Pregúntele a un argentino quién mató al fiscal Alberto Nisman. O qué pasó con el artesano Santiago Maldonado. ¿Habrá sido suicidio o asesinato la muerte del hermano de Eva Perón? ¿Quién profanó la tumba de Juan Domingo Perón para robar sus manos? ¿Alfredo Yabrán mandó a matar al fotógrafo José Luis Cabezas y forjó su propio suicidio? ¿Y qué decir de la caída del helicóptero en que viajaba Carlos Menem Jr.? ¿Y cómo cayó de su departamento la exsecretaria del cuñado de Menem, Lourdes Di Natale?
Estos casos tienen en común que son crímenes de fondo político y ninguno ha sido aclarado satisfactoriamente por la justicia. Lo peor es que a los argentinos no parece preocuparles llegar a conocer la verdad sobre esas tragedias.
En estos crímenes políticos afloran dos características de los argentinos: a la par que desconfían de los órganos de justicia, expresan una opinión indiscutible sobre lo que ocurrió. Pero esa opinión no está, en general, fundamentada en evidencias, sino en convicciones ideológicas.
Un estudio de la consultora Management & Fit reveló que 77 por ciento de los argentinos no confían en la justicia de su país. Los datos apuntan a una fragilidad institucional que se remonta al siglo XIX, cuando intelectuales como Domingo Faustino Sarmiento escribían sobre la dificultad de llevar las instituciones republicanas, “la civilización”, a los rincones apartados del país. Esta fragilidad continuó en el siglo XX, con la secuencia de golpes de Estado, dictaduras y la expansión de la corrupción en los gobiernos democráticos.
En una sociedad mucho más apasionada por la política que, por ejemplo, Brasil, la desconfianza en la justicia generó la creencia de que no hace falta que se aclaren los hechos, porque así pueden ser usados como arma de ataque político.
En el caso del fiscal Nisman, quien apareció muerto en enero de 2015, horas antes de presentar una denuncia contra la presidenta Cristina Kirchner, la novedad es que Gendarmería acaba de concluir una nueva investigación que indica que Nisman fue asesinado por dos hombres.
El nuevo resultado abre más preguntas que respuestas. ¿Por qué se tardó tanto en llegar a esa conclusión y se mantuvo por tanto tiempo la hipótesis de un suicidio? ¿Cómo fue que los expertos llegaron a esa conclusión casi tres años después del asesinato, cuando quedó claro que la escena del crimen fue alterada? Y, además, ¿por qué la Gendarmería, cuya función primordial es cuidar las fronteras, se metió en ese caso?
Para esta última pregunta, hay una hipótesis relacionada con el momento electoral. La Gendarmería, brazo importante de las fuerzas de seguridad del Estado, se encuentra desmoralizada por no haber ofrecido una respuesta satisfactoria sobre lo ocurrido con Santiago Maldonado, el joven activista que estuvo desaparecido desde el día en que salió a apoyar una protesta de un grupo mapuche en la Patagonia y que fue reprimida por los gendarmes. La repentina solución del caso Nisman seria una manera de limpiar la imagen de Gendarmería, vinculada al poder Ejecutivo.
El misterio sobre que pasó con Maldonado gana importancia si tomamos en cuenta que Argentina está en vísperas de una elección legislativa en la que la alianza que encabeza Mauricio Macri es la favorita. Al principio de la semana, un cuerpo apareció en el río Chubut, muy cerca de donde Maldonado habría desaparecido, y en un área ya recorrida en las búsquedas. Estudios de ADN confirmaron que se trata del artesano, pero también afirman que no hubo lesiones graves y que muy probablemente Maldonado haya muerto ahogado. La família no está de acuerdo y sigue responsabilizando a la Gendarmeria.
Por su buen estado de conservación hay sospechas de que el cuerpo fue puesto ahí en las últimas horas por quienes lo tenían secuestrado. Si es así, tanto su desaparición como su aparición responden a intenciones políticas, todavía no aclaradas.
Los crímenes políticos irresolutos en Argentina son incluso cinematográficos.
