Alivio, sí; enhorabuena, no

Los españoles hemos respirado con alivio al conocer la ansiada noticia de que el 'Alakrana' «navega libre hacia aguas seguras», sin los piratas que los han retenido durante 47 días, tras abonar -al menos- un millonario rescate. Pero el alivio es el único sentimiento positivo que, a poco que nos paremos a pensar, puede dejarnos esta historia. La insólita aparición de Zapatero poniéndose la medalla de oro y repartiendo preseas de plata a De la Vega, Moratinos, Chacón y a la ministra «de Medios, que lleva lo de la pesca» (sic) roza (por la parte de dentro) el esperpento.

Por lo que se sabe, que es poco, puede que el rescate sea el mayor hasta ahora pagado a los piratas somalíes. Repartir parabienes tras haber cedido más que nadie hasta ahora al chantaje de estos delincuentes resulta cuando menos paradójico. Pero la paradoja adquiriría caracteres de delirio si, además del dinero, como desgraciadamente parece, ha habido otros compromisos con los secuestradores acerca del horizonte penal de los dos piratas apresados por la fragata 'Canarias'.

La situación del 'Alakrana' deriva de un cúmulo de errores gravísimo, del que apenas escapa casi nadie que ha tenido algo que ver con el caso. El primero, ahora ya puede decirse, el del armador, aventurando el barco lejos del perímetro de seguridad trazado por la 'operación Atalanta'. En este sentido, nada puede reprocharse a nuestra Marina en el plano preventivo: el armador debía haber sido consciente de los riesgos y no tomar más de aquéllos que pudiera razonablemente controlar. Poca crítica cabe, también, al comportamiento de nuestras fuerzas navales en los acontecimientos siguientes: la captura del esquife con dos piratas a bordo fue consultada con quienes debían autorizarla tanto en la cadena de mando nacional, como en la coordinación con el mando de Atalanta.
Pero de ahí en adelante, todo ha sido una cadena de dislates. Como puso de manifiesto pocos días atrás el reputado especialista en Derecho del Mar J. M. Ruiz Soroa, nuestros barcos no están en las 'aguas sin ley' del Índico para salvaguardar en abstracto el Estado de Derecho, sino para defender, con sus instrumentos propios, los de la fuerza, intereses concretos y tangibles de nuestros nacionales. Nada nos obligaba a actuar con escrúpulos jurídicos frente a la antijuridicidad total de los captores, sino a hacer lo que fuera menester para liberar a nuestros pescadores. Sobre todo, obrar con escrúpulos jurídicos que más tarde habrían de ceder ante la incapacidad de casarlos con la relación de fuerza respecto a los captores.

Esto es lo peor. Dar un paso sin haber calculado el siguiente ha significado que, sobre la humillación que se deriva de ceder ante la fuerza, se ha montado la de hacer copartícipe al Derecho de esa cesión. Con mayor o menor gravedad, eso está por ver. Pero en todo caso, con escarnio ya evidente de principios jurídicos, entre los que alguno lastima el sentido común, cual es el de ignorar en el escrito acusatorio de la Fiscalía el delito de asociación ilícita, que es como suponer que los tripulantes del esquife se habían encontrado casualmente con los captores y que éstos, para celebrar el encuentro, les habían regalado una navaja de Albacete, seis móviles y 2.500 dólares.

El Gobierno decidió desde el primer momento renunciar a la fuerza. No tengo elementos para juzgar, desde un punto de vista prudencial, si esa decisión era o no acertada. Doy por bueno que lo era: supongo que tanto el CNI como la Marina disponían de los elementos de juicio precisos para valorarlo, y que entendieron que el riesgo para nuestros pescadores era demasiado alto. Pero renunciar a la fuerza para la liberación no quiere decir renunciar a 'cualquier fuerza' para propiciar el desenlace buscado. En su lugar, se ha optado por la careta del Derecho. Y tanto la fuerza como el Derecho han quedado desairados. Entre otras cosas, porque el Gobierno, que en un momento determinado se volvió indignado contra los medios de comunicación y el público en general por debatir la cuestión, fue el primero en dar más publicidad de la precisa a los errores que estaba cometiendo.

Ahora se trata tanto de ajustar las cuentas cuanto de prevenir la repetición. Lo primero exige que, en lugar de repartir felicitaciones a los ministros, se elucide por qué cada uno ha hecho la guerra por su lado. Pero lo segundo depende sobremanera de que la 'solución jurídica' para los dos piratas que aguardan su enjuiciamiento por la vía más expeditiva jamás vista por estos pagos sea compatible con el mínimo decoro. Por los antecedentes que obran en el caso, no parece fácil.

Y es que, poniéndonos en lo peor, no quiero imaginarme cuál sería la conclusión a la que puede llegar la industria de la piratería si, además del rescate, dentro de dos meses pueden recibir como héroes en Somalia a los tristemente famosos Abdu Willy y Raageggesey. El capitán pirata, cantando alegre en la popa, ya sabría qué bandera (la rojigualda o, en su defecto, la bicrucífera) ondea en los 'barcos chollo' para su lucrativa industria.

José Ignacio Wert, sociólogo y presidente de Inspire Consultores.