Determinarse tarde al remedio del daño, es daño sin remedio. (Francisco de Quevedo)
Muchas han sido las declaraciones de antiguos dirigentes del PSOE sobre la grave situación política provocada por el propósito de llevar a cabo una amnistía exculpatoria de todos los delitos cometidos por el separatismo. No negamos la importancia de estas declaraciones, que se unen a las de numerosos responsables públicos -profesores, periodistas, juristas, economistas, escritores y profesionales diversos...- que denuncian cada día los atropellos antidemocráticos llevados a cabo por este Gobierno y sus aliados. Hemos de proseguir en esta tarea, desterrando cualquier pensamiento de derrota o pesimismo, recuperando el valor de la verdad y el respeto a la coherencia, sin miedos y falsas lealtades al rebaño, para que nadie pueda decir que no fue advertido a tiempo.
Quien siga, dentro y fuera del PSOE, mirando para otro lado, apoyando el proyecto de demoler nuestra democracia, que no pueda refugiarse en la ignorancia y asuma su responsabilidad. Empezando por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que de forma clara se opone a la incoherencia del Gobierno con la amnistía:
«Desde el presidente del Gobierno hasta el Gobierno en pleno, todos los ministros se han hartado de decir que no cabía en la Constitución, y era la contestación que se le daba permanentemente a ERC. Por tanto, que lo que no cabía en la Constitución [hace dos meses] quepa de un día para otro, esto, de entrada, como comprenderán, es enormemente grave».
Nada hace el presidente manchego, sin embargo, para salvar su propia coherencia. Si, como ha repetido, Puigdemont «tiene el mando a distancia del país», él tiene ocho diputados en el propio hemiciclo para inutilizarlo. Por coherencia, debería hacer lo imposible para convencer a esos ocho diputados del PSOE de Castilla-La Mancha para que votaran en consecuencia. Con siete hombres justos (a él le sobra uno)podría abortar el cambalache.
Esa coherencia exigible a García-Page es también exigible a otros, como al propio Felipe González. Dice que le costó votar al PSOE el 23-J por no estar de acuerdo con la eliminación de la secesión y la rebaja de los delitos de malversación. Ha de admitir que su voto reforzó al Pedro Sánchez de los indultos, que está dispuesto ahora a legitimar el golpe institucional de 2017.
Ante tantas palabras, decimos, ha llegado el tiempo de la coherencia, la responsabilidad y la acción. En tiempos convulsos donde la falta de ejemplaridad y respeto a la ley es manifiesta, es preciso asumir la necesidad de actuar con determinación para defender la patria común, cimentada sobre el pacto de paz, olvido y perdón del 78, hoy en peligro. ¿Por qué?
Nunca después del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, el Estado social y democrático de Derecho estuvo en mayor peligro. Si el Gobierno de Pedro Sánchez impone la amnistía, se extinguirán todos los delitos de quienes llevaron a cabo el golpe de 2017 contra la democracia española y su integridad territorial. Y quedarán libres para volver a repetirlo, sin ningún impedimento legal, mientras el Estado que la concede pasa a reconocerse como opresor. El mazazo alcanzará su cuota de mayor miseria moral cuando amplíen la amnistía a los presos de ETA con y sin delitos de sangre.
Legitimados en sus fechorías, el derecho a la autodeterminación ya no encontrará ningún obstáculo constitucional. Con una consulta no vinculante, volverán a encender la mecha de la discordia en Cataluña para imponer un Estado plurinacional. Para entonces, la política habrá quedado secuestrada por las nuevas exigencias nacionalistas. Lejos de desinflamar al nacionalismo catalán, el sanchismo habrá logrado incendiar a toda España.
Habríamos de enfrentarnos entonces no al procés de Cataluña, sino al proceso antinacional impulsado por el propio Gobierno español. El primer paso simbólico ya está en marcha al convertir el Congreso en una torre de Babel. Quienes sigan creyendo en la letanía victimista de las lenguas minoritarias deberían saber que para los nacionalistas no son un instrumento de comunicación, sino de identidad. Con su utilización en el Congreso no se ganará en entendimiento; sólo servirá para marcar territorio. Reflexionen. Los mismos que han exigido esa diversidad lingüística en el Congreso prohiben en las escuelas de Cataluña estudiar en español.