Otro ejemplo es el del hermano de Evita, Juan Duarte, quien fue secretario de Perón. Poco después de la muerte de su hermana, Juancito, como era conocido, —que había sido acusado de corrupción y de ser un eslabón del gobierno con los nazis— fue encontrado muerto con un tiro en la cabeza.
Las autoridades dijeron que había sido un suicidio. La oposición rechazó esa versión. Para responder a las acusaciones de que era un asesino, Perón convocó un acto en la Plaza de Mayo. En ese evento explotó una bomba misteriosa, matando a seis personas y dispersando el acto. Pero la verdad nunca se supo.
En los años noventa, el fotógrafo José Luis Cabezas logró fotografiar al empresario Alfredo Yabrán en una playa. Acusado de corrupción durante el gobierno de Carlos Menem, Yabrán se jactaba de que nunca había sido retratado, hasta que la foto hecha por Cabezas apareció en la revista “Noticias”.
Poco después, el cuerpo del fotógrafo fue encontrado, carbonizado dentro de un automóvil. Se condenó a los sospechosos de haber sido los autores materiales del crimen pero fueron liberados bajo diversos pretextos. Yabrán empezó a ser investigado, pero se suicidó con un tiro que desfiguró su rostro. Todavía se cree que el empresario habría simulado su propia muerte para seguir con sus negocios ilícitos.
Reabierta hace poco tiempo, la causa que investiga la muerte del hijo de Carlos Menem es otra novela. El joven de 26 años falleció en un accidente de helicóptero. Su madre afirmó que había sido un atentado. Menem prefería la hipótesis de un accidente.
Ni los expertos pudieron aclarar si el helicóptero fue derribado o sufrió una falla técnica. Lo más asombroso fue que murieron más de 10 testigos relacionados con el caso. En 1998, la justicia cerró el caso argumentando que no había evidencias para sostener la tesis de un atentado.
En 2010, la causa fue reabierta y en 2014 el propio Menem pasó a decir que sí había sido un atentado por parte de Hezbollah para que dejara de investigar quién había perpetrado el atentado en la sede de la AMIA (Asociación Mutual Israelí Argentina) en 1994.
También el fiscal Nisman estaba investigando la tragedia de la AMIA, y denunció que Cristina Kirchner encubría esa investigación. No es es necesario adivinar que este caso sigue sin solución.
Volviendo a Menem Jr., finalmente en junio de este año la justicia autorizó la exhumación de sus restos para nuevas investigaciones. ¿Quién sabe si como Nisman esta vez se concluya que fue asesinado?
También este año se cumplen 30 años de la desaparición de las manos de Perón, robadas de su sepultura en el cementerio de Chacarita. Testigos clave como el vigilante del cementerio y una mujer que solía llevar flores a la tumba del general y quien relató ver “movimientos raros”, también murieron. Y el propio juez del caso murió en un accidente automovilístico en circunstancias no aclaradas. El que lo relevó cerró el caso.
Otro suicidio sospechoso fue el de Lourdes Di Natale, que había sido secretaria del cuñado de Menem. Di Natale los había denunciado a ambos por estar involucrados en el tráfico ilegal de armas a Ecuador y Croacia. La explicación oficial fue que se trató de un suicidio. Pero parecía sospechoso. Si se suicidó, ¿por qué vestía ropa interior y, a centímetros de su mano, se encontraba un cuchillo de cocina, lo que sugiere que tal vez habría sido sorprendida por su asesino? Menem fue condenado por el caso pero, si es electo senador por La Rioja, quizás no vaya a la cárcel.
Hay algo de morbo en la repetición de estos crímenes sin respuesta. Pero es negativo para una sociedad tener la sensación de que importantes delitos políticos jamás van a ser solucionados y podrían transformarse en un arma para ataques políticos.
Es lo que vemos en esta elección legislativa. Los kirchneristas aprovechan el caso de Santiago Maldonado para culpar al presidente Mauricio Macri y los partidarios del actual gobierno culpan a Cristina Kirchner de la muerte de Nisman.
En una democracia normal, ambos casos estarían circunscritos al ámbito de la justicia y esas muertes no serían fichas de juego en el tablero político.
Sylvia Colombo es corresponsal en América Latina del diario Folha de São Paulo y vive en Buenos Aires.