Por Montserrat Nebrera, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Internacional de Cataluña (EL MUNDO, 27/01/06):
Nos han vendido el desencuentro hasta el final, pero nadie se dejaba llevar por la apariencia. La pantomima sólo podía convencer a los románticos, de que, si no todo, al menos la voluntad y el sentido de la negociación no se hubiesen atado ya cuando en septiembre CiU se sumó al tripartito en la defensa del nuevo Estatuto. Quedaba claro entonces que esa coalición no había abandonado una estrategia política que durante décadas le ha generado enormes réditos, como ha puesto de manifiesto ahora el juego del gran «negociador» del PSOE, quien sin moverse un ápice en los planteamientos de su propuesta inicial, ha llevado a su terreno a los convergentes y ha conseguido presentar como radicales las posiciones de PP y ERC, para luego pedirles, con la mano tendida, que se sumen al gran consenso de los dos partidos que se arrogan la centralidad política.
Los medios de comunicación, por supuesto, han hecho su trabajo, algunos con mayor tino que otros, pues no todos eran conscientes de que en ocasiones estaban jugando contra el bando que pensaban defender. Así han surgido estos días desde todas las trincheras ideológicas voces aparentemente contradictorias: para unos, se está rompiendo España; para otros, se han frustrado las legítimas aspiraciones de Cataluña de ser reconocida como nación y, por tanto, de conseguir un mayor nivel de autogobierno.
Para los demás, ahora que todo ha acabado y tras haber jugado la razonable carta del posibilismo, debe reclamarse la tranquilidad política que los ciudadanos merecen, con la perpetuación del espacio de centro que representarían en España ese PSOE de renovado aire federal, y en Cataluña esta CiU que ha desnortado a un tiempo a los líderes del PSC y ha restado el protagonismo nacionalista que ERC soñó por un momento haber alcanzado. Habrían conseguido, uno allá y la otra aquí, aparentar que todo ha cambiado para que todo continúe estando donde está, con el respiro supuesto de los que, en palabras de algunos, jamás han dejado de estar arriba. Convenía además aunar ambos discursos para convencer a un tiempo en España de la inocuidad del Estatuto, y en Cataluña, de la gran mejora del autogobierno que justificaría el dinero y tiempo empleados. De ese modo se hacía a la vez posible presentar como patéticos los gestos alarmados del PP o las salidas de tono de las instituciones (¿cómo cabe ponerse así por tanta tontería?) y relegar al histerismo de la inexperiencia la indignación de ERC por la estafa. Muy bien trabajado, hay que decirlo, tanto que resulta difícil aceptar tamaña servidumbre de la inteligencia a la voluntad de poder por encima de la consecución del buen gobierno.
La nueva legislación psicomacartista del sector audiovisual reclama objetividad y neutralidad en el tratamiento de la información, por lo que a riesgo de condena diré un par de cosas que se me antojan objetivas: que la tiniebla envuelve todavía el verdadero alcance de lo pactado entre Mas y Zapatero, con la consiguiente escenificación de un nuevo quebranto del parlamentarismo, y que la negociación que quepa entre ellos tiene unos límites de percepción distinta según el observador. El oscurantismo justificaría la reacción visceral del PP, en nombre de aquel electorado que ha recibido con desconfianza el texto que salió de Cataluña. Las posibilidades constitucionales del pacto permitirían entender que ERC no se sumase al consenso. Ambas negativas no serían pues irracionales, sino la resistencia ante los fraudes.