Parar ese proceso de desintegración nacional sólo con palabras ya no es posible, cuando el líder que debería impedirlo está empecinado en pactar con el mismo diablo para seguir en el poder. No es ya una cuestión circunstancial: Pedro Sánchez ha asumido la doctrina de Pablo Iglesias para impedir la alternancia en el poder («La derecha no gobernará en España porque nunca sumará mayoría en el Congreso para hacerlo», dijo en 2020, aún como vicepresidente). Sánchez ha convertido al PSOE en un partido populista cuya mayoría electoral no espera alcanzar en unas elecciones, sino encamándose con el comunismo de Sumar, con el integrismo independentista de EH Bildu y con el etnicismo supremacista de la derecha más reaccionaria del nacionalismo catalán y vasco, el PNV y Junts. A cualquier precio. El PSOE de la Transición ha muerto.
Ante esta realidad, sobran las palabras y se impone la acción. ¿Cómo impedir que un líder sin escrúpulos pueda llevar a cabo su felonía? Impidiendo que pueda lograr una mayoría matemática. No queda otra. Con un 5% electoral arrancado al PSOE y a la abstención por una plataforma electoral, Sánchez no podría alcanzar esa mayoría antiespañola. Tal plataforma electoral la debería encabezar, apadrinar, impulsar o apoyar sin titubeos la plana mayor de líderes socialistas que se han opuesto públicamente a este PSOE desnaturalizado. Y sumarse a ella cuantas iniciativas tengan los mismos fines. No sólo por una cuestión moral, sino por una necesidad histórica de salvar el pacto del 78, la Constitución que lo posibilitó y la nación histórica que quieren derribar sus enemigos. Porque antes que de izquierdas o de derechas, somos ciudadanos demócratas.
Esa plataforma electoral sería puramente instrumental para forzar, entre otros fines, un pacto de Estado entre los partidos constitucionalistas por un período limitado, impedir el control del Parlamento por parte de las minorías nacionalistas y poner las bases constitucionales y electorales que aseguren la igualdad de todos los españoles.
Una reforma electoral con doble vuelta acabaría de raíz con ello. Los dos partidos mayoritarios que se enfrentasen en la segunda vuelta habrían de pactar con el resto de partidos las condiciones de sus pactos, pero serían los electores los que tendrían en su mano aprobar su conveniencia. No como ahora, cuando un partido que jamás prometió la amnistía antes o durante las elecciones sino todo lo contrario, pretende imponerla, sin temer que el electorado le pase cuentas, y presionado por partidos cuya representación electoral es nimia. El cordón umbilical que podría alumbrar tal plataforma por la dignidad y la democracia bien podría ser el Colectivo Fernando de los Ríos.
Encabezamos nuestra propuesta con una sentencia de Francisco de Quevedo: «Determinarse tarde al remedio del daño es daño sin remedio». Si el daño realmente es temible, personajes como Felipe González y Alfonso Guerra no deberían dudar en poner su capital político al servicio de una regeneración socialista secuestrada por un caudillo impostor. Dos insignes líderes del mejor PSOE de la historia, Joaquín Leguina y Nicolás Redondo, han sido eliminados como vulgares traidores, y satanizados como carcamales el resto. En el caso de Nicolás Redondo, con un agravante, no sólo por su historia familiar, sino por haber defendido con su vida en el País Vasco, por dignidad y compromiso, la democracia que nos protegía a todos. Nadie debería anteponer sus intereses particulares a su dignidad y su responsabilidad. Si realmente vamos hacia el precipicio, bien vale darlo todo antes de que sea demasiado tarde.
No proponemos otra cosa que ser coherentes y tomar en serio afirmaciones como estas:
«Hay muchos españoles que, como yo, también sienten una enorme orfandad de representación política». (Felipe González).
«Yo no me resigno, no lo voy a soportar, me rebelo» (Alfonso Guerra).
«La amnistía sería el hundimiento del sistema constitucional» (Juan José Laborda).
«Hay que ser conscientes de la tragedia y la gravedad de lo que está pasando» (Francisco Vázquez).
«Lo más grave de lo ocurrido en los últimos 40 años. Una traición al Partido Socialista, a España y a la izquierda» (Tomás Gómez).
«Hay que mantener la propia dignidad»; se va a «dinamitar el sistema del 78» (Nicolás Redondo).
Antonio Robles es profesor de Filosofía y autor de Extranjeros en su país (1992) y Santiago Trancón es profesor y autor del Manifiesto de los 2.300 (1981).