Alierta y la neutralidad de Internet

Lo que nos temíamos con la neutralidad de la Red, puede estar incubándose tras las declaraciones del señor Alierta, presidente de Telefónica: “Es evidente que los buscadores de Internet utilizan nuestras redes sin pagarnos nada, lo cual es una suerte para ellos y una desgracia para nosotros. Pero eso no puede seguir, las redes las ponemos nosotros (…), lo hacemos todo. Eso va a cambiar, estoy convencido”, apostilló en una charla en Bilbao.

De nuevo nos encontramos con el debate que, alrededor de la neutralidad de la Red, sucedió en la campaña electoral norteamericana, donde John McCain, candidato republicano, consideraba a Internet como un producto, más que como un servicio o infraestructura, que puede ser proporcionado por el sector privado con una mínima intervención pública. En su experiencia como senador se ha posicionado ya entre los que no apoyan la neutralidad. La posición de Barack Obama fue diametralmente opuesta.

Para Obama, el carácter abierto de Internet es esencial para entender su impacto e interés económico. Por ello, su estrategia política se basará en la protección de este diseño abierto, apostando por la neutralidad de la Red, de modo que todo tipo de contenidos y sitios reciban el mismo tratamiento.

Tim Wu, resumió la confrontación entre ambos candidatos mediante una metáfora: para el candidato demócrata la Red es una carretera (a la que todo el mundo tiene acceso), mientras que para el republicano sería un automóvil (del que sólo disfrutamos si podemos permitírnoslo).

Hasta la fecha, el modo mayoritario de funcionamiento de los proveedores de telecomunicaciones ha sido el transporte común, según el cual se puede acceder a cualquier aplicación o contenido legal, y el proveedor de banda ancha no puede actuar de filtro, lo que puede considerarse como un enfoque neutral respecto de la Red. Pero se plantean otros enfoques, donde el proveedor decide cómo y a quién garantiza el acceso. El ejemplo de China es el más paradigmático de todos: un Estado decide qué puede y qué no puede circular por la Red. En el fondo, se trata de un debate sobre la libertad en Internet. La cuestión principal es qué libertad debe prevalecer, si la de los usuarios al acceso libre a los contenidos o la de los proveedores, sean éstos públicos o privados, a imponer sus restricciones de acceso a los mismos.

El modelo de Internet como espacio infinito de mercados, contactos, acceso a información, etcétera, podría tocar a su fin si todos los Estados actuaran como el chino o si todos los proveedores reflexionaran como lo ha hecho el señor Alierta.

Y ya sabemos quién se quedaría fuera. Tal y como escribí en estas mismas páginas hace dos años, el papel de las administraciones, tanto nacionales como internacionales, es nuevamente fundamental para garantizar que las prestaciones y condiciones de los servicios de acceso deben ser prestadas por las empresas bajo las condiciones de neutralidad más estrictas posibles.

Debe igualmente resolverse el tema de la armonización de la propiedad de la infraestructura privada (redes físicas), con el estatus de Internet como bien público global. En este sentido, los gobiernos tienen la posibilidad de establecer los marcos normativos del establecimiento y explotación en cada territorio, y en sus relaciones internacionales, de las citadas infraestructuras privadas. En cualquier escenario donde se produzcan estos déficits, y a falta de regulación global, y de iniciativas del sector privado, no debiéramos olvidar que las administraciones tienen la posibilidad de establecer y construir redes y servicios que se desarrollen en paralelo con las infraestructuras privadas, en aquellos escenarios que consideren estratégicos para el bienestar y desarrollo de sus ciudadanos. Por lo tanto, parece lógica una profunda reflexión sobre la creación de redes públicas, soporte y garantía de continuidad de las funciones propias de la Administración y, sobre ellas, articular otros proyectos que garanticen a sus ciudadanos el derecho de acceso a las redes. Las redes que el señor Alierta dice que son de su compañía podrían no haberlo sido si, en el proceso de privatización de la Compañía Telefónica Nacional de España, el Estado se hubiera quedado con la titularidad de las infraestructuras que, dicho sea de paso, fueron pagadas por todos los españoles cuando la citada compañía perteneció al Estado. Es deseable que nuestro Gobierno y las fuerzas políticas abran, definitivamente, este crucial debate para saber qué entiende cada cual cuando se habla de neutralidad de la Red.

Las grandes empresas de telefonía y cable, entre ellas Telefónica, son actores interesados en este debate, dado que su modelo de negocio se vería muy reforzado si pudiesen ser ellos, directamente, los que controlasen el acceso a la infraestructura y a los canales de comunicación digital. En resumen, si la Red no fuese neutral. Esto puede llevar a algunos a proponer alternativas a la neutralidad, que es lo que ha hecho el señor Alierta en su intervención en Bilbao. Pero aunque su posición se base sólo en una estrategia de rentabilidad empresarial, las consecuencias podrían ser dramáticas, dado que dejaríamos en manos de muy pocos decisiones esenciales para garantizar la libertad e igualdad en el acceso a la información y en la generación de información y conocimiento.

Realmente, éste ha sido el paradigma de los últimos siglos. Pensemos en los oligopolios que han controlado, por siglos, el acceso a los medios de producción de conocimiento y comunicación (desde la imprenta a la radio o la televisión). Pero algo ha cambiado en las últimas tres décadas. Gracias precisamente a Internet, en estos momentos disfrutamos de un nuevo paradigma de acceso universal. La neutralidad de la Red es el elemento que sostiene este nuevo modelo. ¿Qué diferencia existe entre quienes quieren controlar el acceso a la Red por razones políticas o ideológicas y quienes quieren hacerlo por razones económicas? Unos y otros sólo piensan en sus intereses y en sus vulnerabilidades. Si China estuviera regida por un sistema democrático, los ciudadanos chinos tendrían un acceso a la información equiparable al que tienen los países que se rigen por ese modelo democrático. Si España no hubiera privatizado su compañía telefónica o si se hubiera reservado la propiedad de la Red, ningún presidente podría amenazar con censurar el acceso a Internet como ha hecho el de Telefónica. Entiendo que las compañías telefónicas muestren preocupación por la calidad de sus redes ahora que la imagen, además de la voz y los datos, comienzan a circular como no imaginábamos siquiera hace una década. Eso es una parte del problema que necesitará tecnología y dinero, pero que, en mi opinión, no deberá dar lugar a que se limite lo que circule, al socaire de que todos quieren ganar en este negocio.

Si por una autopista circulan más vehículos de los que estaban previstos cuando se construyó, la solución no pasa por limitar el paso de vehículos en función de su color o cilindrada. El progreso no se debe limitar por esas razones. Cualquiera sabe que la solución pasaría por ampliar el número de carriles. Y, por otra parte, no se entendería que si alguien, dadas las ventajas de las autopistas para el transporte, creara una compañía de camiones para servicios de paquetería y, enterados los propietarios de la autovía de pago quisieran, además del peaje, cobrar una parte de los beneficios de la empresa de transportes. De este debate no puede salir ni limitaciones a los contenidos que circulan por la Red, ni una mayor tarifa para el usuario de la misma que, por primera vez en la historia, facilita el acceso a la cultura de todos los ciudadanos.

Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ex presidente de la Junta de Extremadura.