Algo más que educación

Por Joan J. Queralt, catedrático de Derecho Penal de la UB (EL PERIÓDICO, 19/11/06):

El fiscal jefe de Catalunya va a perseguir las agresiones contra maestros y médicos como delitos de atentado, es decir, como si de guardias o alguaciles se tratara. La Fiscalía General del Estado presta un apoyo más bien matizado a esta iniciativa. Por su parte, la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no comparte esta medida y considera que la solución está en la educación. Situados así los términos del enfoque judicial de la violencia escolar y hospitalaria no parece que se vaya a ganar mucho.
Si, a efectos penales, maestros y médicos son funcionarios y, por tanto, susceptibles de ser protegidos como los demás empleados públicos, ¿supondrá que, si un chaval se niega a hacer los deberes o un paciente a tomarse las píldoras, habrá que proceder contra ellos por desobediencia? O, ¿si se dicta mal una clase o se diagnóstica erróneamente, se procederá contra enseñante o galeno por prevaricación administrativa?
Quizá sea por estas y otras inadmisibles consecuencias que Conde-Pumpido ha suavizado la intención del fiscal Mena. Y no le falta razón. En efecto, un maestro o un médico, cuando realizan su función técnica, no pueden ser considerados funcionarios a efectos penales, pues no ejercen ni cumplen con una potestad pública. Amén de que ello solo cubriría a quienes ejercieran sus funciones en centros públicos –no concertados ni subvencionados– y su nómina la emitiera un ente plenamente público.
La propuesta del ministerio público catalán parte, con acierto, de que la respuesta legal habitual no resulta la más adecuada. En la vía disciplinaria, expulsar a un alumno un par de días, no digamos ya 15 o cambiarle de centro, es una tarea ímproba que, si culmina, tiene pocas probabilidades de no ser anulada por los tribunales. Curiosamente, la vía penal es más directa, pero no más eficaz. La protección penal de la integridad física (lesiones) y moral (amenazas, coacciones, injurias) resulta por miserable incalificable: atizarle a alguien unos puñetazos, con el resultado de media docena de puntos y una par de visitas al médico vale tanto como hurtar una camiseta de un afamado diseñador. Si, además, la infracción la comete un menor de edad penal, lo que en la escuela no será infrecuente, o no nace responsabilidad penal alguna o, si tiene más de 14 años, se dictará una medida educativa con apenas carácter sancionador. Y así ha de ser.

DESDE LUEGO, hace falta algo más que esperar a que todos alcancen una esmerada educación y aprendan a contener sus instintos. Sin embargo, ante inadecuadas previsiones legales o deficientes aplicaciones de las mismas, no cabe forzar el radio de acción de la norma; esta dilatación comporta efectos perniciosos o intentar cubrir lagunas que solo al legislador compete saciar.
En este campo acudir al juzgado solo resulta eficaz ante los ataques más graves. Quedan sin respuesta satisfactoria en esta vía la mayoría de agresiones. Siendo como son estas más frecuentes en el ámbito escolar, los instrumentos disciplinarios y participativos (profesores, alumnos y padres) son los adecuados para reprimir tales anomalías, impidiendo que se creen zonas de impunidad. Implicar a los condiscípulos del agresor es capital.
De todos modos, como siempre que se clama más dureza, aunque sea solo retóricamente, conviene saber si disponemos de arsenal punitivo suficiente. En mi opinión, sí. Sucede, lamentablemente, que ponerlo en marcha resulta farragoso. A la vista de algunos resultados puede ser hasta disfuncional y engallar aun más al matón de pasillo. Urge, pues, un cambio de procedimientos disciplinarios y de actitud en su aplicación en todas las fases.
No solo eso: ha de cambiar la mentalidad social sobre la escuela y la asistencia médica. Los facultativos no son ni brujos ni supermanes: las consultas y los hospitales no son máquinas de salud ni, menos aún, el paciente, tiene derecho al tratamiento que él entiende conveniente o necesario. Si uno no se considera bien atendido, existen cauces de reclamación, aunque no menos prolijos que los disciplinarios y trufados de corporativismo. No obstante, no cabe justificar agresión alguna.

En cuanto a la escuela, ese lugar a donde se envía a los hijos para que en no poca medida los guarden y los ocupen durante más horas de las que permitiría la más laxa regulación del trabajo de adultos, basta con haber asistido a una reunión de una AMPA para saber que no hay mejor director pedagógico que el padre o madre más culturalmente pintoresco. Por ello, una queja nada injustificada está desde hace lustros en boca de los maestros: la familia abdica de su función y entrega en pleno a sus retoños al sistema educativo.
Este peculiar modo de colectivismo escolar confunde educación y formación; esta podrá impartirse en clase, pero aquella entra por ósmosis parental y familiar. Lo que quiere decir que la mala educación entra por idéntica vía.
En fin, la escuela no puede ser muy diferente a como es el núcleo familiar de los alumnos ni el marco social general. Darles a los niños todo lo que quieren, fomentado su insaciabilidad, o creer que el médico es el ungüento curalotodo o un dispensador de rectas y otros papeluchos es la antesala de los males actuales, que ni todas las querellas del mundo van a poder cambiar.