peor.

El principal viento en contra, por supuesto, es la incertidumbre que genera el contexto comercial altamente contencioso a nivel global. Esto representa una particular amenaza para las economías abiertas como Alemania y sus vecinos, que están profundamente integrados en las cadenas de valor de sus fabricantes.

Las crecientes tensiones comerciales globales afectarán a Europa en ambos sentidos: indirectamente –a través del canal de China- y directamente, por ejemplo, a través de los aranceles norteamericanos anunciados, luego de la reciente decisión de la Organización Mundial de Comercio respecto de la ayuda estatal al grupo aeroespacial europeo Airbus. Una represalia de ojo por ojo de parte de la Unión Europea contra los subsidios estadounidenses para Boeing, probablemente respaldada por la OMC, será la respuesta lógica.

Atrás quedaron aquellos buenos tiempos –o malos, para algunos- de los acuerdos comerciales multilaterales. Hoy, las barreras arancelarias y no arancelarias vuelven a estar de moda, en parte porque los grandes desequilibrios comerciales bilaterales, más allá de un cierto nivel, inevitablemente parecen provocar un reflejo entre algunos responsables de políticas para proteger los mercados domésticos en beneficio de los productores locales y sus empleados (muchas veces concentrados regionalmente). El comercio, al igual que la disrupción tecnológica, tiene consecuencias redistributivas que los responsables de las políticas ignoran bajo su propio riesgo, y por ende implica una necesidad de ajuste y cambio estructural.

En consecuencia, los grandes superávits de cuenta corriente de Alemania, desde hace mucho tiempo superiores al 6% del PIB, están generando cada vez más tensiones con otros países “que importan en exceso”, esencialmente Estados Unidos, que deben incurrir en déficits de cuenta corriente conmensurablemente grandes y desproporcionados.

Dado el alto riesgo de recesión en Alemania, la respuesta aparentemente obvia sería utilizar tanto la política fiscal como la monetaria –las dos “siervas” macroeconómicas, como las describía el economista norteamericano Arthur Okun- y justificar el impacto de ambas.

La política fiscal y monetaria inevitablemente interactúan para influir en la actividad económica en lo que el economista James Tobin llamaba el “embudo común”. El debate sobre política económica en la eurozona suele ignorar esta interacción. Reconocerla, en cambio, les dejaría a los críticos mucho menos espacio para un ataque del BCE.

En un estado federal, el nivel superior de gobierno, muchas veces responsable del grueso del gasto público, normalmente está a cargo de implementar políticas fiscales para contrarrestar una desaceleración. Estas medidas estabilizadoras pueden ser automáticas, ya que los ingresos y gastos presupuestarios fluctúan con el ciclo económico. O pueden ser activas y fomentar intencionalmente la demanda interna con el objetivo de reactivar la economía. Mientras tanto, la segunda sierva ajusta las tasas de política monetaria y/o el acceso a fondos en busca del mismo objetivo de estabilización.

Es aquí donde los factores específicos de la eurozona complican las cosas. La UE (y más aún la eurozona) es más que una confederación, pero mucho menos que una federación. En consecuencia, las mecánicas del embudo común son diferentes. En teoría, los estados miembro de la eurozona, al ser subsoberanos monetarios, deberían llevar a cabo la función de estabilización fiscal. Pero, en la práctica, no lo hacen, porque están restringidos por las reglas cuasi-constitucionales del “compacto fiscal” de la UE o porque las finanzas vulnerables de su sector público los dejan a merced de los mercados de deuda. Otros gobiernos de la eurozona, por otra parte, tal vez no vean ninguna necesidad de medidas fiscales contracíclicas, aunque tengan espacio fiscal para introducirlas.

Esto coloca la mayor parte de la carga de estabilización sobre el Banco Central Europeo –que no tiene el mandato de garantizar la producción-. El ciclo comercial influye en la política del banco central sólo de manera indirecta, a través de sus efectos en los precios al consumidor.

Pero el BCE prácticamente ha agotado sus herramientas de política monetaria poco convencionales, como las compras de títulos en gran escala y las tasas de interés negativas. Si bien aportó evidencia sobre los beneficios netos de estas herramientas, el BCE ha reconocido sus potenciales efectos colaterales negativos, como su impacto potencialmente adverso en la resiliencia de los sectores bancario y de seguros de la eurozona. El presidente del BCE, Mario Draghi, ha instado debidamente a los gobiernos nacionales que tengan espacio de maniobra a asumir parte de la carga de estabilización ofreciendo estímulo fiscal.

No hacerlo pone en aprietos al BCE y erosiona su independencia, al igual que no abordar la capacidad excesiva en la industria bancaria de Europa. Esto es responsabilidad de la política fiscal y vendría con consecuencias presupuestarias. Es triste decirlo, pero obligar esencialmente al BCE a utilizar su balance (ofreciendo liquidez por períodos cada vez más prolongados para lidiar con cuestiones de insolvencia) es incomparablemente más atractivo para muchos políticos nacionales. También hace que atacar al banco central resulte mucho más fácil.

La buena noticia para el BCE es que los responsables de las políticas, inclusive en la frugal Holanda, al menos están discutiendo otra vez políticas fiscales contracíclicas. Obviamente, la gente razonable puede tener opiniones diferentes. De hecho, la mayoría de las propuestas para hacer frente a las crisis siempre han sido colaborativas, y ahora el equilibrio parece estar cambiando en la eurozona.

Pero el debate sobre políticas debe volverse menos macro y más concreto. Dadas sus respectivas versiones nacionales de capitalismo de bienestar, los estados miembro de la eurozona tienen estabilizadores automáticos relativamente fuertes, mucho más que en Estados Unidos. Es más, algunos países son bastante descentralizados a nivel fiscal. Esto es particularmente válido en Alemania, donde gran parte de la desinversión neta en infraestructura pública -que aparece en los presupuestos totales del sector público como ahorros o como un presupuesto equilibrado schwarze Null- es el resultado de una base de ingresos frágil y distribuida de una manera sumamente desigual dentro del tercer nivel fiscal (municipalidades). Si bien siguen "reglas de oro" económicamente sensatas al separar la cuenta corriente y la cuenta de presupuesto de capital, muchas municipalidades están cortas de flujos. Para abordar el problema del “espacio fiscal” alemán, por lo tanto, hay que perforar mucho más profundo.

Para concluir, una capacidad estabilizadora automática razonable (en términos de tamaño) es necesaria a nivel de la eurozona. Si bien el Instrumento Presupuestario de Convergencia y Competitividad de la eurozona es un comienzo, está lejos de ser suficiente. Y, por supuesto, no debería implicar un ítem de “estabilización” en la línea presupuestaria, sino una transferencia real y legitimada democráticamente de responsabilidades nacionales del sector público y soberanía.

Desafortunadamente, la política actual en los estados miembro de la eurozona, incluidas Francia y Alemania, es mucho más introspectiva. Esto dejará a la eurozona, y particularmente a sus miembros más débiles, continuamente vulnerables.

Hans-Helmut Kotz, a former member of the executive board of Deutsche Bundesbank, is Program Director of the SAFE Policy Center at Goethe University in Frankfurt and a resident fellow at the Center for European Studies at Harvard University.

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