La deplorable técnica del aluvión jurídico que se cernió sobre un original, ya desafortunado, dio lugar a un engendro gramatical, conceptual, ideológico y jurídico, como han reconocido incluso sus defensores, pero sin duda también contribuyó al desaguisado pretender realizar una reforma estatutaria de amplio alcance sin la previa reforma de la Constitución, lo que a su vez avala la idea de que para las reformas jurídicas fundamentales no bastan los consensos sectoriales, por más heliocéntricos que pretendan ser los partidos que los hagan. Y aunque se me argüirá sin duda que no ha estado el PP por la labor, habrá que aceptar también que es responsabilidad estricta del Gobierno plantearlo, cuando todo el despropósito se ha originado en la promesa electoral de quien pensaba no tener que cumplirla. Problema añadido es que el «pacto de Estado» entre Mas y Zapatero debe de estar en algún punto entre esa propuesta y el Estatuto de 1979, lo que no es precisamente un alivio, sobre todo porque hasta la fecha nos han sido dados a conocer dos datos: habría sido expulsada del articulado la «nación» catalana, para exasperación de ERC (y de una parte indeterminada de CiU), y se habría pactado un sistema de financiación que haría llegar más dinero a Cataluña y que se afirmaría inatacable por la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas)
A los nacionalistas les diría, sin embargo, que la fórmula que relega la nación al Preámbulo es una sibilina técnica de interpretación auténtica de la Constitución que da mucho juego, pues se coloca el legislador en el papel de intérprete y asevera que cuando el Art. 2 habla de las «nacionalidades», se refiere a las naciones.Así hablando, decide que en España hay regiones y naciones, no ella sola, sino más, aunque sin especificar cuáles sean. Y aunque tal competencia interpretativa está reservada en nuestro sistema al Tribunal Constitucional (TC), en este caso se la atribuye Cataluña, lo que tal vez motive al nacionalismo más irredento a decir sí al Estatut de Mas. A lo mejor entonces cierta parte del PSOE se siente tan frappé como el PP , aunque la verdad es que hablamos sobre humo, porque los términos exactos son ignotos.
Por lo que a la financiación se refiere, unos y otros saben que el sistema estatutario no puede blindarse ante la LOFCA, porque son leyes del mismo rango jerárquico y competencialmente independientes, tal y como establece la norma situada por encima de ambas. Así, siempre nos quedará el TC, cuyas mayorías ideológicas son variables en el tiempo y que, por tanto, nos permite aventurar que de blindaje, nada. Lo sabe ya perfectamente el PSOE, cuyas comunidades serían las únicas perjudicadas por una reforma de ese tipo, y frente a las que paradójicamente se ha constituido en defensor su principal enemigo político.
Y del resto, que no es poco, nada sabemos, lo que sin duda implica que la mayor parte del ruido se ha formado sobre un gesto, que ha conseguido sin duda su objetivo, pues ha hecho aflorar las discrepancias internas del PP, y el modo en que en esa formación no se concibe lo que como normal aceptamos en el PSOE. Mientras el PP habla en Madrid del Estatuto como un fraude contra España, Piqué dice que lo conocido del pacto se acerca a la racionalidad.Y ambas cosas son ciertas, si se analizan bien en clave de los lenguajes que respectivamente venden en los territorios comanches a los que se envían. Maragall propició pedir la luna, y Zapatero le ha dicho que no de malos modos, pero nadie hace un escándalo del tema. Piqué siempre ha estado dispuesto a defender que llegase más dinero a Cataluña, pero no le hará falta su propio partido para criticar tal veleidad, se bastan los barones del PSOE.
Y queda todo lo demás, es obvio: no será tan sencillo convencer al electorado clásico de CiU de que acepte un Título de derechos y deberes más propio de Corea del Norte que de la Cataluña que quiere resurgir de sus cenizas con el dinero prometido, ni que Rubalcaba acepte una bilateralidad que luego le será exigida en sus Comunidades, y por supuesto no hay modo posible de blindar competencias o de incorporar al Estatuto las materias que por el Art. 150,2 tiene ahora «de prestado» Cataluña. Ni en lo ya anunciado ni en lo por venir, la Constitución permite mucho margen, salvo en los sentimientos, que son libres, y que entre todos han crispado hasta la náusea. Por eso y aunque todo permanezca en la apariencia, algo ha cambiado de forma irreversible. Han pasado dos años desde que empezó el bombardeo político-mediático de la población, intentando convencer al más abúlico de que este Estatuto era no sólo necesario, sino imprescindible para mejorar el autogobierno de Cataluña. Incendiados los ánimos de ese modo, lo que quedará después será infamante, es el escarnio de una clase política vendida a su soberbia, es la demostración de que debe regenerarse el ciudadano para parir el gobernante nuevo.Algo sí ha cambiado, y si no lo ha hecho, reclamo desde aquí un cambio radical de paradigma.