Desde hace unas semanas, creadores de opinión con reputación intachable, políticos respetables y otros de verbo menos controlado, defensores de los derechos humanos de impecable trayectoria y presidentes de regímenes con democracia muy discutible, todos se han revuelto con pasión descontrolada para descargar su ira y su conciencia contra la llamada Directiva de Retorno. Este fenómeno ha sido particularmente intenso en España.
Sin duda, todos han hablado y escrito tras leer detalladamente el texto que hemos votado una amplia mayoría en el Parlamento Europeo, y conociendo cómo se ha forjado una norma que refleja en cada párrafo, en cada coma, tres años de negociaciones entre los Gobiernos democráticos que representan a 500 millones de ciudadanos y los representantes del Parlamento Europeo.
Y, a juzgar por cuanto se ha dicho y escrito, un grupo de intelectuales se conserva hoy, al estilo del pueblo de Astérix, como el último reducto de democracia en Europa, mientras los demás -incluso con el apoyo de los ahora degenerados socialistas españoles-, hartos ya de lo que hemos creído y defendido durante años, aplastamos al emigrante ilegal y lo reducimos a su más ínfima condición.
O a lo mejor no es así. A lo mejor se pueden recolocar las cosas en su justa y razonable medida con unas breves reflexiones de quienes no sentimos vergüenza alguna por haber dado un paso adelante en la protección de los derechos de miles de inmigrantes en situación irregular.
Ante todo, algunas premisas. Se supone que la mayoría aceptamos que deben existir unas reglas (las que sean: ése no es ahora el debate) para determinar quiénes y en qué condiciones pueden residir legalmente en nuestro país. Y aceptaremos entonces que habrá que prever cómo reacciona el Estado frente a quienes las incumplan. Y hay que suponer que aceptamos que eso puede incluir el retorno forzoso a su país de origen.
Aceptadas esas premisas sencillas, se trata de fijar para el caso de detención y retorno forzoso (que España aplica hace ya largos años, aunque algunos parezcan descubrirlo ahora) unas reglas de mínimos que garanticen en toda Europa algunos derechos básicos a quien no los tenía, sin impedir en ningún caso que Parlamentos y Gobiernos establezcan en cada Estado garantías y derechos superiores.
Y en este tira y afloja negociador para fijar esa base mínima, el Parlamento ha arrancado de muchos de esos Gobiernos democráticos una protección de la que "sus" ilegales carecían, y ahora tendrán: excluir del retorno forzoso al solicitante de refugio o asilo; precisar por ley en qué casos concretos es posible restringir la libertad de quienes están pendientes de ese retorno forzoso; fijar garantías para el retorno de menores no acompañados y garantizar sus condiciones de internamiento separado de los demás (con educación incluida); forzar un procedimiento escrito y reglado lejos de toda arbitrariedad; garantizar derechos procesales básicos (como la lengua, o la asistencia jurídica gratuita); definir las obligaciones de atención sanitaria, o velar por la revisión judicial de todas esas decisiones.
Y, cuando en muchos países no hay límite alguno, fijar un máximo de seis meses de detención en casos concretos, prorrogable por 12 más en condiciones muy determinadas (algo muy lejos de esos supuestos 18 meses de retención que tantos dan por asumido).
Nada de todo ello es "un paso atrás" para ni un solo inmigrante irregular en toda Europa. Al revés: hoy es la ley europea, también el Tribunal de Justicia, quien les dará la protección que en muchos Estados no tenían. Es esa ley europea el límite que esos Estados no podrán ya franquear. Mientras en otros, como el nuestro, y porque así lo quiere nuestro Parlamento, esos inmigrantes podrán tener algunos derechos más.
Claro que a algunos nos gustaría que en este tema hubiera en los Parlamentos nacionales de toda Europa, y en las sociedades que los eligen, una sensibilidad política como la que aquí es mayoría. Pero no es así. Y por eso Europa legisla con directivas de mínimos, sin impedir a cada Estado ir más allá si así lo desea.
Debatir cómo se cambian mayorías en Europa es una cosa. Plantear una especie de rabia colectiva porque otros no reconocen aún lo que aquí tenemos y pretender bloquear toda votación en Europa mientras no hagan lo que hemos hecho aquí es simplemente irresponsable.
Porque la realidad política, democrática y jurídica es que la alternativa a este texto no era en ningún caso un texto mejor. Era simplemente bloquear la aprobación de esta norma durante años y dejarla en el limbo frente a 27 sistemas de retorno distintos. Y así quizá algunos nos habríamos ahorrado críticas e insultos en España. Pero sin haber mejorado la protección de ni un solo inmigrante ilegal en toda Europa.
Ignasi Guardans, diputado de CiU en el Parlamento Europeo, y Carles Campuzano, diputado de CiU en el Congreso de los Diputados y portavoz de Inmigración.