Algo más que paciencia

Los primeros meses de 2011 vienen discurriendo por una situación económica caracterizada por una ostensible atonía, la misma con que cerró 2010. En la sociedad empieza a calar la idea, tantas veces predicada por los economistas, de que para asegurar un crecimiento futuro de calidad es indispensable y urgente acometer un conjunto de reformas estructurales que varíe algunas malformaciones de nuestro sistema económico, dé flexibilidad a las relaciones básicas y aumente la productividad, lo que repercutiría en una mejora de la competitividad de nuestra economía.

Siendo lo anterior cierto, me asalta la duda de que los ciudadanos españoles, que nunca se han distinguido por su alto nivel de comprensión de la argumentación económica, empiecen a contemplar las reformas tantas veces enunciadas o bien como el clásico expediente dilatorio de inciertos resultados o, lo que sería en mi opinión peor, como la panacea que va a solucionar en breve los problemas que acechan a nuestra complicada recuperación; como la solución inmediata de tan baja actividad y tanto paro, y desgraciadamente esto no es así. Las reformas laborales, la de las pensiones, la energética, la financiera, la impositiva, y no digamos la educativa y la tecnológica, son indispensables y resultan además urgentes precisamente porque sus efectos son a largo plazo. Pero aun en el caso de que las reformas estructurales se abordaran ya y se hicieran de forma correcta, su repercusión sobre el crecimiento del PIB a corto plazo solo se produciría en la limitada medida en que esto induzca confianza a la propia sociedad, a los inversores internacionales, y a los mercados, no por sus efectos directos y permanentes sobre las claves del crecimiento que reclaman más tiempo. El propio presidente del Gobierno marcaba no hace mucho un horizonte de cinco años para que se notara la efectividad de las reformas iniciadas.

Si a esto se suma el hecho de que algunas de las reformas, como la energética, la educativa o la tecnológica, están en ciernes; que otras, como la laboral o la de las pensiones, caminan, por presiones e incomprensiones, por senderos que no satisfacen mucho a nadie, corriendo el riesgo de cerrarse en falso, lo cual es un mal augurio para su eficacia; y que finalmente otras, como la financiera, se han metido en el difícil callejón de una reforma institucional que va a requerir importantes recursos propios adicionales en las entidades, hay que reconocer que el crecimiento y la mejora asociados a las reformas de estructura se pueden dilatar notablemente en el tiempo. Las reformas son una apuesta segura, pero con efectos diferidos. Reclaman mucha paciencia, y, como afirma la clásica sentencia, la paciencia es un árbol de raíces amargas y frutos dulces.

La pregunta que yo me formulo —y pienso que otras personas también— es si a corto plazo cabe hacer algo o solo sentarnos a esperar que el tenue dinamismo económico haga aparecer de una vez los famosos brotes verdes, que, de momento, no están, pero a los que sí se les espera desde hace ya varios meses. Seguramente, tan maliciosa pregunta no tiene respuesta fácil.

A mí me parece que a corto plazo tenemos dos fundamentales exigencias. De una parte, la necesidad de consolidar nuestro déficit público, lo que además de ser una necesidad económica tranquilizará —ya lo está haciendo— a los mercados financieros. De otra parte, está la búsqueda de actuaciones que contribuyan a acelerar el crecimiento económico.

En el primer terreno, el del déficit, hacia el que en otras muchas ocasiones me he mostrado escéptico, debo reconocer que su reducción se está haciendo al ritmo anunciado —incluso más rápidamente de lo previsto—, y por tanto aquí solo caben la perseverancia y la huida de las tentaciones de gastos y concesiones fáciles que luego resultan imposibles de financiar. En todo caso, hay que pedir al Estado que las reducciones del gasto público previstas tengan un carácter permanente o estructural en su naturaleza; lo contrario sería pan para hoy y hambre para mañana.

Respecto al segundo flanco, el de la aceleración del crecimiento, desde una perspectiva real, y dado que el factor de demanda que mejor se está comportando —afortunadamente— es la exportación tal vez, cabría desgajar de las reformas estructurales que requieren su tiempo algunas medidas puntuales que pueden tener una adopción más inmediata que redujeran costes y que al hacer nuestros productos más competitivos podrían estimular la producción y el empleo. Por ejemplo, abordar sin demora el tema de la adecuación del crecimiento salarial a los avances de la productividad, que los economistas españoles vienen solicitando mucho antes de que la señora Merkel lo haya redescubierto; desligarse de viejas posiciones ideológicas y hacer frente con objetividad al tema de la energía nuclear, que pese a los recientes y desgraciados acontecimientos de Japón no son ahora el mejor caldo de cultivo, o plantear con decisión la reforma tributaria largamente demandada que reduzca los tributos empresariales (impuesto de sociedades y contribución empresarial a la Seguridad Social).

Del lado de la demanda, caben pocas acciones. Por una parte, al sector público no se le debe desviar de su senda de consolidación; el consumo privado solo aumentará más cuando lo haga la renta disponible, muy afectada por la alta tasa de paro, sin que tenga sentido aumentarla artificialmente con reducciones impositivas que repercutirían negativamente en la corrección del déficit; la inversión privada está en la típica actitud de «wait and see», ya que, pese al buen comportamiento de los costes laborales unitarios, los empresarios están esperando a ver si se despeja el panorama y en qué queda la más que probable subida de los tipos de interés anunciada por el BCE; y en la construcción pasará todavía un largo periodo hasta que se vaya eliminando el «stock» de viviendas sin vender y la demanda de lugar a un aumento sensible de la construcción. Algo que, según fuentes de Seopan, tardará tres años más. Todo ello amenazado, una vez más, por la previsible evolución de los precios y de suministro de petróleo.

Tal vez en ese marco lo más positivo que quepa hacer sea, además de completar las reformas de fondo, lograr que aflore esa quinta parte de la economía que está sumergida, que, si por una parte nos tranquiliza algo el saber que el drama económico tiene menos fondo del que parece, por otra nos recuerda la existencia de una economía que evade impuestos y cargas sociales. Pero, sobre todo, lo más urgente es restaurar el capital social, el que promueve la confianza y la cooperación entre personas, especialmente en su dimensión pública. Un reciente trabajo de los profesores Víctor Pérez-Díaz y Juan Carlos Rodríguez destacaba que el 82,5 por ciento de los españoles piensan que en España son pocos los políticos que asumen la responsabilidad de gobernar y velar por el futuro de la nación y son capaces de persuadir al público de cuál es su mejor interés. Con semejante opinión, es fácil comprender la indiferencia con que se acogen medidas de política económica que, en otro contexto de confianza, cabría considerar incluso razonables.

Victorio Valle Sánchez, director general de la Fundación de las Cajas de Ahorros.

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